Este fin de semana me decían por los comentarios que me paso la vida lloriqueando que gobierno y oposición no parecen estar por la labor de pasar reformas, pero nunca acabo de proponer nada concreto - aparte de la reforma laboral. La verdad, algo de razón tienen, así que me parece que vale la pena hacer un pequeño listado de cosas que creo son urgentes y otras que son necesarias, aunque no corran tanta prisa.

• Reforma laboral: sí, me repito, pero creo sinceramente que es crucial. Y repito, no hace falta ir hacia el despido libre o neoliberalismo bastardo; es perfectamente posible mejorar el horripilante sistema actual sin recortar derechos.
• Reducir regulaciones absurdas: España es un país donde abrir una empresa toma dos meses, conseguir permisos para cualquier tontería una eternidad y contratar o despedir a un trabajador requiere cantidades de papeleo ingente. La administración tiene que ser muchísimo más ágil. Y sí, los notarios tienen que desaparecer a medio plazo.
• Reformar la justicia: el modelo actual era aceptable en tiempos de Napoleón - ahora necesitamos algo más ágil.
• Simplificar el sistema fiscal: España ha abrazado esa absurda manía conservadora de hacer política social a golpe de desgravaciones fiscales. Si queremos que los españoles tengan más hijos, poned guarderías gratuitas, porras, no pongáis catorce claúsulas extrañas que no hacen más que dar trabajo a contables. Lo mismo se aplica al cada vez más surrealista derecho mercantil o laboral; todo es dar descuentos incomprensibles y horriblemente ineficientes. Eliminar deducciones, aumentas la recaudación, puedes bajar los impuestos - y das más flexibilidad a la economía.
• Profesionalizar la administración: crucial para combatir la corrupción, junto con una reforma del increíblemente torpe sistema de financiación local.
• Olvidarse de los sueños de política industrial: lo que comentaba Jorge va a misa.
• Políticas agresivas de competencia y liberalización: España tiene un montón de sectores con muy poca competencia - las comunicaciones, por ejemplo, son un ejemplo claro. No sería mala idea sacar la motosierra y dividir Telefónica en dos o tres empresas, por ejemplo. Y no son los únicos.
• Infraestructuras: más trenes. Muchos más trenes. Sobre todo trenes de mercancias, y pasar la red a ancho UIC.

Dicho en pocas palabras, el estado debe hacer dos cosas: mantener el estado del bienestar intacto, y salirse del medio. Más concretamente, asegurarse que  invertir sea fácil, y eliminar cuellos de botella absurdos en la economía. El estado debe asegurarse que el sistema educativo funciona, los transportes tienen la capacidad adecuada y que el dinero puede encontrar las buenas ideas y descartar las malas, minimizando los costes de transacción.La productividad y los sectores estratégicos vendrán sólos, cuando el mercado descubra él solito qué es lo que podemos hacer mejor (sospecho que trenes, por cierto. Pero eso es para otro día).

¿Más adelante? La lista sería larga. El estado de bienestar debe potenciarse, especialmente en temas de dependencia y en formación profesional. Necesitamos una reforma educativa (algo que, por cierto, parece que PP y PSOE si serán capaces de consensuar), y dinamitar el sistema universitario. El sistema de financiación autonómico necesitará retoques serios, asegurando que quien gaste el dinero sea el que lo recaude. El sistema para designar jueces es una chapuza; necesita reformas. Las leyes de urbanismo deben ser cambiadas. Reformar el sistema de cajas de ahorros, despolitizándolas tanto como sea posible, o incluso privatizándolas. Políticas de empleo más activas, con una reforma del subsidio de desempleo. La sanidad necesita retoques (siempre los necesita), el sistema de pensiones también, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo importante, sin embargo, es arreglar el mercado laboral y hacer la economía más flexible, eliminando barreras a la entrada y papeleo y favoreciendo la competencia. La única reforma realmente complicada es el mercado laboral (y cargarse Telefónica), el resto son relativamente fáciles de aprobar. Creo que es un programa factible - y creo que más coherente que la búsqueda de consensos obsesiva del gobierno. Jordi Sevilla tiene razón: necesitamos un plan. El gobierno parece no tenerlo.

