Hace tres días, me dáis el artículo de José Rodríguez sobre el endurecimiento de las condiciones para recibir el subsidio de desempleo y probablemente le hubiera dado la razón. Uno no está parado porque quiere, al fin y al cabo; castigar a los más desfavorecidos no suena como una buena idea.

Hablando de políticas públicas, sin embargo, lo que suena bien no necesariamente es lo que funciona; hace falta mirar los datos. Este breve artículo de Bas van der Klaauw y Jan van Ours en Vox Publica analiza este aspecto de las prestaciones de desempleo, preguntándose si la amenaza de sufrir una penalización aumenta o disminuye el plazo de búsqueda de trabajo. Los autores también miran el lado contrario de esta ecuación, estudiando si dar incentivos positivos (mantener parte del subsidio de desempleo al empezar a trabajar) es efectivo o no.

El estudio, realizado en ese infierno del neoliberalismo y opresión del proletariado que es Holanda, da unos resultados bastante sorprendentes:

Table 1. Model simulation for the job-finding rate within two years after entering welfare (percentages)

Traducido a lenguaje pedestre: la diferencia entre dar bonificaciones y no darlas es básicamente nula (contradiciendo parcialmente, por cierto, el estudio sobre Suecia que enlazaba por aquí), mientras que la amenaza de sanciones parece acelerar el retorno al mercado laboral de forma significativa. El palo parece funcionar mejor que la zanahoria, básicamente.

Por descontado, el mercado laboral holandés es bastante más eficiente que el español (los costes de despido no están regulados, por ejemplo), creando un horror capitalista donde los proletarios se enfrentan a un devastador 5% de desempleo. Las instituciones del mercado laboral, estoy seguro, no tienen absolutamente nada que ver. Pero es un estudio curioso, que da que pensar - y aunque las sanciones en la nueva ley sigan siendo bastante estúpidas.

De todos modos es un estudio, no una certeza absoluta - hace falta repasar otros casos, y mirar si este fenómeno se repite en otros casos. El diseño de las sanciones y bonificaciones probablemente afecta a su efectividad, sin ir más lejos. Aún así, me parece que antes de decir que el subsidio de paro no crea incentivos extraños tenemos que mirar los datos con calma, y si vemos que sucede, asegurar que diseñamos medidas para minimizarlos.

El PSOE quiere sancionar a los desempleados que no acudan a cursillos de formación. Suena muy inocente y razonable (¡si no quieres reciclarte, nada de prestación de paro!) pero hay un pequeño problema: los cursillos de formación no es que sean inútiles, es que son contraproducentes.

Es algo que explicaba el otro día - un parado que ha hecho una de estas dichosas clases tiene menos probabilidades de entcontrar trabajo. No es cosa de que nuestros cursillos sean malos; todos los estudios indican que no funcionan en ninguna parte, ni siquiera en la tierra de la administración pública infalible que es Suecia.

En fin, espero que alguien entre en razón y elimine esta reforma totalmente idiota - y en serio, no es tan complicado leer un par de libritos antes de decidir cómo narices uno organiza las políticas de desempleo. Recordad, es mejor dar dinero al empresario para que alguien trabaje (y reformar el mercado laboral, de paso) que estas tonterías de formación que no aportan nada.

Perder un trabajo es una experiencia dura, pero no es realmente algo demasiado malo a corto plazo. Un empleado que vé que su empresa cierra tiene en la mayoría de los casos una red de protección social que amortigua la caída en forma de seguro de desempleo, y un activo realmente importante que le sigue haciendo valioso: experiencia y una capacidad demostrada de ser capaz de utilizarla. Si además su carrera profesional ha sido variada, sin miedo de cambiar de empleo cuando era necesario, puede demostrar que aprende rápido y es versátil. El ser despedido es un problema, pero no es un tragedia.

Es cuando un trabajador está desempleado durante cinco o seis meses que las cosas empiezan a ponerse difíciles. Cada mes que está inactivo, su experiencia es menos relevante - lleva más tiempo sin manejar maquinaria, crear hojas de cálculo, dar presentaciones o reparar motores. Por mucho que intentes mantenerte al día, es muy distinto hacer chapuzas en casa que completar un proyecto con la presión de una fecha; al cabo de una temporada, uno es menos efectivo. Por añadido, la inactividad empieza a convertirse en una señal para empleadores sucesivos; si ninguna empresa ha querido contratarte en los últimos nueve meses, un responsable de personal sospechará que los potenciales empleadores vieron algo que no les gustó, y vigilará con más fuerza.

