Leyendo esto, me he acordido de la búsqueda de las esencias y las paredes no neutrales (no preguntéis por qué)

En 1900 España era, primero, un país católico (sería consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en 1919); segundo, era puro pueblo, como bien observa Ortega y Gasset; terero, era pura provincia, otra certa intuición de Ortega.

Esa triple realidad nacional condicionó lógicamente el despertar cultural de España. Por distintas razones -el poder social de la Iglesia, educación en los colegios religiosos, la cuestión de la fe, crisis de las vocaciones sacerdotales- religión y catolicismo siguieron interesando de muchas formas a la visión de España de intelectuales, escritores y artistas (…)

Del mundo católico surgieron iniciativas y esfuerzos culturales estimables. El Seminario Pontificio de Comillas pasó a ser en 1904 Universidad Pontificia (…) En 1909 el padre jesuita Angel Ayala creó secundado por Angel herrera Oria la asociación católica de propagandistas, orientada a la formación de minorías dirigentes católicas para el país. En 1910 apareció “El Debate” al que desde 1911Angel Herrera Oria fue convirtiendo en un diario católico moderno. En 1916 los jesuitas abriron en su universidad de Deusto una Facultad Comercial para la capacitación profesional  (y católica) de economistas y técnicos de empresa.  (…) José María EScrivá de Balaguer creó el Opus Dei en 1928. El catolicismo socialimpulsó la creación de Círculos católicos Obreros. (…) Paralelamente fueron articulándose las bases del pensamiento social católico moderno. (…)

Pero el balance de todo ello fue casi siempre contradictorio y las más de las veces decepcionante. Salvo alguna rara excepción -lo dominicos neotomistas Juan Gonzalezález Arintero y Frencisco Marín Sola y el presbítero Gallego Angel Amor Ruibal- la teología española fue intelectualmente nula. Fuera de la obra de Amor Ruibal, nunca bien vista oficialmente, el modernismo religioso apenas tuvo repercusión en el país. Al contrario, varios textos oficiales de Roma condenatorios del modernismo fueron escritos por cardenales españoles. La jerarquía Española de las primeras décadas del siglo estuvo casi unánimente anclada en posiciones integristas y antiliberales.(…)

Para decepción de sacerdotes como Arboleya, el asociacionismo obrero católico, cualquiera que fuese su éxito, o dervó hacia labores puramente asistenciales y mutualistas o estuvo al servicio del empresariado católico. A la Iglesia española le preocuparon ante todo el culto y el cumplimiento de los preceptos religiosos, la paz social, las costumbres públicas y la moral familiar y sexual, cuestiones que abordó desde posiciones estrictamente ortodoxas y fuertemente reaccionarias. (…)

Religiosidad, toros, zarzuela, jotas, madrileñismo, andalucismo local, éste era el verdadero nacionalismo popular español. Los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, los escritores del 98, Ortega, Juan Ramón Jiménez la detestaron: “sí, el flamenquismo, la torería, la pornografía, el génerochiquismo, todo es igual” escribía en 1911 Unamuno.

Juan Pablo Fusi en “La España del siglo XX” de Santos Juliá, José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Juan Pablo Fusi. Pg 546 a 552

Durante la discusión de los dos posts anteriores sobre las imperfecciones en el mercado laboral y el de productos, el debate ha terminado degenerando en una especie de competición dónde unos nombrábamos fricciones posibles y otros sin negar su existencia minimizaban su importancia confiando en la fuerza de la competencia a la hora de limitar las rentas. El problema, por lo visto, es fundamentalmente empírico. ¿Con cuál de los dos modelos encaja mejor el mundo real, con el competitivo o con el monopolístico?

