En este ensayo de varios capítulos intentaré demostrar objetivamente la ineficacia del Estado para sostener gastos que no le competen. Por eso, este será un ensayo en defensa del Liberalismo Clásico, aceptando la existencia del Estado de forma limitada. Es decir, este ensayo está escrito en defensa del Gobierno Limitado, donde el papel del Estado, además de observador, es el de asegurar los servicios básicos: justicia, seguridad e infraestructuras.

Pensiones.

El primer punto, de una increíble importancia, radica en la distribución de las riquezas de los individuos. Un gobierno socialdemócrata partiría del supuesto económico de que, para satisfacer algunos servicios, es necesaria la participación estatal. Esta participación consistiría en llevar a cabo una recaudación fiscal obligatoria que, en suma, pagaría las prestaciones que requieren los individuos beneficiarios.

Es decir, en la socialdemocracia es obligatorio transferir dinero de un grupo de personas (contribuyentes) a otro grupo (beneficiarios), incluso cuando no es necesaria dicha transferencia, ya que este segundo grupo posee capacidad de capitalizarse sin que el Estado intervenga, y lo demostraré a continuación. Pero para ello partiré de una idea más básica.

El mayor enemigo que posee el sistema de transferencia estatal es la evolución de las pirámides de población. Es decir, el aumento de la longevidad, así como la disminución de la natalidad, han creado cambios en las pirámides poblacionales. Estos cambios son conocidos como transiciones demográficas y poseen una total correlación con el desarrollo económico y político de la región.

El gasto público en el Estado de Bienestar se basa en la dependencia y en la transferencia. Por eso se acude al traspaso de capital del sector que produce, esto es, individuos dentro del mundo laboral, al sector que depende, los llamados beneficiarios, que en una pirámide poblacional, en Seguridad Social, engloban a los mayores de 65 años.

En términos económicos, la socialdemocracia parte de la idea de que la recaudación fiscal dentro del sector activo es suficiente para mantener a los beneficiarios.

Actualmente el principal problema radica en que la elevada política fiscal dificulta la capacidad de ahorro de los individuos, y con ello se obstaculiza el desarrollo económico. Pero las consecuencias a medio y largo plazo van más allá del ahorro.

Hoy en día, el número de personas en edad laboral dentro de España, por ejemplo, es del 68,6% de la población total, incluyendo a los desempleados. Mientras que el número de jubilados alcanza 16,9%.

Esto es, 7 de cada 10 personas mantienen, al pagar sus impuestos, a las tres personas restantes, en concepto de pensión, escolaridad, desempleo y un largísimo etcétera.

La transición demográfica obligará por naturaleza a que en el año 2025, en ese mismo país, sean 6,5 de cada 10 las que realicen esta función. Y que en el año 2050 sea el 52% de la población la que sostenga al 48% restante.

En el año 2050, de cada 10 personas que trabajen o estén en edad de trabajar, habrá otras 9 personas que dependerán de las primeras 10. Esto significa que el número de jubilados rondará el 35,6%, y será completamente insostenible mantenerles a través de una política económica socialdemócrata, en la que el Estado administra las pensiones.

Traduciéndolo al mundo real, hoy siete personas que ganan alrededor de 2.000 euros mensuales, entrega cada una aproximadamente el 25% de su sueldo cada mes en Impuestos, unos 500 euros mensuales. Esto es, 6.000 euros anuales cada una. O bien, 42.000 euros anuales entre las siete, -sin tomar en cuenta que entre esas siete puede haber desempleados.-

Pero serían 42.000 euros logrados del esfuerzo de haber realizado un trabajo, aunque destinados a sostener las pensiones y la escolaridad, entre otras muchas cosas, de las tres personas restantes.

En el 2025 serán poco más de seis personas las que tendrán que mantener a las restantes cuatro, y por tanto, habrá un aumento de los impuestos para hacer la situación sostenible. Se perderá un contribuyente y se ganará un beneficiario.

En el 2050, para mantener a los beneficiarios, los contribuyentes tendrán que entregar en impuestos la casi totalidad de su sueldo, para así poder sostener, bajo las arcas estatales, al sector parasitario de la economía, es decir, al 48% de la población total del país.

Esto es, si usted gana 2.000 euros mensuales, entregará, en el mejor de los casos, cerca de 1.800 euros en impuestos y sólo le quedarán unos 200 euros mensuales para consumo propio. La renta per capita descendería a unos 3.000 euros anuales, frente a los 20.700 euros anuales de hoy. España tendría la RPC que actualmente tiene Cuba. Y con este irónico evento, quedaría perfectamente explicado cuál es el futuro del Estado de Bienestar, si se le quiere seguir llamando así.

La socialdemocracia y un Sistema Público de Pensiones serán simplemente inaplicables en los próximos años, y por eso deben llevarse a cabo una revisión y una reconsideración del Gasto Público y así mantener en el futuro un equilibrio presupuestario.