Excelente artículo hoy en El País sobre los costes reales de despedir un trabajador indefinido. Los empresarios prefieren pagar los 45 días de un despido improcedente a comerse la marabunta judicial que supone intentar justificar que realmente necesitas echar a alguien.

Tres comentarios. Primero, me parece que esto deja relativamente claro que el sistema de control judicial del despido es básicamente kafkiano. Cuando una empresa prefiere pagar más del doble para evitar perder varios meses en los tribunales es que algo no funciona. Segundo, los costes de despido en España son realmente altos; incluso cuando la empresa quiere ahorrarse dinero, eso le cuesta mucho dinero. Tercero, y más grave, un empresario puede escoger entre costes ridículos o impredecibles, y parecen estar escogiendo lo primero. Me parece casi imprescindible racionalizar el sistema y dejar de intentar arreglar las cosas a base de añadir nuevos tipos de contrato; sólo estamos creando trabajo para abogados.

Lo que realmente me parece incomprensible, sin embargo, es que el gobierno ande intentando arreglar este problema creando aún más reglas y mecanismos legales. El mercado laboral es tan rígido, complicado y confuso que los empresarios prefieren pagar indemnizaciones gigantes antes que volverse loco con tanta regla. A estas alturas, mejor crear un contrato simplificado y fácil de entender idéntico para todo el mundo y con costes automáticos (y sin “neoliberalismos“) que imponer aún más regulación.

Iba a escribir sobre las varias reformas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, pero Jorge Galindo tiene dos artículos excelentes sobre el tema ya escritos. Los podéis leer aquí y aquí. También echa un vistazo a las propuestas del PP, que Rajoy intenta explicar estos días entre el ruido generado por la inefable Esperanza Aguirre.

He criticado el gobierno a menudo por hacer propuestas poco ambiciosas que no cambiarán gran cosa de nuestro absurdo modelo productivo. Aún así, las propuestas de Zapatero al menos tienen cierto contacto con la realidad y la arimética básica: sus previsiones sobre crecimiento pueden ser un poco demasiado optimistas y sus recortes de gasto quizás un poco demasiado ambiciosos, pero al menos quieren subir impuestos y gastar menos sobre el papel.

Mariano Rajoy no presta atención a esos nimios detalles contables. Estos días el PP anda proclamando que pueden bajar impuestos a muerte y a saco (sociedades y seguridad social) y dejar los actuales como están (IVA e IRPF), hacer cambios básicamente cosméticos al gasto (eficiencias, esa palabra mágica que todo el mundo dice favorecer) y no ya reducir el déficit, sino crear superávit en unos añitos. Todo ello, por descontado, sin una sóla reforma estructural remótamente ambiciosa, no sea que alguien se enfade.

Lo más delirante, sin embargo, es que el presunto partido conservador ha decidido hacer oposición en base a uno de sus impuestos preferidos, el IVA. Tradicionalmente los economistas liberales (y el PP con ellos) han defendido eso de gravar poco lo que queremos que haya más (trabajo, empresas) y gravar mucho lo que queremos que haya algo menos (consumo). La progresividad o regresividad del sistema fiscal nunca les ha importado demasiado, siendo los recortes impositivos de Aznar una muestra clara.

Estos días, sin embargo, Rajoy prefiere no ya hacer demagogia pretendiendo que el déficit fiscal desaparece mágicamente, sino anda directamente criticando lo que tradicionalmente siempre han defendido. El PSOE (con cierta razón) ha decidido que para cerrar el titánico déficit público es necesario hacer un poco de todo, combinando pequeñas subidas fiscales en varios impuestos y recortes de gasto realistas, sin pretender que el estado puede ahorrar buscando quiméricas eficiencias. De esto modo no perdemos demasiadas partidas importantes, y a la vez nos aseguramos que todos pagamos un poco más. La respuesta del PP es, como de costumbre, ignorar la mayor (las reformas estructurales que faltan) y centrarse en criticar un incremento fiscal relativamente menor a base de fantasías matemáticas.