Lo que era un problema menor hace siete u ocho meses, con un trabajador productivo, acostumbrado a trabajar y atractivo para empleadores, es ahora capital humano depreciándose rápidamente: perdiendo experiencia, desmoralizado, y compitiendo con trabajadores recién llegados. Un parado de larga duración no es sólo una familia con problemas económicos - es algo parecido a tener un montón de valiosa maquinaria tirada en un descampado, oxidándose y quemándose al sol.

Cuando hablamos de crear más políticas activas de empleo tenemos que recordar que muchos trabajadores son ahora peores de lo que eran hace un año, y que puede que no baste darle cursillos y darles un buen empujon. No basta con hacer políticas activas de empleo - es necesario poner a la gente a trabajar, casi literalmente.

Miradlo de este modo: ¿qué es mejor, un licenciado en económicas recién salido de la facultad o un tipo que ha trabajado de contable en una gestoría durante seis meses? La idea no debe ser poner a alguien a hacer cursillos y después ayudarles a buscar en infojobs, ya que la “experiencia” de ir a clase es mucho menos valiosa que la de hacer algo más o menos parecido en el mundo real. Lo que debemos es hacer es hacer estos trabajadores más competitivos en el mercado de trabajo, hacerlos más fáciles de “vender”. Y para hacer esto no hay nada más fácil que bajar su precio.

Eso se puede hacer de dos maneras. La primera, y más pedestre, es hacer que pidan menos dinero - algo complicado, ya que los trabajadores tienden a no aceptarlo. Para hacer las cosas más complicadas, el pedir un salario más bajo es una señal bastante horrible para potenciales empleadores; es como decirle al jefe que eres un potencial desastre ya en la entrevista de trabajo.

El sistema más extendido en países razonables, y que resulta funciona muchísimo mejor, es pagar directamente a los empresarios parte del salario del trabajador durante unos cuantos meses. Un parado de larga duración no deja de ser un coche de segunda mano que necesita un poco de rodaje - nada que no se arregle con un poco de uso. Si la productividad marginal del empleado es digamos un 80% de su potencial al empezar su contrato, pero llegará al 100% en tres meses, el estado puede recolocar al trabajador gastando muy poco dinero, simplemente cubriendo la diferencia.

Es por eso que el Kurzabeit, el modelo alemán de reducción de la jornada laboral, es de hecho muy buena idea. La industria alemana tiene como seña de identidad una productividad increíble basada en una mano de obra muy cualificada. Si una recesión mundial fuerza a muchas empresas a reducir su producción y despedir obreros durante un par de años, el resultado va más allá del desempleo - lo que tenemos es una mano de obra peor mantenida y menos productiva. Es algo parecido a una externalidad negativa, así que es natural que el estado alemán intervenga: paga parte del coste de mantener el motor en perfecto estado (algo que beneficia a toda la economía, no sólo a los implicados) y al llegar al otro lado de la recesión las empresas están listas para arrancar a toda potencia, sin haber perdido ni una gota de capital humano. La economía alemana ha capeado el temporal de forma excelente, y está creciendo con una fuerza tremenda, una muestra que la estrategia funciona.

Criticar el modelo de Kurzabeit como ejemplo de subvención insostenible es erróneo, ya que el kurzabeit en el caso alemán es la pura definición de subvención a corto plazo. El problema de Alemania no era que sus empresas no pudieran exportar, sino que nadie estaba comprando debido a la crisis. Preservar el mejor sector empresarial del planeta hasta que capeara el temporal es perfectamente racional, y en vista de la salud fiscal alemana, no precisamente caro.

Esto no quiere decir que el modelo alemán sea exportable a otros sitios; de hecho, en España sería una idea atroz. Lo último que queremos es tener el estado gastando dinero protegiendo la constelación de empresas inmobiliarias que han llenado el país de casas inútiles, o todas esas empresas que no han sido capaces de exportar nunca nada. Es siempre mejor proteger al trabajador antes que el puesto de trabajo; los alemanes tienen la suerte que los puestos de trabajo que protegen son increíblemente valiosos, pero tiene bastante de casualidad.

