Los apagones en Cataluña han sido recibidos con el tradicional coro de quejidos sobre lo mal que lo hacemos todo en España, y lo poco preparados que estamos, y pidiendo que los ayuntamientos sean los que respondan a esta clase de emergencias. Antes de perder la cabeza con las críticas, vale la pena tener un poco de perspectiva en estas cosas.

Primero de todo, esta clase de desaguisados suceden en las mejores familias - de hecho, suceden en sitios donde nieva constantemente. El sábado sufrimos un temporal de lluvia y viento bastante considerable en la costa este de Estados Unidos, con ráfagas de 100 Km/h y más de 120 litros por metro cuadrado de precipitación.  Bueno, es cinco días después, en Fairfield County, la región más rica del estado más rico del país, aún hay 15.000 abonados sin luz, incluyendo varios colegios e institutos que llevan toda la semana sin dar clase. Todo esto por un poco de viento y lluvia, nada de nieve - y en un estado, por cierto, donde los municipios tienen una cantidad de competencias infinitamente mayor que en Cataluña. Y sí, estas incluyen limpiar las calles de nieve en invierno.

¿Qué quiero decir con esto? Cuando hace mal tiempo y caen árboles encima de cables de alta y media tensión, no importa quién gestione nada: la gente que vive en zonas con baja densidad de población se quedarán sin luz unos cuantos días. Si alguien quiere vivir en el campo lejos del mundanal ruido, llevarle electricidad equivale a tirar mucho cable, muy lejos. Más cable entre arbolitos, más oportunidades que algo salga mal. No hay mucho que hacer.

Más allá de esto, los ayuntamientos, especialmente los pequeños, no son casi nunca la administración más adecuada para gestionar emergencias. Preparar una respuesta para situaciones imprevistas (inundaciones, nevadas, atentados, guerras, alzamientos zombie) es básicamente lo mismo que contratar un seguro - “compramos” una serie de cosas que minimizarán el daño cuando algo malo suceda. Es bastante obvio que no es demasiado racional que cada persona se proteja contra estas cosas individualmente (imaginad tener un FBI por persona), sino que es mejor compartir gastos con otros y actuar colectivamente. Este “comprador colectivo de seguros contra emergencias” normalmente lo conocemos como “el gobierno” o “el estado”; una institución que recoge el dinero de todos (a la fuerza, si es preciso) a cambio de contratar policias y comprar máquinas quitanieves.

Un ayuntamiento pequeño o mediano es, básicamente, un comprador de seguro pequeño. Un municipio de 3.000 o 40.000 habitantes no es precisamente un comprador individual, pero no es un actor con una capacidad de compra tremenda. Cosas como inundaciones, atentados terroristas o nevadas suceden muy de vez en cuando en su región - comprar una quitanieves cuando sólo nieva una vez cada treinta años es como comprarse un traje de buzo para ese día que resbales en la bañera: una compra totalmente exagerada. Tener capacidad para arreglar líneas de alta tensión, limpiar accidentes de camiones que llevan materiales radioactivos o tener tanques para cuando invadan los franceses (oye, antes lo hacían a menudo) es algo parecido: un gasto enorme para algo que realmente no se utilizará nunca.

Por descontado, no es sólo cuestión de gastos inútiles; es también el hecho que cuando algo suceda, la mayoría de municipios no tendrán recursos por sí sólos para responder de forma efectiva, o podrá arreglar nada dentro de su territorio. La ciudad de Girona puede tener una excelente brigada municipal lista para arreglar árboles caidos sobre el tendido eléctrico, pero si el problema ha sucedido en Celrà o Maçanet, tampoco les servirá de nada - especialmente si ahí viven cuatro gatos y no tienen nadie que pueda arreglar el problema. No sirve de nada limpiar carreteras si tu vecino las deja sin limpiar (cosa que pasa en Connecticut de vez en cuando, por cierto- West Haven se quedó sin presupuesto para quitanieves hace unos años…), y así sucesivamente.