La subida de impuestos es, en cierto sentido, un problema parecido al retraso de la edad de la jubilación. Tenemos dos opciones: podemos dejar las cosas como están, y vernos obligados a subir impuestos y recortar gasto en serio para cerrar el déficit, o podemos pasar reformas estructurales serias, intentar aumentar la tasa de actividad, empleo y productividad a medio plazo, y ahorrarnos estas subidas fiscales que nadie quiere.

Si el PP quisiera ser una oposición responsable y tuviera un plan de reformas con cara y ojos, Rajoy no andaría criticando el gobierno por subir impuestos: estaría protestando que el gobierno no está haciendo nada para hacer esta subida algo inevitable. Las reformas que tendría el PP en su programa no me gustarían demasiado (fiscalidad más regresiva, despido libre en vez de una solución creativa, menos gasto social, nada de fiscalidad verde, etcétera), pero tendrían al menos una vaga relación con el problema que tenemos entre manos o el hecho que dos y dos son cuatro.

Lo que tenemos, en cambio, es un gobierno que no quiere pasar reformas serias (¡reformas que no tienen por qué ser neoliberales!) y una oposición que no se toma gobernar en serio. Así nos va.

Moncloa ha cambiado el director de comunicación esta semana. El relevo no es una sorpresa; muchas voces en el PSOE llevan una buena temporada quejándose que el gobierno no sabe explicarse. No conozco demasiado al nuevo Secretario de Estado, aparte de su nombre y el hecho que lleva trabajando en la prensa escrita desde hace décadas. La verdad, cuando anunciaron el nombre sólo le recordaba como director de Público, aunque no soy de los que presta demasiada atención a quién escribe la noticia al leer el periódico.

Varios comentarios son de rigor. El primero, y más obvio, es que la política de comunicación de un gobierno es, hasta cierto punto, secundaria. Lo importante no es tanto qué dices sino los resultados objetivos de tus políticas. Si la economía va mal y el paro está por las nubes ya puedes tener a Cicerón y Abraham Lincoln escribiéndote discursos, que tu gbierno no irá a ningún sitio. La principal preocupación de un político que aspire a ser reelegido es hacer bien su trabajo, no escribir fantásticas notas de prensa.

Por descontado, la política de comunicación no es totalmente irrelevante, eso está claro. Aún así, el problema de los últimos meses no es que el gobierno no sea bueno transmitiendo mensajes - el problema es que realmente no saben qué mensaje transmitir. El espectáculo de marchas y contramarchas constantes cada vez que un ministro propone una medida es realmente desesperante no por ser un fallo de comunicación, sino por ser una muestra de falta de una dirección política clara. Cuando no sabes dónde vas, es muy difícil explicarle al pasaje qué bonito es el destino, o justificar por qué la carretera está llena de baches, al fin y al cabo.

Moncloa puede que necesitará un nuevo equipo de comunicación, pero la prioridad debería ser otra. Más que un tipo con muchos amigos en la prensa capaz de preparar un mensaje que sea fácilmente masticable por reporteros con pocas ganas de leer demasiado, el gobierno necesita un buen jefe de gabinete, alguien que sea capaz de dar una estrategia global para salir de la crisis. Nada de globitos, nada de exploraciones, nada de ministros campando a sus anchas; alguien necesita escribir una Biblia de gobierno de diez páginas, esculpirla en mármol, y utilizarla para atizar la cabeza de todo político que se acerque a un microfono. Un plan, una idea, un mensaje  - y quien se mueva es lanzado al pozo de las pirañas.

Por descontado, esto no es trabajo para un periodista, por mucho que sea licenciado en políticas. Esta es la clase de cosas para los que reclutas a políticos unicejos incapaces de hacer amigos; uno de esos buitres que duermen con un ojo abierto. Alguien como Leo McGarry pero con (más) mala leche; Malcolm Tucker, sólo que un poco más agresivo. Un apparatchik del partido de verdad, de los que cortan árboles a dentelladas en su tiempo libre.

Por descontado, no es un trabajo que tenga que hacer el presidente del gobierno. Zapatero no está en Moncloa para hacer llorar a hombres adultos como niñitas, sino para tomar decisiones. Lo suyo es decidir qué hay en el programa y venderlo; lo de pegar gritos y asegurarse que todo el mundo está en la misma página es para el tipo antipático del despacho de al lado.

