Roberto Centeno tiene un largo artículo detallando todas las horribles catástrofes que esperan a España, dentro del género de economía-ficción apocalíptica que tanto parece gustar a la blogosfera española. No me meteré a discutir las horrendas, desastrosas predicciones lanzadas, en parte porque me creo las cifras que da Eurostat y la OCDE, en parte porque creo que ahora mismo el estado debe gastar dinero.

La parte que me tiene más confundido, sin embargo, son las reformas estructurales que Centeno considera imprescindibles para salir de la crisis. Empecemos por el mercado energético. Sí, es un cambio necesario; como tantas cosas en la economía española, tenemos un mercado regulado de tal manera que la legislación no hace más que proteger los beneficios de las empresas. Estoy totalmente de acuerdo que es casi imprescindible liberalizar.  La energía, sin embargo, tiene que ser cara - el cambio climático no es una broma. Y si para ello tenemos que clavar aranceles a las importaciones de países que contaminan, no creo que sea mala idea - de hecho, la OMC básicamente lo ha dado como bueno, y será necesario hacerlo.

El mercado financiero necesita ciertas reformas, pero en general la regulación ha funcionado bien. Algunos bancos y cajas secundarias se han metido en problemas, pero ninguna institución realmente importante (de las que si se hunden se llevan por delante el sistema) ha tenido problemas realmente serios. Hacen falta cambios (las cajas estaban reguladas de forma chapucera en algunos sitios), pero no son cosas apocalípticas. Si el BBVA, La Caixa o el Santander estuvieran como UBS, Citi o Bank of America hablaríamos, pero no es algo horriblemente peligroso o que limite el crecimiento a medio plazo.

Lo que no tiene demasiado sentido es una diatriba alocada contra el estado de las autonomías. Soy el primero en reconocer que el sistema actual necesita algunas reformas, pero no creo que se le pueda acusar de ser causa de la crisis o un obstáculo substancial al crecimiento económico.

El sistema autonómico es básicamente un sistema federal en todo menos el nombre. Autonomías y municipios básicamente controlan la mitad del gasto público; el gobierno central controla el resto. En contra de lo que comenta Centeno, es un porcentaje perfectamente normal en sistemas federales. En Canadá, la mayoría de provincias se mueven en esas cifras; en Alemania, el gobierno central de hecho controla menos del 40% del gasto; el porcentaje es parecido en Estados Unidos. España no es, en ningún caso, un país extraño en este aspecto; de hecho, está dentro de la media, y actua como tal.

La descentralización del gasto no reduce demasiado la capacidad del estado para actuar. Para empezar, las autonomías tienen capacidad para endeudarse (algo que los estados americanos no pueden hacer, con consecuencias potencialmente desastrosas); si toca darle a la palanca del gasto, pueden hacerlo. El estado puede (y lo está haciendo) dar recursos adicionales a las comunidades y municipios (algo que está haciendo Obama en EUA) si quiere invertir. Por añadido, gran parte de los estabilizadores automáticos del estado del bienestar son competencia autonómica, así que es natural que parte del estímulo fiscal salga de ellas.

La descentralización en cosas como el sistema educativo es un problema ficticio. Las autonomías toman las decisiones que quieren, y pueden acertar o no. Un hipotético ministro de educación plenipotenciario desde Madrid no sería necesariamente un genio infalible - puede pifiar sus decisiones con igual probabilidad, y su error haría que todo el país tuviera un sistema horrible, en vez de ver algunas comunidades funcionando bien y otras no. La educación en España no es uniformemente desastrosa; los resultados en el informe PISA dan algunas comunidades haciendo un buen trabajo y otras pifiando espantosamente. Dejemos que los votantes decidan en paz, y no pongamos todos los huevos en un mismo cesto.

La división de mercado si que es algo que me parece ficticio. Vivo en Estados Unidos, un país que -creo- es bastante próspero y rico, y no vamos a encontrar demasiados sitios con leyes más absurdamente dispares. Estamos hablando de un sitio donde las ciudades pueden en algunos estados añadir un tramo local al impuesto sobre la renta (Nueva York lo tiene) o el impuesto de venta al por menor, donde ciudades vecinas pueden tener impuestos de propiedad cuatro veces más altos, estados con impuestos de la renta, estados sin ello, estados con impuestos progresivos, estados sin impuestos sobre gasolina, con regulaciones comerciales, sin ellas, y así hasta el infinito. Hay pueblos en los que no puedes comprar parcelas más pequeñas que un acre, hay pueblos con ley seca, hay pueblos en que puedes llevar pistolas. Ciudades como San Francisco (muy prósperas) piden declaraciones de impacto ambiental separadas. En Nueva York, los restaurantes de comida rápida no pueden usar según que ingredientes y tienen que poner las calorías de cada comida en los menús. Y por cierto, no tienen ni idioma oficial.

¿Etiquetitas en varios idiomas? Por favor. A efectos de crecimiento económico, la presunta variedad de ordenamientos jurídicos en España es una broma. El sistema jurídico español quizás no sea demasiado parsimonioso, pero es relativamente racional; las leyes de bases, leyes de harmonización y coordinación relativamente decente entre comunidades lo hacen relativamente fácil de seguir. Me encantaría saber de dónde saca el presunto ahorro de 50.000 millones al año, pero no parece tener demasiado sentido.

¿Hacen falta cambios? Por descontado. Sí, hay demasiados municipios; buena suerte convenciéndoles que se unan. La administración tiene que ser mucho más profesional, y sobran cargos políticos por todos sitios, auque son un gasto relativamente pequeño. No hay sistema perfecto, pero los problemas del sector público en España cubren tanto el estado central como la mayoría de autonomías - y recordad, algunas comunidades han hecho un trabajo decente gobernándose ellas solitas.

España necesita cambios, pero no estaría mal mirar con un poco de detalle lo que realmente está roto.