Quedá el último problema de la autoridad municipal: NIMBYs y BANANAs. Los NIMBY (not in my backyard, no en mi patio de atrás) son esos alegres colectivos que quieren que se construyan cosas, siempre que no sea al lado de su casa. Las comarcas y ayuntamientos de Girona tienen una larga y orgullosa tradición de hacer la vida imposible a FECSA y Red Eléctrica cuando quieren construir líneas de alta tensión y redundancia en la red. Del mismo modo que compramos seguros en bloque contra problemas graves, también construimos infraestructuras en bloque para poder estar todos preparados. Si los ayuntamientos tienen capacidad de veto (o se dedican a ejercer el troll legal con entusiasmo suficiente), nos encontraremos con situaciones como la de estos días.

¿Responden los ayuntamientos con más rapidez ante emergencias? Sí, probablemente -  es cuestión de simple distancia. Lo que no podemos decir, sin embargo, es que sean más efectivos haciéndolo, o sea más barato y eficiente hacer los de ese modo. Más bien lo contrario.

Este fin de semana me decían por los comentarios que me paso la vida lloriqueando que gobierno y oposición no parecen estar por la labor de pasar reformas, pero nunca acabo de proponer nada concreto - aparte de la reforma laboral. La verdad, algo de razón tienen, así que me parece que vale la pena hacer un pequeño listado de cosas que creo son urgentes y otras que son necesarias, aunque no corran tanta prisa.

• Reforma laboral: sí, me repito, pero creo sinceramente que es crucial. Y repito, no hace falta ir hacia el despido libre o neoliberalismo bastardo; es perfectamente posible mejorar el horripilante sistema actual sin recortar derechos.
• Reducir regulaciones absurdas: España es un país donde abrir una empresa toma dos meses, conseguir permisos para cualquier tontería una eternidad y contratar o despedir a un trabajador requiere cantidades de papeleo ingente. La administración tiene que ser muchísimo más ágil. Y sí, los notarios tienen que desaparecer a medio plazo.
• Reformar la justicia: el modelo actual era aceptable en tiempos de Napoleón - ahora necesitamos algo más ágil.
• Simplificar el sistema fiscal: España ha abrazado esa absurda manía conservadora de hacer política social a golpe de desgravaciones fiscales. Si queremos que los españoles tengan más hijos, poned guarderías gratuitas, porras, no pongáis catorce claúsulas extrañas que no hacen más que dar trabajo a contables. Lo mismo se aplica al cada vez más surrealista derecho mercantil o laboral; todo es dar descuentos incomprensibles y horriblemente ineficientes. Eliminar deducciones, aumentas la recaudación, puedes bajar los impuestos - y das más flexibilidad a la economía.
• Profesionalizar la administración: crucial para combatir la corrupción, junto con una reforma del increíblemente torpe sistema de financiación local.
• Olvidarse de los sueños de política industrial: lo que comentaba Jorge va a misa.
• Políticas agresivas de competencia y liberalización: España tiene un montón de sectores con muy poca competencia - las comunicaciones, por ejemplo, son un ejemplo claro. No sería mala idea sacar la motosierra y dividir Telefónica en dos o tres empresas, por ejemplo. Y no son los únicos.
• Infraestructuras: más trenes. Muchos más trenes. Sobre todo trenes de mercancias, y pasar la red a ancho UIC.

Dicho en pocas palabras, el estado debe hacer dos cosas: mantener el estado del bienestar intacto, y salirse del medio. Más concretamente, asegurarse que  invertir sea fácil, y eliminar cuellos de botella absurdos en la economía. El estado debe asegurarse que el sistema educativo funciona, los transportes tienen la capacidad adecuada y que el dinero puede encontrar las buenas ideas y descartar las malas, minimizando los costes de transacción.La productividad y los sectores estratégicos vendrán sólos, cuando el mercado descubra él solito qué es lo que podemos hacer mejor (sospecho que trenes, por cierto. Pero eso es para otro día).

¿Más adelante? La lista sería larga. El estado de bienestar debe potenciarse, especialmente en temas de dependencia y en formación profesional. Necesitamos una reforma educativa (algo que, por cierto, parece que PP y PSOE si serán capaces de consensuar), y dinamitar el sistema universitario. El sistema de financiación autonómico necesitará retoques serios, asegurando que quien gaste el dinero sea el que lo recaude. El sistema para designar jueces es una chapuza; necesita reformas. Las leyes de urbanismo deben ser cambiadas. Reformar el sistema de cajas de ahorros, despolitizándolas tanto como sea posible, o incluso privatizándolas. Políticas de empleo más activas, con una reforma del subsidio de desempleo. La sanidad necesita retoques (siempre los necesita), el sistema de pensiones también, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo importante, sin embargo, es arreglar el mercado laboral y hacer la economía más flexible, eliminando barreras a la entrada y papeleo y favoreciendo la competencia. La única reforma realmente complicada es el mercado laboral (y cargarse Telefónica), el resto son relativamente fáciles de aprobar. Creo que es un programa factible - y creo que más coherente que la búsqueda de consensos obsesiva del gobierno. Jordi Sevilla tiene razón: necesitamos un plan. El gobierno parece no tenerlo.