Si queremos hacer políticas de empleo efectivas y no excesivamente arbitrarias, lo que queremos es que el estado pague parte de los costes laborales a los parados de larga duración, sea mediante recortes fiscales (no cobrar cotizaciones sociales durante X meses, por ejemplo) o pagando directamente el salario. La segunda opción es probablemente mejor, ya que es más visible para todos los implicados (el trabajador ve más dinero en la nómina). Alguien que trabaja, aunque no sea en “lo suyo” está aumentando su capital social, abriéndole puertas que quizás no fuera consciente que existieran.

El problema, claro está, es que para que esto funcione queremos que los trabajadores subvencionados tengan contratos indefinidos, no temporales. Si, como sucede en España, un indefinido viene con todos esos maravillosos costes laborales ocultos que tanto incordian, el empresario preferirá olvidarse la subvención y tirar de contratos basura. Subvencionar contratos temporales es básicamente tirar dinero, así que sin una reforma del mercado de trabajo es difícil que esta clase de mecanismo que funcionan bien en otras latitudes se adapten bien a España.

Como de costumbre, vamos.

José Rodriguez se lanza a criticar la reforma laboral del gobierno con un largo artículo. Su argumento principal es que el coste de despido no afecta al nivel de desempleo a nivel comparado, según un estudio del a OCDE y los datos autonómicos españoles.

Su argumento suena muy bien, pero tiene varios problemas graves. Iremos por partes. Para empezar, la metodología del estudio de la OCDE tiene algunos problemas serios, empezando por cómo construyen el índice sobre rigideces del mercado laboral. Un ejemplo claro es por ejemplo si comparamos Suecia y España.

Según el índice de la OCDE, el sistema español es sólo ligeramente más rígido que el sueco (3,6 a 4,1, en una escala de cero a seis), con unos costes de despido más altos y mayor protección para despidos colectivos. Sin embargo, un vistazo rápido a la regulación de cada país nos dice que Suecia no tiene indemnizaciones por despido directas; el único coste que tiene el empresario es el plazo de aviso precio al despido, que llega a seis meses para trabajadores con diez años de antigüedad (a efectos prácticos, 14 días por año trabajado). No hace falta que diga que esta protección es mucho menos exigente que la española - sin embargo, el índice no captura este dato, ya que están intentando resumir el obtuso sistema dual español en una sola cifra. Una mirada a los arreglos de otros países en teoría cercanos revela diferencias igual de considerables; aquí tenéis un análisis detallado sobre el caso francés.

Un pequeño consejo metodológico: la inmensa mayoría de indicadores agregados son una castaña. Es muy, muy difícil capturar los matices de un sistema complejo en una sóla cifra - y el resultado acostumbra a ser una chapuza cocinada a medida para que te dé el resultado que buscas (nota al margen: y lo he hecho un par de veces…) o un indicador que es sólo útil para periodistas que no saben de lo que hablan. El indicador de la OCDE es una castaña, simple y llanamente, con resultados que no son replicados en otros estudios más cuidadosos.

El otro lado del argumento de José es las (enormes) diferencias entre las tasas de desempleo entre regiones en España. El otro día hablaba de uno de los motivos que explican este dato, señalando la ridícula obsesión que tenemos en este país por comprar casas como una de las causas (estudio sobre el tema aquí; es una relación bien conocida). Si a eso le añadimos otras (bien conocidas) diferencias entre regiones en España y su efecto sobre el nivel de paro medido y paro estructural (PER, niveles de economía submergida, dependencia del turismo, economía regional, etcétera) la verdad es que esas diferencias no son demasiado anormales.

Dejando de lado los datos y estudios que José cita, el problema principal del mercado laboral español no es que cree desempleo - el problema es que la dualidad del sistema lleva a la economía a tomar decisiones de inversión estúpidas. Uno de los motivos que explican nuestra infinita addicción a construir chabolas (y disfrutar de la burbuja inmobiliaria asociada) es un mercado laboral que parece diseñado a medida de las promotoras que tantas alegrías nos han dado. No es sólo la construcción, sin embargo; la dualidad imperante hace que la economía sea en general mucho más aversa a invertir en sectores que requieran contratos estables. Tenemos estudios que señalan que un mercado laboral rígido tiene efectos considerables sobre el crecimiento de la productividad, en gran medida porque somos mucho más torpes asignando recursos. ¿Recordáis eso de la tasa estructural de desempleo? Es parte de este problema.