Esto no va a salvar al gobierno mágicamente, claro esta: si tu programa de gobierno es malo, no importa lo bien que lo implementes que te estrellarás igual. La planificación previa y la estructura básica del program de gobierno son pasos necesarios para que las medidas salgan de forma ordenada se apliquen de forma coherente, pero tampoco te darán las elecciones.

Resumiendo, bien por Moncloa decidiendo que tienen que introducir cambios. Ahora falta esperar que estos no sean los únicos; hay que mejorar más cosas. Y hacer las cosas bien, ante todo. Ya se sabe.

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Pregunta simple, respuesta simple: cuando tanto sindicatos como empresarios salgan de la reunión medio enfadados. Ambos actores tienen que contentar a dos públicos distintos; sus miembros “viejos”, ganadores en el status quo pre-crisis (los jarrones Ming laborales para los sindicatos, empresarios de trabajo basura para la patronal) y sus miembros “nuevos”, que se llevaron todas las tortas antes de la crisis y se han comido todo el marrón durante la recesión (jóvenes demasiado cualificados y empresas centradas en la productividad).

La reforma laboral tiene que hacer posible un cambio de guardia ordenado: tenemos que poder retirar / reconvertir a los fósiles que vivían demasiado cómodos (y si alguien no quiere adaptarse ni con ayudas, es su problema) y permitir que todo ese potencial que hemos tirado a la basura durante décadas se desarrolle y crezca. Si patronal y sindicatos no pasan apuros tremendos para convencer a parte de sus miembros que la reforma es necesaria e inevitable, el gobierno no ha hecho las cosas bien.

Por lo que respecta al gobierno, Obama ha dicho hoy una cosa hablando de la reforma de la sanidad que ojalá repita Zapatero algún día: “I don´t know if this is good politics, but I do know it is the right thing to do” (no sé si esto es bueno políticamente, pero sí sé que es lo que necesitamos hacer). Los votantes quieren cosas que suenen bien, cierto - pero ante todo, quieren cosas que funcionen. Si los socialistas quieren tener alguna oportunidad el 2012, tienen que preocuparse en aprobar buenas leyes, no reformas que queden bien en las encuestas.

No hace falta que diga que ni lo que dice el gobierno, ni la burrada que propuso la patronal anteayer son remotamente buenas. Lo que escribía Díaz Ferrán ayer no es horrible, pero su credibilidad es totalmente nula - el hecho que él sea el negociador, de hecho, me hace pensar que la Patronal no tiene el más mínimo interés en cambiar el mercado laboral, cuidando a su casta de empresaurios basuristas por encima de todo. Los sindicatos sí quieren cambiar cosas, pero no hasta después de la crisis - es decir, demasiado tarde para salvar a Zapatero. Quizás son de los que creen que contra Aznar vivíamos mejor, y prefieren que la reforma la haga el PP.

No sé si en Moncloa se dan cuenta, pero el gobierno no está negociando con nadie. Quizás va siendo hora que decida hacer algo de una puñetera vez.

De vez en cuando en España se escuchan voces quejándose que el sistema autonómico es una subasta constante entre jefecillos locales pidiendo a gritos que les den dinero. Lo que necesitamos, dicen muchos, es un sistema federal de verdad, de esos que tienen otros países con gente menos bajita, menos gritona y menos cejijunta. El federalismo es sobrio, elegante, racional. Nada de gritos y negociaciones por dinero y gasto público.

Ayer, en la tierra del federalismo realmente existente (básicamente, el lugar donde lo inventaron) me acordé de estos debates al escuchar un programa local en NPR. Los tipos estaban hablando (muy sesudos ellos; NPR es básicamente gafosa) sobre política estatal; más concretamente, por qué la gobernadora Jodi Rell se había quedado en Connecticut, en vez de asistir a una reunión de gobernadores en Washington DC. Sí, Rell está trabajando en el presupuesto del estado (con una agujero fiscal enorme, y sin poder tener déficits), pero hubiera hecho bien de ir a la capital, a ver si podía conseguir más dinero del gobierno federal para proyectos y programas variados. Nueva York está ganando muchos proyectos, ¿Por qué no Connecticut?, decían.