Excelente artículo hoy en El País sobre los costes reales de despedir un trabajador indefinido. Los empresarios prefieren pagar los 45 días de un despido improcedente a comerse la marabunta judicial que supone intentar justificar que realmente necesitas echar a alguien.

Tres comentarios. Primero, me parece que esto deja relativamente claro que el sistema de control judicial del despido es básicamente kafkiano. Cuando una empresa prefiere pagar más del doble para evitar perder varios meses en los tribunales es que algo no funciona. Segundo, los costes de despido en España son realmente altos; incluso cuando la empresa quiere ahorrarse dinero, eso le cuesta mucho dinero. Tercero, y más grave, un empresario puede escoger entre costes ridículos o impredecibles, y parecen estar escogiendo lo primero. Me parece casi imprescindible racionalizar el sistema y dejar de intentar arreglar las cosas a base de añadir nuevos tipos de contrato; sólo estamos creando trabajo para abogados.

Lo que realmente me parece incomprensible, sin embargo, es que el gobierno ande intentando arreglar este problema creando aún más reglas y mecanismos legales. El mercado laboral es tan rígido, complicado y confuso que los empresarios prefieren pagar indemnizaciones gigantes antes que volverse loco con tanta regla. A estas alturas, mejor crear un contrato simplificado y fácil de entender idéntico para todo el mundo y con costes automáticos (y sin “neoliberalismos“) que imponer aún más regulación.

Iba a escribir sobre las varias reformas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, pero Jorge Galindo tiene dos artículos excelentes sobre el tema ya escritos. Los podéis leer aquí y aquí. También echa un vistazo a las propuestas del PP, que Rajoy intenta explicar estos días entre el ruido generado por la inefable Esperanza Aguirre.

He criticado el gobierno a menudo por hacer propuestas poco ambiciosas que no cambiarán gran cosa de nuestro absurdo modelo productivo. Aún así, las propuestas de Zapatero al menos tienen cierto contacto con la realidad y la arimética básica: sus previsiones sobre crecimiento pueden ser un poco demasiado optimistas y sus recortes de gasto quizás un poco demasiado ambiciosos, pero al menos quieren subir impuestos y gastar menos sobre el papel.

Mariano Rajoy no presta atención a esos nimios detalles contables. Estos días el PP anda proclamando que pueden bajar impuestos a muerte y a saco (sociedades y seguridad social) y dejar los actuales como están (IVA e IRPF), hacer cambios básicamente cosméticos al gasto (eficiencias, esa palabra mágica que todo el mundo dice favorecer) y no ya reducir el déficit, sino crear superávit en unos añitos. Todo ello, por descontado, sin una sóla reforma estructural remótamente ambiciosa, no sea que alguien se enfade.

Lo más delirante, sin embargo, es que el presunto partido conservador ha decidido hacer oposición en base a uno de sus impuestos preferidos, el IVA. Tradicionalmente los economistas liberales (y el PP con ellos) han defendido eso de gravar poco lo que queremos que haya más (trabajo, empresas) y gravar mucho lo que queremos que haya algo menos (consumo). La progresividad o regresividad del sistema fiscal nunca les ha importado demasiado, siendo los recortes impositivos de Aznar una muestra clara.

Estos días, sin embargo, Rajoy prefiere no ya hacer demagogia pretendiendo que el déficit fiscal desaparece mágicamente, sino anda directamente criticando lo que tradicionalmente siempre han defendido. El PSOE (con cierta razón) ha decidido que para cerrar el titánico déficit público es necesario hacer un poco de todo, combinando pequeñas subidas fiscales en varios impuestos y recortes de gasto realistas, sin pretender que el estado puede ahorrar buscando quiméricas eficiencias. De esto modo no perdemos demasiadas partidas importantes, y a la vez nos aseguramos que todos pagamos un poco más. La respuesta del PP es, como de costumbre, ignorar la mayor (las reformas estructurales que faltan) y centrarse en criticar un incremento fiscal relativamente menor a base de fantasías matemáticas.