Por descontado, este es sólo uno de la auténtica horda de efectos secundarios negativos que nuestro sistema genera, siendo el desempleo sólo uno de ellos - y no necesariamente el más importante. Del sistema educativo a la tasa de natalidad, pasando por las tremendas desigualdades que el sistema actual genera, la reforma laboral va mucho más allá de reducir el paro - de hecho, afecta muchos otros indicadores importantes. Curiosamente José omite que el mismo estudio que él cita de la OCDE (y básicamente la literatura al completo) señalan que las protecciones laborales crean una discriminación brutal contra trabajadores jóvenes y mujeres, algo que supongo que cualquier progresista debería tratar de solucionar.

El mercado laboral español no “crea” desempleo, sino que reduce la cantidad de empleos posibles en una economía como la nuestra. Crea enormes disparidades económicas y sociales entre insiders y outsiders, y es una máquina de asignar recursos de forma increíblemente incompetente. Los estudios sobre el tema, en contra de lo que dice José, no indican que la protección contra el desempleo no afecte el paro; sabemos que afectan la productividad, tasa de desempleo estructural y la igualdad entre los trabajadores.

Me parece que tenemos motivos de sobra para exigir una reforma - a ser posible algo más ambicioso de lo que ha presentando el gobierno, en vista que los sindicatos van a ir a la huelga general igualmente. Y por cierto, el coste del despido es sólo una parte de esta reforma - la negociación colectiva es lo que (probablemente) más asusta a los sindicatos, y ahí la reforma sí es ambiciosa. Pero claro, prefieren hacer ruído donde más vende. Pero eso es para otro día.

Imaginad que un partido de izquierdas en Español, en vista de la escalada de costes de la sanidad pública, se decidiera plantear la reforma siguiente: a partir de ahora, los empresarios van a pagar parte de los costes médicos de sus trabajadores. Los capitalistas, al fin y al cabo, tienen dinero y son poderosos, y tienen un interés en que sus trabajadores estén fuertes y sanos. Es justo que los que más tienen paguen las medicinas de los obreros, y más contando todas esas empresas que hacen cosas peligrosas.

Para ello, el gobierno obligaría a los empresarios a dar cobertura sanitaria a todos sus trabajadores indefinidos, teniendo estos que pagar un seguro médico que cubre un mínimo de servicios. Los trabajadores temporales, al tener una relación puntual con la empresa, quedarían fuera del sistema, sólo recibiendo dinero para aspirinas y pediatras. El sistema sería muy redistributivo, dirían esas voces de izquierda, ya que los malvados empresarios explotadores son los que cargan con los costes de la sanidad de forma exclusiva. Progresismo y tal.

¿Suena absurdo, verdad? Todos sabemos lo “bien” que funciona la sanidad americana, y lo muy “justa” que resulta ser. Un modelo de protección social de este estilo, privatizando parte del estado de bienestar y poniéndolo en mano de los empresarios, es algo increíblemente regresivo, y que tiende a crear una enorme segmentación entre insiders y outsiders. Por absurdo que parezca, sin embargo, gran parte de la izquierda española está defendiendo exactamente esta clase de sistema, y diciendo que su defensa es una defensa de los derechos de los trabajadores.

Coged la descripción de arriba, y cambiad todas las referencias a “seguro médico” o “sanidad” por “prestaciones de desempleo”. El mercado laboral español esencialmente es un sistema de prestaciones de desempleo parcialmente privatizadas, con los trabajadores con contratos indefinidos recibiendo un porcentaje considerable de su protección social a traves del empresario. Un contrato fijo es algo parecido a firmar un impuesto extra voluntario cubriendo parte del estado del bienestar - no me extraña que haya tan pocos empresarios que quieran firmar esta clase de cosas.

Defender como un derecho algo que es de hecho un privilegio (una casta de trabajadores tiene acceso a un estado de bienestar privado) es algo que se me escapa totalmente. Es obvio que los empresarios deben pagar parte del coste de los despidos (ya que son una externalidad negativa), pero es más racional hacer esto vía un impuesto, no segmentando el mercado laboral entre indefinidos y contratos basura. Un buen subsidio de desempleo tiene que ser público, no privado - y tiene que cubrir a todo el mundo por igual.

Pero claro, decir que todo el mundo tenga derecho a la misma protección social pagada por todos es ser de derechas estos días. No me extraña que el PP lo defienda con tanto entusiasmo.

