La crisis económica está siendo mala para todo el mundo, especialmente para los concesionarios de coches. En Estados Unidos miles de vendedores de coches están cerrando las puertas. El mercado está muerto y nadie está comprando, y para hacer las cosas difíciles, la red de servicio de las tres grandes es gigantesca, herencia de esos días que tenían un 80 ó 90% de las ventas.

Esta situación ha llevado a situación curiosas, como la asociación de concesionarios de coches pidiendo en el Congreso que salven GM y Chrysler, o -más surrealista- que algunos municipios del país se hayan decidido a rescatar su propio concesionario local.

El motivo es a la vez tremendamente racional y completamente absurdo. En California un porcentaje significativo de los ingresos de los ayuntamientos se derivan de los impuestos de ventas minoristas. En un pueblo pequeño con un concesionario que da un servicio regional, el vendedor de coches usados de las afueras puede estar aportando muchísimo dinero a las arcas municipales; un 40% del impuesto de ventas, en algunos casos.

La decisión de “salvar” el concesionario con un préstamo de emergencia puede parecer una idea estupenda para los políticos locales, especialmente si los del pueblo de al lado dejan quebrar a su vendedor de coches sin darles ninguna ayuda. En cierto sentido, es una versión a escala local de la maldición de la política industrial.

Lo que es curioso es que esta clase de ciclos de ayudas y protecciones es algo bastante característico cuando un sistema político gobierna sobre un territorio que depende muchísimo de un determinado sector económico. Si un estado o región recolecta la mayoría de sus ingresos de una sola industria, los gestores de esa industria podrán extraer concesiones espléndidas de las autoridades cuando las cosas no van bien. En Estados Unidos tenemos la República Popular de las Tarjetas de Crédito (Delaware), la República Democrática de Aseguras y Hedge Funds (Connecticut) y la Confederación Banquero-Bursatil del Este (Nueva York), sin ir más lejos; estado con legislaciones (e impuestos) hechos a medida de las industrias predominantes.

Esto puede tener sentido en algunos contextos, pero no lo tiene en absoluto en otros. Connecticut tiene una estructura fiscal estatal muy regresiva para hacer felices a los mega-ricos de Fairfield; la ciudad de Nueva York tiene una autonomía gigantesca respecto al resto del estado (que se venga siempre que puede interferiendo tanto como puede), y Delaware es un sitio imposible para evitar que Visa y Mastercard te hagan filetes cuando no pagas tus facturas.

Fuera de Estados Unidos hay ejemplos en todas partes. En España, sin ir más lejos, tenemos esa misteriosa relación de amistad entre promotores y ayuntamientos costeros o la curiosa devoción en Murcia para hablar sobre agua todo el santo día. En países productores de petróleo, esta clase de problemas es una de las consecuencias añadidas de la maldición de los recursos naturales, etcétera, etcétera.

Eso lleva a dos conclusiones no por obvias menos importantes: primero, depender de una industria de forma excesiva es muy mala idea. No sólo te garantiza que si ese sector va mal el país o región lo pasará muy mal, sino que además crea una serie de incentivos horribles en el sistema político que harán que la política económica tienda a ser espectacularmente mala. En algunos casos con concentraciones regionales fuertes, eso hará que los representantes que se envíen a la capital sean tipos obsesivos que causen horribles distorsiones en la política nacional.

En Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos a los representates y senadores de Nueva York y Connecticut monopolizando los comités que regulan el sector financiero, todo Iowa en agricultura, y así sucesivamente. Las leyes que aprobarán favorecen a “sus” industrias, pero no serán necesariamente buenas para el resto del país.

Segundo, uno tiene que tener mucho cuidado al decidir qué impuesto financia qué administración pública. El ejemplo español de municipios recaudando dinero gracias a licencias para construir es un caso muy claro; si el político maximizará su presupuesto favoreciendo a un sector de la economía, hará lo imposible para que ese sector crezca. Una administración tiene que recaudar -idealmente- el dinero que va a gastar; es importante, sin embargo, que esa recaudación no venga sólo de una o dos fuentes muy concretas.

Tags: Política industrial, Sistema fiscal

This entry was posted on Thursday, January 29th, 2009 at 2:09 am and is filed under economía, ingeniería institucional . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.