La subida de impuestos es, en cierto sentido, un problema parecido al retraso de la edad de la jubilación. Tenemos dos opciones: podemos dejar las cosas como están, y vernos obligados a subir impuestos y recortar gasto en serio para cerrar el déficit, o podemos pasar reformas estructurales serias, intentar aumentar la tasa de actividad, empleo y productividad a medio plazo, y ahorrarnos estas subidas fiscales que nadie quiere.

Si el PP quisiera ser una oposición responsable y tuviera un plan de reformas con cara y ojos, Rajoy no andaría criticando el gobierno por subir impuestos: estaría protestando que el gobierno no está haciendo nada para hacer esta subida algo inevitable. Las reformas que tendría el PP en su programa no me gustarían demasiado (fiscalidad más regresiva, despido libre en vez de una solución creativa, menos gasto social, nada de fiscalidad verde, etcétera), pero tendrían al menos una vaga relación con el problema que tenemos entre manos o el hecho que dos y dos son cuatro.

Lo que tenemos, en cambio, es un gobierno que no quiere pasar reformas serias (¡reformas que no tienen por qué ser neoliberales!) y una oposición que no se toma gobernar en serio. Así nos va.

Una de las clásicas obsesiones de la prensa española es quejarse que los diputados no trabajan demasiado. Este artículo es un ejemplo clásico: foto del hemiciclo medio vacio, debate más o menos importante, y una amarga queja del columnista diciendo que los legisladores no pegan ni golpe. Un consejo: cada vez que alguien diga una cosa así, tachadlo de vuestra lista de “gente que sabe como funciona la política”, ya que es una queja irrelevante.

¿Habéis seguido alguna vez un debate en el Congreso? Es un auténtico muermo. El reglamento de intervenciones y réplicas es insufriblemente rígido, las intervenciones son o ridículamente técnicas o completamente irrelevantes, y los políticos se ignoran unos a otros, sin que nadie haga lo más mínimo para llegar a acuerdos. ¿Y sabéis qué? Está bien que así sea. De hecho, es así en todas las democracias del mundo.

Redactar leyes es una cosa complicada, técnica y farragosa. Negociarlas es complicado, técnico, farragoso, lento y pesado. Ambas cosas toman una cantidad de tiempo considerable, con la mayor parte del trabajo en manos de gente del ministerio del ramo (en el caso de las democracias parlamentarias) o el pequeño ejército de juristas y asesores de dos o tres congresistas (en Estados Unidos).

Los diputados, cuando no están perdiendo el tiempo sentados en la sala de plenos, están en los despachos del Congreso repasando lo que le han pasado del ministerio, persiguiendo a gente de otros partidos para ver qué sería aceptable, negociando lenguaje de última hora para enviarlo al pleno, discutiendo detalles técnicos en una de las comisiones que preparan las leyes o leyendo toneladas de papeles, informes y estudios sobre una materia específica, a ver si lo que hacen tiene sentido. Básicamente están trabajando para que cuando una ley llegue al pleno la ley pueda ser aprobada sin demasiados problemas, negociando qué enmiendas serán aceptadas y cuadrando el texto con Moncloa.

Lo que vemos en el pleno, en la sala con los sillones y los 350 escaños, es básicamente ritual, un teatro. El Congreso, ante las cámaras, está escenificando la obra que han escrito antes entre bastidores. Los políticos explican qué han hecho y justifican (con voto y contravoto, discurso y réplica) por qué han decidido hacerlo, pero el trabajo (intenso y duro, especialmente cuando el gobierno está en minoría) viene de atrás. Utilizar los escaños vacios en el Congreso como métrica para saber si sus señorías están trabajando es demagogia barata. Los diputados, cuando están en el pleno, no están trabajando; están ejerciendo de decorado.