Si hay una cosa que me pone de los nervios es esta obcecación que tiene todo el mundo sobre la bondad infinita de comprar casas. Favorecer la compra de viviendas sobre el alquiler es algo que hacen los políticos en medio mundo, y es una estupidez espantosa. De los compradores, casi mejor no hablar - en España teníamos medio país recitando como cultistas eso que “es una inversión segura y nunca baja”, ahora dándose cuenta a buen seguro que cuando no puedes vender tu precioso activo a nadie realmente no vale nada.

Una cosa curiosa de esta recesión en Estados Unidos es el hecho que el desempleo varían muchísimo de un estado a otro. Es normal ver cierta desviación de una región a otra, según el tipo de economía de cada región y como le ha afectado la crisis, pero esta crisis parece haber creado disparidades mucho más fuertes, algo que tiene a no pocos economistas bastante sorprendidos.

En el Economist tienen una teoría para explicar qué ha cambiado: la movilidad de la mano de obra ha disminuido en los últimos años. Una de las cosas que distinguen el hipereficiente (y ligeramente cafre) mercado de trabajo americano es que cuando las cosas van mal en un estado, un número nada trivial de habitantes hace maletas y se larga a otro sitio, sin demasiadas manías. No es nada raro escuchar a gente decir que se mudan a Austin, Chicago, Boston, Nueva York o Seattle, ya que alguien les ha dicho que ahí pueden encontrar trabajo fácilmente.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, el porcentaje de familias que tienen viviendas en propiedad ha aumentado considerablemente. La burbuja inmobiliaria puso a mucha gente en casas recien compradas, y el estallido del tinglado ha colocado muchísima gente en viviendas que valen menos que el dinero que deben al banco. La gente que tiene una casa en propiedad tiende a ser mucho menos propensa a mudarse cuando las cosas van mal dadas, y si encima están en una situación en que perderían dinero vendiendo, aún menos. El resultado es un número considerable de americanos malviviendo en regiones deprimidas económicamente (Michigan, Ohio, Nevada), pero incapaces de coger los bártulos y largarse a estados donde las cosas van mejor (Vermont, Illinois, Texas, Idaho).

El otro día un compañero de trabajo se extrañaba que en España tengamos regiones con niveles de desempleo 20 puntos por encima que otras (Andalucia, 30%, Cataluña, Navarra, 10%). ¿Por qué la gente no se larga de sitios como Cádiz y se muda a Pamplona? Por muy mal que les vaya, encontrar trabajo ahí es exponencialmente más sencillo, y el idioma no es un barrera grave. No le voy a echar toda la culpa a la increíble obsesión hispánica por comprarse el pisito, pero lo cierto es que la falta de movilidad laboral, incluso dentro de España, es realmente preocupante. Tenemos que quitarnos de la cabeza esta extraña manía de no querer salir de nuestro terruño - es realmente una decisión económica estúpida.

Por lo que parece, la propuesta del gobierno para la reforma laboral es parecido a lo que se filtró en RTVE hace unos días, así que no creo que haga falta añadir demasiado. Parece que el gobierno estaba lanzando ideas hasta última hora ayer mismo - cuando tengamos el texto final que llevarán al Congreso, entonces será cuestión de mirar detalles.

Podemos adelantar dos cosas: es un gran cambio, y realmente hará que el mercado laboral sea un poco menos disfuncional que lo que es ahora, pero no es una revolución completa, y las patologías actuales seguirán ahí, aunque doleran menos. La dualidad seguirá ahí, aunque será menos acentuada (la diferencia entre contratos fijos y temporales se reduce, al fin y al cabo), y los problemas de aquí unos años serán los mismos, aunque doleran menos.

Dicho un poco a saco, el desempleo “típico” en época de bonanza será un 8-9% en vez de un 11-12%. Cuando las cosas vayan muy bien (en plan burbujil) veremos cifras de 7-8% en vez de un 10%, y las recesiones quizás con coloquen en 15-16, en vez de 20%. Esto es lo que podemos esperar de la reforma a medio plazo.

Lo que me ha sorprendido es el hecho que los sindicatos no parece que vayan a atreverse a convocar una huelga general. La huelga de funcionarios no les salió bien, y supongo intuyen que la opinión pública española, aunque cabreada, aceptará con resignación los cambios, en vista de como está el patio. Me huelo también que los sindicatos están siendo, en este aspecto, mucho más realistas que los patanes de la patronal, y saben que armar un jaleo continuo al estilo griego no haría más que empeorar las cosas. Por lo que andan diciendo los periódicos, Toxo y Méndez realmente estaban dispuestos a hacer concesiones y llegar a un acuerdo, algo que es de alabar. La CEOE, mientras tanto, sigue creyendo en eso de generar confianza en los mercados vía demostración pública que esto de tener sentido de estado no va con ellos.

