El otro día en el trabajo me tuve que poner a buscar datos y regulaciones sobre un par de programas federales americanos. Gracias a las maravillas del gobierno abierto y el trabajo encomiable de la administración Obama para publicar datos y estadísticas en internet (mirad el enlace y llorad: es un paraíso friki), encontrar las cifras y legislación no resultó ser demasiado complicado; todo estaba accesible, prácticamente a tiro de Google. El problema, sin embargo, vino después.

La pregunta que debía responder era cómo funciona Medicaid en Connecticut. El problema era, mal que me pese, que por mucho que lo intentara era incapaz de entender la ley federal sobre la materia, básicamente porque el lenguaje legislativo americano es absolutamente incomprensible. Tras un rato dándome de cabezados contra el escritorio, decidí confiar en la “traducción” de la ley a lenguaje humano que habita en una oscura página federal. La información es increíblemente detallada y rica, no hay duda, pero la cantidad de jerga legal, terminología sanitaria obtusa y textos rúnicos sobre seguros médicos raros no era precisamente agradable. Tras un buen rato de lectura (y darme cuenta que tenía que repetir la misma tortura en la infinitamente peor página estatal sobre el ramo), pude finalmente traducir el significado de las bases de datos a algo útil y comprensible, y hacer un par de gráficas bien monas.

La pequeña odisea juridico-matemática resulto ser un ejemplo de libro de las maravillas de la transparencia y el poder del gobierno abierto - y también una muestra perfecta de sus limitaciones. Tenemos acceso a los datos y legislación, tenemos toneladas de documentación y cifras en la red, pero información, lo que se dice información, tenemos relativamente poca: todas esas páginas sobre medicaid necesitan ser interpretadas y traducidas para que tengan sentido.

En el caso de Medicaid, esto es un proceso relativamente fácil y comprensible; al fin y al cabo, es un programa de servicio directo. Ayer andaba haciendo la declaración de la renta, un proceso sólo un poco más sencillo que un experimento de física cuántica aquí en Estados Unidos, y me dediqué a buscar de dónde habían salido alguna de las reglas más absurdas. Está todo en internet, supongo; entender la marabunta de reglamentos obtrusos me supera ampliamente. Me encantaría saber de dónde salen un par de cambios especialmente ridículos este año (¿se nota que me ha salido negativa?) para pegar unos cuantos berridos al legislador que tuvo esa genial idea, pero no hubo manera.

Básicamente, no podemos confundir tener un gobierno abierto y transparente con tener un gobierno que informa sobre lo que hace. Tener acceso a toneladas de producción legislativa, declaraciones y numeritos no nos aporta gran cosa si toda esta información es furiosamente ofuscada por la autoridad competente, o es sencillamente demasiado complicado para entenderlo. Tener los datos es una cosa; poder interpretarlos es algo completamente distinto.

Esto crea un problema adicional: interpretar los datos no es algo completamente objetivo; es algo básicamente político. Cuando escribo un informe sobre los efectos una regulación especialmente obtusa (por ejemplo, que Medicaid ponga un embargo preventivo en tu casa al darte de alta en el servicio) mis conclusiones son esencialmente valorativas, no descriptivas. Si el gobierno explica la regulación más allá de los datos, la justificación es algo que tendra un contenido político.

Cuando hablamos de gobierno abierto, es necesario tener estas cosas en mente. No es cuestión de tener datos, es cuestión de explicarlos bien. Y esto, mal que nos pese, es algo que se debe hacer desde la política; los datos en solitario no explican demasiado.

Actualización: ¿Quiere decir esto que debemos esperar la versión oficial? No, por descontado. Como señalan en los comentarios, los datos deben ser interpretados por la prensa, analistas, frikis y todólogos que se dedican a vigilar al gobierno. Lo que debemos sacarnos de la cabeza es que la base de datos basta; es siempre necesario “traducir” la información, esencialmente politizándola. El gobierno abierto no es cuestión de dar datos; es hacer que esos datos mejoren la política.

Cosa que no deja de ser un problema - ya sabemos que la mejor manera de oponerse a una ley es básicamente leerla de la forma más surrealista posible. Sea la sanidad en Estados Unidos o la Ley de Economía Sostenible en España, el gobierno abierto no evita que los trolls de turno creen interpretaciones horrendas de todo lo que encuentran. A mí me contarán cómo cocinar datos, vamos. Ejem.