Lo mmás curioso, por cierto, es que esta clase de teatro es de hecho algo bueno; no queremos que las leyes se redacten en un circo con periodistas.  Los políticos hablan de forma distinta delante de las cámaras que detrás. Cerrar un acuerdo y acercar posturas, sin ir más lejos, es mucho más difícil si tienes un periodista tras la oreja, ya que siempre tendrás la tentación de hacer posturitas y meterle el dedo en el ojo a tu oponente para quedar bien ante los votantes. Queremos que los acuerdos, una vez cerrados, sean públicos y transparentes (y lo son; por eso tenemos el BOE), pero dejando que los políticos puedan trabajar tranquilos a una velocidad razonable. Pero ese es otro tema, para otro día.

De vez en cuando en España se escuchan voces quejándose que el sistema autonómico es una subasta constante entre jefecillos locales pidiendo a gritos que les den dinero. Lo que necesitamos, dicen muchos, es un sistema federal de verdad, de esos que tienen otros países con gente menos bajita, menos gritona y menos cejijunta. El federalismo es sobrio, elegante, racional. Nada de gritos y negociaciones por dinero y gasto público.

Ayer, en la tierra del federalismo realmente existente (básicamente, el lugar donde lo inventaron) me acordé de estos debates al escuchar un programa local en NPR. Los tipos estaban hablando (muy sesudos ellos; NPR es básicamente gafosa) sobre política estatal; más concretamente, por qué la gobernadora Jodi Rell se había quedado en Connecticut, en vez de asistir a una reunión de gobernadores en Washington DC. Sí, Rell está trabajando en el presupuesto del estado (con una agujero fiscal enorme, y sin poder tener déficits), pero hubiera hecho bien de ir a la capital, a ver si podía conseguir más dinero del gobierno federal para proyectos y programas variados. Nueva York está ganando muchos proyectos, ¿Por qué no Connecticut?, decían.

Es una critica muy habitual, y un debate que se escucha constantemente en todos los estados. Los senadores y representantes en el Congreso trabajan muy, muy duro para conseguir dinero federal (utilizando el horrorosamente disfuncional sistema presupuestario americano), y venden sus logros como posesos. Si los americanos hablaran castellano y fueran menos educados, uno escucharía eso de “¿qué hay de lo mío?” muy a menudo por Washington.

En fin, no nos engañemos: la descentralización política acarrea necesariamente un cierto nivel de subasta y no pocos gobiernos regionales no estrictamente competentes y mal gestionados. El sistema autonómico ya es básicamente un sistema federal en casi todo, así que los políticos hacen lo mismo en Madrid que en otros sitios. Sí, es feo. La democracia es así.

El otro día en el trabajo me tuve que poner a buscar datos y regulaciones sobre un par de programas federales americanos. Gracias a las maravillas del gobierno abierto y el trabajo encomiable de la administración Obama para publicar datos y estadísticas en internet (mirad el enlace y llorad: es un paraíso friki), encontrar las cifras y legislación no resultó ser demasiado complicado; todo estaba accesible, prácticamente a tiro de Google. El problema, sin embargo, vino después.

La pregunta que debía responder era cómo funciona Medicaid en Connecticut. El problema era, mal que me pese, que por mucho que lo intentara era incapaz de entender la ley federal sobre la materia, básicamente porque el lenguaje legislativo americano es absolutamente incomprensible. Tras un rato dándome de cabezados contra el escritorio, decidí confiar en la “traducción” de la ley a lenguaje humano que habita en una oscura página federal. La información es increíblemente detallada y rica, no hay duda, pero la cantidad de jerga legal, terminología sanitaria obtusa y textos rúnicos sobre seguros médicos raros no era precisamente agradable. Tras un buen rato de lectura (y darme cuenta que tenía que repetir la misma tortura en la infinitamente peor página estatal sobre el ramo), pude finalmente traducir el significado de las bases de datos a algo útil y comprensible, y hacer un par de gráficas bien monas.

La pequeña odisea juridico-matemática resulto ser un ejemplo de libro de las maravillas de la transparencia y el poder del gobierno abierto - y también una muestra perfecta de sus limitaciones. Tenemos acceso a los datos y legislación, tenemos toneladas de documentación y cifras en la red, pero información, lo que se dice información, tenemos relativamente poca: todas esas páginas sobre medicaid necesitan ser interpretadas y traducidas para que tengan sentido.