Aún con sus limitaciones, la reforma tiene una pequeña gran virtud: es un punto de partida decente. Aunque no elimina la (absurda) judialización del mercado laboral, si reduce su importante; abre la puerta (muy timidamente) a algo parecido a un modelo semiaustríaco que puede ser ampliado en el futuro, debilita un tanto la increíblemente inflexible negociación colectiva facilitando vías de escape para empresas en problemas y básicamente rompe con el gran tabú, que es mantener contra viento y marea esos 45 días malditos de indemnización por despido. Son primeros pasos, muy tímidos, que un gobierno más valiente (o suicida) quizás hubiera llevado más lejos, pero es la primera vez que tocamos el núcleo idiota del horrible sistema actual. Ni Aznar en plenitud de poderes se atrevió con estos cambios, y Zapatero si que parece querer impulsarlos.

En fin, un pequeño paso, en una dirección decente, que hará que las empresas españolas tengan unas políticas de personal menos kafkianas. Espero que no se queden allí; la lista de reformas pendientes no es precisamente corta.

Si hay algo que odio profundamente es estar equivocado. Es una cosa bastante simple, realmente; con la cantidad de cosas que escribo por aquí (y más escribiría si tuviera tiempo), me gusta tener la razón cuando discuto con alguien.

Cada vez que tengo una vociferante opinión sobre algún tema en concreto (especialmente cuando se me ha ocurrido la idea en la ducha), siempre me paro a pensar qué clase de evidencia empírica me haría cambiar de opinión. Si digo que hacer que la universidad sea gratuíta es regresivo y no sirve de gran cosa, por ejemplo, me planteo qué clase de datos me harían cambiar de opinión. En el caso que los estudios demostraran que los países con universidades gratuitas tienen una mayor proporción de estudiantes de familias pobres de forma consistente (controlando por gasto social e inversión en educación infantil, etcétera), no tendría ningún problema en decir que estoy equivocado, y cambiaría de opinión. Los estudios, de momento, señalan casi de forma universal que poner dinero público en universidades es subvencionar la educación superior a gente de clase media-alta, así que de momento no cambio de opinión.

Es un truco bastante viejo, todo hay que decirlo, pero me parece que es el primer paso antes de cualquier debate racional. Si alguien entra en un debate sobre políticas públicas (no fines políticos, por cierto - más luego) sin ser capaz de decir qué clase de datos empíricos le harían aceptar que anda equivocado, hablar con esa persona es básicamente imposible. No estás debatiendo una hipótesis o los medios más adecuados para hacer las cosas, sino que estás hablando de una serie de ideas abstractas que no son directamente falsables.

Decir que la educación debe ser pública y gratuita en todos los casos, por ejemplo, es un lema muy tierno, pero no aporta gran cosa. Uno tiene que plantearse primero por qué queremos que la educación sea pública y gratuita (¿igualdad de oportunidades? ¿libre acceso? ¿control mental de los niños?), y después estudiar si organizar el sistema educativo de esa forma tiene sentido o no para cumplir esos fines. No podemos entrar en un debate diciendo que la educación pública es un principio rector inamovible sin atender al hecho que puede que no sea el mejor sistema. Mi intuición sería que la escuela pública es algo positivo (especialmente de tres a diez-doce años), pero si la concertada genera más igualdad a mejor precio (y lo veo en los datos), no tengo problema en cambiar de opinión.

No me voy a poner con filosofía de la ciencia, porque la verdad, no soy el más indicado para esto. La idea básica es que si hay un tema en que no se me ocurre una serie de cifras que me puedan convencer que estoy equivocado, es bastante probable que este equivocado. Mi posición sobre ese tema en concreto es probablemente ideológica, no basada en hechos, y por tanto no es de fiar -no estoy hablando de políticas públicas, sino de creencias o fines.