En la ola de dospuntocerismo que nos invade, una de las obsesiones más extendidas en congresos, eventos, fiestas y encuentros varios es la democracia electrónica, las administraciones hiperconectadas y el gobierno abierto.

La idea es sencilla e intuitiva: las nuevas tecnologías permiten compartir información de forma muy eficiente, así que los gobiernos deben poner tantos datos, mapas, informes y proyectos como puedan en la red al alcance del público. Esa misma tecnología permite crear redes de participación y herramientas de comunicación increíblemente rápidas, extensas y abiertas, así que los políticos deben hablar, escuchar y hacer que la gente participe tanto como pueda.

Son ideas bonitas e intuitivas, pero ¿son realmente útiles? La verdad, creo que su utilidad es muchísimo más limitada de lo que tanta retórica y proyecto futurista pretende.

El motivo es de hecho muy simple; algo de una antigüedad decepcionante: la participación política en el mundo real es algo bastante triste, específico y asimétrico de lo que dicen los ideales democráticos. Lo vemos en el voto: los viejos votan más que los jóvenes, ricos más que pobres, y casados más que solteros. Al hablar de participación directa, sin embargo, estas desigualdades son aún más pronunciadas.

¿Recordáis cuando en la facultad alguien organizaba una asamblea? Al principio la asistencia era aceptable, pero dos o tres meses después siempre acababan siendo los mismos. Los participantes eran al final miembros de dos grupos específicos: gente con demasiado tiempo libre y tipos completamente obsesionados con alguna paranoia específica. Dicho en otras palabras, los tipos que no han dado ni golpe en toda la carrera y los asambleístas compulsivos hiperpolitizados y un poco idos de la olla - y lo digo con conocimiento de causa, que yo era uno de ellos. Gente que tiene muchas ganas de hacer ruido y montar cosas, pero que en ningún caso son una muestra representativa de la población.

Lo decía hace tiempo hablando de democracia directa, y los mismos problemas se extienden a los gobiernos 2.0 abiertos: la participación política tiene un coste. No todo el mundo tiene tiempo para dedicase a mirar mapas y leer estudios infomativos en la página del ADIF para ver si una línea de tren es una buena idea o no (¿cuánta gente sabe qué es el ADIF, de todos modos?), y por descontado no hay demasiados perturbados dispuestos a perder el tiempo escribiendo a la administración, participando en foros y atendiendo a a interminables reuniones. La gente que va a hacer esas cosas será, en la inmensa mayoría de los casos, gente con estudios, ingresos aceptables y demasiado tiempo libre - y los que hagan ruido y se movilicen sobre ello serán los que más tienen que ganar o perder en un proyecto.

Cuando pensemos en abrir la administración y hacer a los políticos más accesibles, recordad la figura del lobista. No todos los lobistas son gente malvada representando a enormes multinacionales comeniños; un número considerable de ellos, de hecho, son organizaciones representando ciudadanos de a pié. Dado que participar y organizarse tiene costes, sólo aquellos grupos realmente obsesivos sobre algún tema son los que hacen ruido, y así acabamos viendo la NRA (asociación nacional del rifle), los antiabortistas, y los grupos que se quejan que alguien ha decidido construir algo detrás de su casa y les tapa las vistas.

Sí, las nuevas tecnologías facilitan las cosas. Participar es más fácil en internet que en persona, pero los costes de tiempo (lectura, preocupación, diálogo) y  quién tendrá interés en invertirlo son esencialmente los mismos.

Eso no quiere decir que el gobierno abierto no sea necesario, o sea una mala idea. Publicar datos, proyectos y planes es algo fantástico; la transparencia es la administración es una herramienta imprescindible para combatir la corrupción. Aún más importante, tener estadísticas públicas estandarizadas contribuye a mejorar la calidad de gobierno; las administraciones deben poder hablar y compartir lo que saben para hacer bien su trabajo. La participación directa siempre es bienvenida, y ayuda a mejorar el proceso de toma de decisiones hasta cierto punto.

Aún así, es necasario tener muy en mente que los datos, planes y mapas no los va a consultar casi nadie, y los que escriben, debaten y protestan van a ser lo que raritos que iban a todas las asambleas en la facultad. Es mejor que nada, pero no es una revolución o cambio tectónico que cambiará todo. El dospuntocerismo en político puede aportar muchas cosas, pero no exageremos.