Es una critica muy habitual, y un debate que se escucha constantemente en todos los estados. Los senadores y representantes en el Congreso trabajan muy, muy duro para conseguir dinero federal (utilizando el horrorosamente disfuncional sistema presupuestario americano), y venden sus logros como posesos. Si los americanos hablaran castellano y fueran menos educados, uno escucharía eso de “¿qué hay de lo mío?” muy a menudo por Washington.

En fin, no nos engañemos: la descentralización política acarrea necesariamente un cierto nivel de subasta y no pocos gobiernos regionales no estrictamente competentes y mal gestionados. El sistema autonómico ya es básicamente un sistema federal en casi todo, así que los políticos hacen lo mismo en Madrid que en otros sitios. Sí, es feo. La democracia es así.

En las últimas semanas me he dedicado a atizarme de forma entusiasta con José Rodríguez sobre la reforma laboral. El debate ha sido muy bueno, y tengo que decir que he aprendido mucho, aunque no estemos de acuerdo en muchos temas. José puede estar equivocado en algunas cosas, pero siempre tiene un argumento lógico y más o menos coherente, entendiendo qué tenemos que arreglar.

La patronal española, sin embargo, no parece saber en qué país vive - más bien lo contrario. La última genialidad que han puesto sobre la mesa, de hecho,  es de una indigencia intelectual que asusta. Si el mercado laboral español sufre de una organización totalmente irracional, víctima de una dualidad endémica que crea todos los incentivos del mundo para crear empleo basura, los genios de la patronal han decidido profundizar en este aspecto con la creación de otro contrato. Para salir de la crisis, los menores de treinta años podrán trabajar en un contrato de un año, con indemnización por despido cero, el empresario pagando cero cotizaciones sociales y sin derecho a recibir el subsidio de paro cuando se vayan a la calle. Nada de combatir la dualidad: lo nuestro es asegurar que la subcasta de empleados basura sean aún más atractivos comparados con los indefinidos.

Si queremos que la economía genere empresas sólidas e innovadoras, queremos un mercado laboral donde se pueda planificar a largo plazo, con trabajadores con contratos indefinidos. Ahora mismo, pasar una persona de temporal a indefinida implica un cambio de un tipo con coste de despido básicamente cero a uno que (con suerte) te cuesta 33 días por año (más habitualmente, 45). Las empresas españolas han decidido evitar el problema utilizando la opción más fácil y menos kafkiana, creando empleo de baja cualificación a patadas, temporal y totalmente prescindible. La patronal, en vez de intentar racionalizar el sistema haciendo el empleo a largo plazo más atractivo (y - repito - no hace falta abaratar el despido), ha decidido que lo suyo es profundizar en el cortoplacismo, haciendo el empleo estable aún más caro en comparación al trabajo basura.

La propuesta no es una solución de los problemas actuales o un cambio del modelo productivo - es una profundización del modelo actual en toda regla. En vista que nuestras empresas, que han vivido de empleo temporal poco productivo durante los últimos quince años, están pasando problemas, no se les ha ocurrido nada mejor que hacer el empleo temporal poco productivo aún más barato, a ver si haciendo la basura más atractiva podemos volver donde estábamos antes. La patronal no está poniendo sobre la mesa reformas que ayuden a la economía española a modernizarse; lo que están haciendo es defender el modelo de negocio cavernícola que sus miembros más influyentes han utilizado hasta ahora.

En fin. Entre que los empresarios han decidido que lo suyo no es cambiar y que el PP anda ofreciendo propuestas de fantasía (¡menos impuestos! ¡menos déficit! ¡ahorro imaginario!), me temo que el gobierno está básicamente solo. Suena aterrador, pero Zapatero y los sindicatos son los invitados más audaces y realistas de este baile.

Cielos.

El gobierno ha decidido impulsar de forma decidida un nuevo modelo productivo: en vez de construir miles de casas, España se dedicará ahora a cambiar las ventanas y limpiar la fachada de las ya existentes. Jorge Galindo echa un vistazo a los números, y explica por qué no cuadran.

Y no, yo tampoco entiende qué pretenden con más viviendas de protección oficial. Supongo que tener un par de millones de viviendas vacias es un signo que la oferta es escasa. En fin, ambición y tal.