Los fines en política son cuestiones básicamente morales - preferir más redistribución o más libertad individual es un debate ético, no es es algo demasiado empírico. Al hablar sobre cómo reducir la pobreza, mantenter mercados estables o evitar recesiones (nota: el patrón oro no es un principio moral), sin embargo, queremos estar seguros que miramos los datos y pensamos en cómo mejorar los resultados, sin caer en el fetichismo de los medios.

Dicho en otras palabras: defender el sistema laboral español a grito de “defender nuestros derechos” no me vale; eso no es una defensa válida. Quiero que alguien me demuestre que el sistema actual es mejor creando empleo, aumentando la productividad o creando igualdad entre los trabajadores comparado con legislaciones alternativas. Quiero datos, no gente hablando de derechos o empresarios poco ambiciosos. Hasta que no me los enseñéis, no cambiaré de opinión.

Sé que es bastante obvio, pero como Zapatero y Rajoy parecían haber llegado a la conclusión que hablando de Grecia estamos salvados, creo que no es mala idea recordarlo. Está bien que Zapatero haya abierto la puerta a hablar otros temas secundarios, como, no sé, el completo y absoluto desastre que es la economía española, la verdad.

Dejando de lado el sarcasmo, el hecho que 110.000 millones de euros no parezcan ser suficientes para calmar a nadie da miedo - y espero que esta vez el mensaje sea escuchado por la clase política. Ya sé, he dicho esto antes.

Vale la pena recalcar que la economía española tiende a responder muy rápido cuando se aprueban reformas. Todas las liberalizaciones y reformas de los últimos años, incluso las más chapuceras, han tenido efectos considerables. Recordad por ejemplo como la reforma laboral de los ochenta (la triste creadora del mercado laboral dual - como de costumbre, nos quedamos a medias) impulsó casi de inmediato creación de empleo. Una reforma laboral bien hecha tendría efectos relativamente rápidos - la economía ha hecho todo lo que ha podido con la carpetovetónica legislación actual, y tiene un montón de energia, capital y recursos muertos de risa esperando que alguien les dé una excusa por utilizarlos.

Por mucho que a veces hable del inminente apocalípsis, lo cierto es que la economía española realmente no lo tiene tan difícil. España es básicamente un país con unas infraestructuras, organización política e instituciones modernas, una mano de obra (comparativamente) joven y con muchísimos licenciados universitarios (en universidades mediocres, pero licenciados al fin y al cabo) y una serie de industrias con un potencial gigantesco. Nuestro problema son una serie de regulaciones y leyes que actúan como una camisa de fuerza sobre todo este potencial.

Más flexibilidad y menores costes burocráticos serían un favor enorme a empresas como CAF o Talgo, dos excelentes fabricantes de material ferroviario que a buen seguro crecerían mucho más y producirían mejor si el mercado laboral fuera más eficiente, el sistema fiscal menos liado y el sistema financiero más competitivo y estable. Podemos decir lo mismo de la horda de empresas de energías renovables que no se atreven a expandir su negocio, las ultracompetitivas empresas de infraestructuras y software, y tantas otras.

Las reformas no consisten en reinventar la rueda - básicamente estamos intentando liberar el potencial de la economía española. Todas las reformas “caras”, todas las cosas que cuestan años de trabajo y décadas de trabajo, de hecho ya lo tenemos. No somos un país latinoamericano que no tiene una red de carreteras y ferrocarriles decentes. No tenemos que esperar una década para producir una generación de ingenieros. No tenemos que perder el tiempo negociando qué constitución queremos. No tenemos que construir una burocracia que recaude impuestos (aunque no estaría mal que hiciéramos eso mejor), limpiar la policía de corrupción o ganar una guerra contra los cárteles de la droga.

Lo difícil ya está hecho. Ahora lo que toca es romper las cuerdas que tienen la economía atada de forma absurda, y salirse de enmedio.

Nota al margen: el paro al 20%, el FMI mirándonos de reojo y la posibilidad de un apocalipsis económico imposible, y ¿CiU se preocupa de una involución autonómica? ¿En serio? ¿De verdad? Si Pujol levantara la cabeza.

Tengo que decir que este artículo es en gran medida culpa de Citoyen - y tiene mérito, porque el tipo me ha hecho cambiar de opinión. Todo por este excelente librito, que recomiendo vivamente a todo el mundo que quiera leer sobre políticas de empleo.