En el caso de Medicaid, esto es un proceso relativamente fácil y comprensible; al fin y al cabo, es un programa de servicio directo. Ayer andaba haciendo la declaración de la renta, un proceso sólo un poco más sencillo que un experimento de física cuántica aquí en Estados Unidos, y me dediqué a buscar de dónde habían salido alguna de las reglas más absurdas. Está todo en internet, supongo; entender la marabunta de reglamentos obtrusos me supera ampliamente. Me encantaría saber de dónde salen un par de cambios especialmente ridículos este año (¿se nota que me ha salido negativa?) para pegar unos cuantos berridos al legislador que tuvo esa genial idea, pero no hubo manera.

Básicamente, no podemos confundir tener un gobierno abierto y transparente con tener un gobierno que informa sobre lo que hace. Tener acceso a toneladas de producción legislativa, declaraciones y numeritos no nos aporta gran cosa si toda esta información es furiosamente ofuscada por la autoridad competente, o es sencillamente demasiado complicado para entenderlo. Tener los datos es una cosa; poder interpretarlos es algo completamente distinto.

Esto crea un problema adicional: interpretar los datos no es algo completamente objetivo; es algo básicamente político. Cuando escribo un informe sobre los efectos una regulación especialmente obtusa (por ejemplo, que Medicaid ponga un embargo preventivo en tu casa al darte de alta en el servicio) mis conclusiones son esencialmente valorativas, no descriptivas. Si el gobierno explica la regulación más allá de los datos, la justificación es algo que tendra un contenido político.

Cuando hablamos de gobierno abierto, es necesario tener estas cosas en mente. No es cuestión de tener datos, es cuestión de explicarlos bien. Y esto, mal que nos pese, es algo que se debe hacer desde la política; los datos en solitario no explican demasiado.

Actualización: ¿Quiere decir esto que debemos esperar la versión oficial? No, por descontado. Como señalan en los comentarios, los datos deben ser interpretados por la prensa, analistas, frikis y todólogos que se dedican a vigilar al gobierno. Lo que debemos sacarnos de la cabeza es que la base de datos basta; es siempre necesario “traducir” la información, esencialmente politizándola. El gobierno abierto no es cuestión de dar datos; es hacer que esos datos mejoren la política.

Cosa que no deja de ser un problema - ya sabemos que la mejor manera de oponerse a una ley es básicamente leerla de la forma más surrealista posible. Sea la sanidad en Estados Unidos o la Ley de Economía Sostenible en España, el gobierno abierto no evita que los trolls de turno creen interpretaciones horrendas de todo lo que encuentran. A mí me contarán cómo cocinar datos, vamos. Ejem.

El otro día alguien me preguntaba por qué el obstruccionismo radical de los republicanos no era un escándalo nacional en Estados Unidos. El domingo Bob Schieffer, uno de los periodistas americanos más veteranos y (presuntamente) más respetados me ahorró tener que dar una explicación.

Schieffer entrevistaba a Kent Conrad, un senador demócrata más o menos centrista, sobre el futuro de la reforma de la sanidad. El tipo preguntó a Conrad si los demócratas iban a aprobar la ley utilizando el procedimiento de reconciliación, una maniobra parlamentaria restringida a temas púramente presupuestarios y que no puede ser utilizada para cambiar regulaciones. El Senador, ligeramente exasperado, explicó que el Senado ya ha aprobado la ley, esperan que la Cámara de Representantes adopte ese texto, y el Senado utilice reconciliación para pasar enmiendas menores para contentar a sus colegas de la cámara baja. Conrad insistió que estaba a favor de este método, y que iba a trabajar para que fuera aprobada de este modo, siguiendo al pie de la letra el mensaje marcado desde la Casa Blanca.

Todo muy didáctico. El problema vino luego, cuando Schieffer debatía sobre la entrevista en Politico, y dice que Conrad se opone a lo que dice Obama y está en contra de aprobar la ley por reconciliación, ya que el procedimiento sólo sirve para pasar reformas limitadas. Dicho en otras palabras, el tipo no había entendido nada - de hecho, demostraba no entender ni jota en matería de procedimiento parlamentario.

Sé de sobras que el procedimiento legislativo americano no es precisamente algo autoevidente. Sé de sobras que la inmensa mayoría de votantes no tienen ni la más mínima idea sobre cómo narices funciona la bizantina cámara alta americana. Sé de sobras que esos mismos votantes prefieren que Sweeney Todd les corte el pelo a escuchar esta clase de discusiones en la prensa, aunque sean realmente importantes. Lo que no es de recibo es que un tipo que lleva cubriendo la política americana desde 1969 y que en teoría conoce el sistema y poder explicar estas cosas sea incapaz de entender cómo se aprueban las leyes. Si esto es la élite, imaginad el resto del pelotón.