Joaquín Estefanía hoy habla de crisis de las instituciones en España, sin darse cuenta que está describiendo un problema distinto.

Una crisis institucional es lo que vemos en sitios como Argentina o (glups) Estados Unidos. Situaciones como cuando un partido en el gobierno con mayorías enormes quiere aprobar una ley, y la oposición torpedea la acción de gobierno con trucos institucionales variados; o lo contrario, con un gobierno que quiere hacer cosas de forma alegal y utiliza “técnicas creativas” para ocultar información o forzar cambios sin tener los apoyos requeridos. Esta clase de crisis son preocupantes (incluso peligrosas) porque indican que el equilibrio político que recoge la constitución y las leyes no se corresponde con la situación política real.

En España esto no está sucediendo. La oposición puede decir misa; si el gobierno quiere, puede aprobar reformas. Tanto el PNV como CiU están muertos de ganas de reforzar su imagen de seriedad votando por cualquier cosa que suene remotamente competente - en este sentido, tienen más sentido de estado que los inefables líderes del PP. Dejando de lado el esperpéntico diseño del poder judicial español (según el diario de referencia, una pastelería - vaya titular), el resto de las instituciones son perfectamente capaces de aprobar reformas.

Otra cosa es que los políticos que las ocupan quieran hacerlo. Tengo la sensación que el PSOE se dió cuenta hace un par de meses que pueden apuntarse tantos políticos forzando al PP a reconocer que no está para pactos (estrategia no precisamente irracional, insisto, aunque se expliquen de pena), y se han gustado tanto a si mismos poniendo cara de estadista busca-consensos que ahí se han quedado, sin hacer nada relevante. Ninguna novedad, por otra parte; llevan buscano el dichoso pacto social desde que busco la legislatura, no sea que ofendan a alguien o los periodistas les acusen de ser antipáticos.

Una cosa es un sistema político donde los gobernantes se enfrentan a actores inmovilistas con poder de veto, y las decisionesse estrellan contra muros infranqueables de intransigencia de forma constante. Otra cosa es cuando un partido político decide de forma unilateral que todo el mundo tiene poder de veto, y se niega a hacer nada porque una barrera invisible misteriosa no le deja salir de casa. Me temo que el PSOE está cerca de esa clase de neurosis.

Es por eso que la campaña de “esto lo arreglamos entre todos” me hace tanta gracia. Creo que un nombre más adecuado sería “Que alguien haga algo de una puñetera vez, por favor. Lo que sea“.

Esta semana nos hemos divertido mucho con la triste actuación de Maria Dolores de Cospedal en el Senado. Es cierto que la pregunta es básicamente estúpida y que la imagen que ha dado ha sido lamentable, pero me parece que -para variar- nos hemos centrado todos en lo irrelevante.

El problema de Cospedal no ha sido que no se explicara bien o que diera una muestra (otra) de poco talento comunicativo; el problema es que estaba haciendo una pregunta sobre un tema serio, y que nadie pareciera preocuparse lo más mínimo (Cospedal incluída) sobre la materia. No me refiero a la absurda posibilidad de montar una base militar americana en Ciudad Real; lo que sí merecía una pregunta parlamentaria era pedir explicaciones por ese elefante blanco en medio de la nada.

El aeropuerto de Ciudad Real es (en teoría) privado, con una inversión de 1.100 millones de euros. A la práctica, la infraestructura recibió una cantidad considerable de ayudas públicas o semi públicas (con la caja de ahorros regional metida hasta las cejas), así que los contribuyentes han participado en la broma. Algo bastante importante, porque ahora mismo el aeropuerto tiene un vuelo regular (sí, uno) y una terminal de carga con tráfico muy, muy, muy modesto. Estaría bien que alguien nos contara por qué alguien ha construido, qué ayudas públicas ha recibido (fiscales, directas y financieras) y cuánto dinero nos va a costar la broma.

Por descontado, todo esto sería hablar de cosas substantivas y serias, no de las posturitas y relaciones públicas de este reality show que es la política. No sea que aprendamos algo por error cuando estamos cubriendo estas cosas, cielos santo. Sí, Cospedal necesita asesores - más concretamente, gente que sepa qué está pasando en el mundo.