Una de las cosas que más he repetido al hablar de posibles reformas laborales que necesitamos en España es que debemos combinar medidas que añadan más flexibilidad con políticas agresivas de formación laboral. Si alguien pierde su trabajo y no tiene formación adecuada para encontrar otro empleo, el estado debe ayudarle a reciclarse a golpe de cursillos y talleres a mansalva. Todo esto debería asegurar que esa criatura mitológica del sistema laboral español (el parado de más de cincuenta años - colectivo que es infinitamente más pequeño y menos vulnerable que el grupo realmente masacrado por la crisis, los menores de treinta) sobreviva a la recesión.

Todo esto suena estupendamente. De hecho, si me preguntáis hace un mes, os digo que lo de arriba es perfectamente correcto y que es lo que demos aplicar. El problema, claro está, es que me parece que estaba equivocado.

Hasta hace unos años, Suecia era el país que de lejos más invertía en políticas de formación para desempleados - un 3% del PIB, una cantidad descomunal. A pesar de ello, el desempleo en el país era tozudamente más elevado que sus vecinos nórdicos (aun siendo estelar para lo que se estila en España), así que se decidieron estudiar qué políticas funcionaban mejor. Barbara Sianesi publicó un excelente artículo intentando responder esta pregunta.

La idea es comparar cuatro programas de ayuda a los desempleados, comparando su efectividad (*) y coste. En orden de más barato a más caro, tenemos seis medidas posibles:

1. No hacer absolutamente nada, aparte del subsidio de paro: Coste cero para las arcas públicas. El parado se las tiene que arreglarlas por sí solo.
2. Subvencionar parcialmente salarios: el estado ayuda a que el parado encuentre trabajo pagándole parte del sueldo cuando encuentre algo. Básicamente, una subvención a los empresarios que contraten parados.
3. Cursillos de formación continua: trabajas para una empresa unos meses, mientras te dan cursillos de reciclaje.
4. Empleo público temporal: el estado te da un trabajo unos cuantos meses, haciendo algo útil. Presuntamente.
5. Empleo público fijo: lo mismo, pero dura unos años.
6. Reciclaje profesional profundo: cursos y más cursos de formación especializada, reciclándote mucho.

Ahora, sin hacer trampas, intentar deducir el orden de efectividad de estas medidas. Lo tenéis fácil, ya sabéis de antemano que estaba equivocado. En orden, de más efectivo a menos:

1. Subvencionar parcialmente salarios.
2. Empatado: cursillos de formación continua, empleo público temporal o no hacer nada.
3. Empatado: empleo público fijo, reciclaje profesional profundo.

No, no estoy bromeando. La experiencia sueca demuestra (y de hecho, prácticamente toda la literatura sobre el tema va en la misma dirección - creedme, he buscado) que es más efectivo (*) no hacer absolutamente nada que enviar a todos tus parados a cursillos donde aprendan a utilizar los internets y el Wordperfect.

¿Por qué sucede esto?  En gran medida, por algo que todos sabemos de forma intuitiva: es muy difícil aprender idiomas después de los treinta. Quien dice idiomas, dice contabilidad financiera obtusa o conceptos teóricos de tecnología verde - nuestro cerebro no es demasiado eficiente aprendiendo cosas nuevas en clase a partir de cierta edad. Lo que sí sabemos hacer bien, sin embargo, es aplicar nuestra experencia pasada a problemas distintos; en otras palabras, aprender a hacer cosas sobre la marcha.

Los empresarios parecen saber esto, y no se toman los parados que han pasado por cursillos demasiado en serio. Los meses que han estado en dique seco no ha aumentado su capital humano, sino que lo ha disminuido - han “perdido” experiencia dedido a su inactividad, perdiendo el tiempo en algo que no mejorará su productividad. Mientras tanto, estos mismos empresarios no tienen demasiados problemas para dar una oportunidad a alguien que aprenda más o menos rápido, si le dan el empujoncito salarial público mientras se adapta a los nuevos tiempos.

¿Conclusiones? Primero, que tengo que acostumbrarme (otra vez) a que antes de defender una postura, uno debe saber de lo que habla. Segundo, el mercado laboral es cualquier cosa menos intuitivo, así que más vale ir con pies de plomo antes de dar una afirmación categórica. Subir el salario mínimo puede tanto crear empleo como destruir puestos de trabajo, por ejemplo, según el punto de partida y el coste de oportunidad de empezar a trabajar (sí, tiene costes -pero eso es para otro artículo). Tercero, y más importante, más vale que no me hagáis demasiado caso. A veces no sé de qué hablo.

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