Obviamente, este terrible hundimiento económico no va a ocurrir y, en el punto anteriormente descrito, ya nos encontraríamos en la cumbre de este desastre. En los próximos diez años las consecuencias económicas de las transiciones demográficas van a comenzar a dar sus primeros signos de alta visibilidad y se deberá empezar a actuar desde ahora.

Solución.

La cuestión no es si la socialdemocracia, en estos parámetros, va a sufrir un gran cambio, sino cuando debemos empezar dicha modificación.
La solución a este problema es acudir a la liberalización de los sectores de la economía que se ven implicados, es decir, acudir en primer plano, a la privatización del sistema de pensiones. Y para ello, si deseamos obtener los resultados en el futuro, debemos aplicar una nueva política económica en la actualidad. La privatización de las pensiones no es algo nuevo, y en algunos países, como por ejemplo Chile, se está llevando a cabo desde hace varias décadas.
En el caso de Chile se mantienen algunos imperfectos que deben ser todavía trabajados, como por ejemplo la obligatoriedad de participar en este sistema y la lenta erradicación del modelo anterior.

Un sistema privado de pensiones consiste en que las personas que quieren tener su futuro asegurado, pueden participar, si así lo desean, en un Plan de Pensiones Privado. La persona en edad laboral entregaría una pequeña porción de su sueldo mensualmente ahorrada al no pagarla en impuestos. Este porcentaje, sin la intervención estatal, como demostraré, serviría para asegurar una vejez cómoda, para aumentar notablemente nuestra capacidad de ahorro y mejorar nuestro nivel de vida.

Por ejemplo, sin la devaluación de hoy, un trabajador que gana en Venezuela dos millones de bolívares mensuales, podría entregar cada mes a su Plan de Pensiones cien mil bolívares que se ahorraría en Impuestos. Tan sólo un 5% del sueldo, que en 42 años de vida laboral sumarían más de 50 millones de bolívares que desembocarían en una pensión mensual, durante 10 años, de 420.000 bolívares. Mucho más de lo que cualquier gobierno venezolano ha dado en pensión nunca. Casi el triple de lo que da en la actualidad el gobierno de Hugo Chávez.

Este ejemplo es bajo el caso de que el trabajador sólo decida invertir un 5% de su sueldo en su futuro, y no un 10% o un 12%, en cuyo caso se podría cobrar una pensión, durante diez años, de más de un millón de bolívares mensuales. Aquí nos estamos basando, de igual modo, en la idea de que el trabajador mantenga ese hipotético sueldo de dos millones de bolívares durante toda su vida, algo también improbable.
Este trabajador tendría una capacidad de ahorro mucho mayor que la del trabajador que, ganando ese mismo sueldo, tiene que invertir obligatoriamente una cuarta parte de sus ganancias en Impuestos.

La capacidad de ahorro potenciaría el consumo y aumentaría nuestra calidad de vida. Por tanto, también podríamos recibir mejores bienes y servicios que los que nos promete el Estado, y si no los deseamos o no los necesitamos, podríamos utilizar ese dinero ahorrado para, por ejemplo, comprar otra casa cerca de la costa, o un Cessna, o simplemente para que nuestros hijos puedan estudiar la carrera que deseen en la Universidad de Berkley.

Soluciones socialdemócratas.

En la socialdemocracia barajan también algunas soluciones que no son factibles. Una de ellas sería la disminución de las pensiones y, a su vez, un aumento de impuestos. Entendemos con esto que le daríamos más dinero al Estado pero recibiríamos menos prestaciones sociales. La gente preferiría entonces no recibir dichas prestaciones y ahorrar su dinero para poder invertirlo en algo útil.

Una segunda opción consistiría en potenciar positivamente la inmigración en los países con tendencia a un crecimiento negativo en las pirámides de población, para que pudiese haber un mayor número de empleados que pagasen impuestos. Los problemas de este planteamiento vienen de que, para empezar, se potenciarían sectores de la economía que en un país occidental son innecesarios. A pesar de lo positivo que implica ser la inmigración para una región, al haber una abundante mano de obra y un número limitado de puestos de trabajo, aumentaría el desempleo. Y finalmente, para que aumentara la oferta de trabajo en la región, tendría que disminuir el precio de la mano de obra y la situación laboral sería, indistintivamente, precaria.

Conclusión.

Por eso mismo la solución más lógica es privatizar las pensiones. En muy sencillo: dentro de un contexto de igualdad de oportunidades, e incluso fuera de ese contexto, el individuo está en capacidad de administrar su futuro ya que éste no pertenece al Estado. Las consecuencias de la privatización de las pensiones en los países que se ha aplicado han sido tremendamente positivas. Del mismo modo que se le entrega una considerable porción del sueldo al Estado obligatoriamente para que éste lo administre, el individuo puede, en cambio, ahorrar ese capital y administrarlo de la forma que desee. No se debe estar atado a ninguna obligación y mucho menos si ésta es innecesaria.

Oliver Laufer es miembro de la ODLV