¿A alguien le extraña que los votantes americanos estén tan mal informados sobre política? Los medios no sólo se pasan el día centrándose en lo irrelevante - de hecho, son incapaces de entender qué es importante, hasta el punto de decir exactamente lo contrario (literalmente) sobre lo que está sucediendo.

Una nota final: ¿recordáis Jim Bunning, el encantador senador republicano que estaba bloqueando el solito la ampliación del subsidio del desempleo y reduciendo la financiación de Medicare? El tipo tiene una reputación (bien ganada) de estar ligeramente majara, y andaba hoy por ahí haciendo gestos obscenos (para EUA - no esperéis nada serio) y berreando a periodistas. Lo más surrealista es que si una votación en el Senado levantara el bloqueo, las reglas de la cámara alta dice que deben reservarse treinta horas para debatir la medida, aunque pase 99-1. Básicamente, la gracieta de Bunning se traduce en que el Senado no puede aprobar absolutamente nada esta semana, ya que están “debatiendo”.

Toma gobierno eficaz.

Joaquín Estefanía hoy habla de crisis de las instituciones en España, sin darse cuenta que está describiendo un problema distinto.

Una crisis institucional es lo que vemos en sitios como Argentina o (glups) Estados Unidos. Situaciones como cuando un partido en el gobierno con mayorías enormes quiere aprobar una ley, y la oposición torpedea la acción de gobierno con trucos institucionales variados; o lo contrario, con un gobierno que quiere hacer cosas de forma alegal y utiliza “técnicas creativas” para ocultar información o forzar cambios sin tener los apoyos requeridos. Esta clase de crisis son preocupantes (incluso peligrosas) porque indican que el equilibrio político que recoge la constitución y las leyes no se corresponde con la situación política real.

En España esto no está sucediendo. La oposición puede decir misa; si el gobierno quiere, puede aprobar reformas. Tanto el PNV como CiU están muertos de ganas de reforzar su imagen de seriedad votando por cualquier cosa que suene remotamente competente - en este sentido, tienen más sentido de estado que los inefables líderes del PP. Dejando de lado el esperpéntico diseño del poder judicial español (según el diario de referencia, una pastelería - vaya titular), el resto de las instituciones son perfectamente capaces de aprobar reformas.

Otra cosa es que los políticos que las ocupan quieran hacerlo. Tengo la sensación que el PSOE se dió cuenta hace un par de meses que pueden apuntarse tantos políticos forzando al PP a reconocer que no está para pactos (estrategia no precisamente irracional, insisto, aunque se expliquen de pena), y se han gustado tanto a si mismos poniendo cara de estadista busca-consensos que ahí se han quedado, sin hacer nada relevante. Ninguna novedad, por otra parte; llevan buscano el dichoso pacto social desde que busco la legislatura, no sea que ofendan a alguien o los periodistas les acusen de ser antipáticos.

Una cosa es un sistema político donde los gobernantes se enfrentan a actores inmovilistas con poder de veto, y las decisionesse estrellan contra muros infranqueables de intransigencia de forma constante. Otra cosa es cuando un partido político decide de forma unilateral que todo el mundo tiene poder de veto, y se niega a hacer nada porque una barrera invisible misteriosa no le deja salir de casa. Me temo que el PSOE está cerca de esa clase de neurosis.

Es por eso que la campaña de “esto lo arreglamos entre todos” me hace tanta gracia. Creo que un nombre más adecuado sería “Que alguien haga algo de una puñetera vez, por favor. Lo que sea“.

Un ejemplo muy sencillo y claro sobre por qué Estados Unidos se está convirtiendo en un país ingobernable: la reforma del sistema financiero. He hablado muchísimo (demasiado) sobre los problemas para pasar una ley de sanidad durante los últimos meses. El sistema actual está horriblemente roto, pero aún uno podría pensar que para quien tiene seguro el sistema no parece tan inútil (hasta que tu aseguradora te dice que no te cubre tu tratamiento por alguna excusa barata, claro).

Los bancos y parientes cercanos, sin embargo, son algo distinto. Todo el mundo recuerda de dónde vino la gran recesión; los votantes tienen muy en mente los rescates financieros, la caída de la bolsa, el pánico en los mercados y las hipotecas basura. Los americanos se han hecho un hartón de tragarse tarjetas de crédito abusivas, créditos insensatos y magia negra financiera; lo mínimo que uno espera es que el Congreso entero se ponga las pilas y regule agresivamente a esos estúpidos banqueros que se han hecho ricos a costa de todos.

Un pequeño problema: el partido republicano no está de humor para regular bancos. O al menos no lo hará, si eso da una satisfacción al presidente y al partido demócrata.

Una de las piezas claves de la reforma del sistema es la creación de una agencia de protección al consumidor (Consumer Financial Protection Agency, CFPA) que se dedicaría a vigilar que los bancos no se dedican a esconder cláusulas abusivas en todos sus contratos (sí, del estilo de las que “cazó” el Supremo en España). Las hipotecas basura (las subprime dichosas), sin ir más lejos, no hubieran sido un problema si algo parecido a la CFPA hubiera existido. Pues bien, resulta que los republicanos en el Senado andan diciendo que no, que esto de proteger a los consumidores de toneladas de ofuscación contractual no es algo que les guste, y han dejado claro que si los demócratas pretenden incluir algo así en la ley, la bloquearán, y punto.

Dicho en otras palabras, el parlamento del país más poderoso de la tierra es incapaz de ponerse de acuerdo para aprobar el equivalente legislativo de quitarle el lanzallamas al tipo que ha quemado tu casa hasta los cimientos. Lo más preocupante, sin embargo, es que esto no es en absoluto excepcional; los republicanos están divirtiéndose bloqueando cualquier cosa que les pase cerca. La semana pasada, sin ir más lejos, un senador vetaba la aprobación rápida de una extensión de los subsidios de desempleo, aprovechando una (ridícula) regla parlamentaria que permite a un sólo tipo retrasar legislación hasta que haya 60 votos para levantar el bloqueo. El Senado es, literalmente, el lugar donde la legislación va a morir - la cámara alta está torpedeando cosas urgentes, como cambio climático o regulación financiera, atado en sus propias reglas estúpidas.

La situación es realmente surrealista: el partido de la oposición se pasa el día criticando al partido gobernante de ser incapaz de aprobar nada, mientras se dedica a bloquear todo lo que puede en el Senado. ¿Los medios? Lo suyo ha sido criticar a los demócratas por ser incapaces de llegar a acuerdos consigo mismos (en un sistema que penaliza la disciplina interna) o con los republicanos, ignorando que estos tienen todo los incentivos del mundo (y toda su estrategia de oposición centrada en ello) para poner palos en las ruedas. Todo esto, por descontado, en un país que está sufriendo una crisis económica galopante, tiene un sistema de sanidad totalmente fuera de control, contamina más que nadie y con un sistema financiero desmesurado que ha vampirizado el crecimiento durante décadas. Imaginad si las cosas fueran bien.

El filibusterismo (la práctica que requiere 60 votos en el Senado) corre el riesgo de destruir el país - y lo digo sin exagerar los más mínimo. El sistema era tolerable cuando los demócratas eran una coalición de racistas sureños y progresistas en el norte (tolerable si no eras negro en el sur, claro), ya que permitía llegar a acuerdos extraños para aprobar legislación de vez en cuando. Tras Nixon, cuando el partido republicano progresivamente se convirtió en una coalición conservadora de arriba a abajo (controlando el sur en bloque), llegar a acuerdos se ha vuelto imposible. O Estados Unidos reforma el Senado pronto, o tendrán (tendremos) un problema grave.

Por cierto, para los amantes del cinismo político extremo: los bancos (o alguien con mucho dinero; el grupo detrás de los anuncios se niega a publicar quién les financia) están emitiendo anuncios en contra del “rescates de cuatro billones de dólares” que está debatiendo el Senado. Lo decía un estratega republicano el otro día - la mejor manera de oponerse a a una ley que restringirá los beneficios de los bancos es directamente mentir, diciendo que la reforma es regalarles dinero. No es que el partido demócrata (y su horda de cagamandurrias descerebrados) sea algo maravilloso, pero los conservadores no tienen remedio.