Un caso interesante para chequear cada hipótesis es el salario mínimo en el mercado laboral. ¿Cómo afecta el salario mínimo al equilibrio del mercado laboral? En la medida en que cada modelo genera predicciones distintas, se puede chequear empíricamente su validez viendo cuales de las predicciones se adaptan mejor a la realidad. Recordamos por tanto las predicciones de cada modelo (i) y después vemos la evidencia empírica (ii)

(i)Teoría: El análisis económico del salario mínimo

En un modelo competitivo, las empresas igualan el salario a la productividad marginal multiplicada por el precio. Es decir, las empresas aumentan el número de trabajadores hasta que el último trabajador produce exactamente lo que hay que pagarle. Los trabajadores, por su parte, plantean sus demandas eligiendo entre dos bienes, el ocio y el consumo. En equilibrio, el salario que se paga refleja exactamente el valor del ocio para el trabajador y los trabajadores que no están empleados son sólo los que no aceptan trabajar recibiendo lo mismo que producen. Si el salario estuviera por debajo, otra empresa pujará por el trabajador haciéndolo subir, si el salario está por encima todos los trabajadores serán atraídos por esta empresa. Decimos que el paro es “voluntario”. El efecto del salario mínimo en este sentido introduce una brecha entre trabajadores dispuestos a trabajar por ese salario y empresas dispuestas a contratarlos generando “paro involuntario”. La predicción es por tanto que la introducción de un salario mínimo reducirá considerablemente el empleo, especialmente de los trabajadores menos cualificados que son los que tienen menos productividad y deberían ser pagados por debajo de ese salario.

Esta idea cambió sustancialmente cuando en 1946 Georges Stigler (economista de Chicago-liberal- y posterior premio Nobel) escribió un artículo fundador admitiendo la posibilidad teórica de que un aumento del salario mínimo aumentara el número de contrataciones si “el empleador dispusiera de un grado de control significativo sobre el salario que paga”. Es decir, si el empleador tiene poder de monopsonio. Cuando existe poder de monopsonio, vimos, el resultado de equilibrio es que el salario está por debajo de la productividad marginal y el empleo es menor que en competencia perfecta. Esto es así porque contratar un trabajador adicional tiene dos costes: el coste del salario que hay que pagar al trabajador adicional y el coste en que se incurre al hacer subir el salario de mercado que debe ser pagado a todos los trabajadores.

¿Cuál es el efecto del salario mínimo en un mercado monopsonístico? Si el Estado fija el salario un poco encima del salario elegido por el empresario, entonces éste ve su margen reducido. Sin embargo, como había una brecha entre la productividad y el salario qeu pagaba, este margen sigue siendo positivo siempre que el aumento sea pequeño de modo que el empleo no disminuye. Al mismo tiempo, al aumentar el salario habrá trabajadores que buscarán empleo más intensamente, que se incorporarán al mercado de trabajo o que que aceptarán trabajos que antes no aceptaban. El efecto del salario mínimo es por tanto el de aumentar el empleo total y el salario de los trabajadores que están al principio de la distribución de salarios a costa de las rentas empresariales.

Este efecto no es sin embargo el único. Al igual que en el modelo competitivo, al aumentar el salario mínimo, habrá trabajadores poco productivos que serán excluidos del mercado de trabajo y eso reducirá el empleo. Sin embargo, en la medida en que el primer efecto domine -es decir, para salarios mínimos relativamente bajos- el efecto neto será aumentar el empleo y el salario de los menos cualificados. La relación entre salario mínimo y empleo es por tanto en forma de U invertida; para niveles bajos un aumento del SMI aumenta el empleo, para niveles intermedios tiene un efecto relativamente neutro y para niveles altos el empleo cae.

(ii) Evidencia empírica

¿Cuál de los dos modelos es una mejor representación de la realidad? Es decir, ¿aumenta realmente el salario mínimo el desempleo y significa eso qeu los mercados de trabajo son muy competitivos como o por el contrario el poder de monopsonio es sustancial y el salario mínimo tiene un efecto pequeño o nulo? Para un análisis detallado os remito a la serie que escribió Jose sobre el tema (i, ii), aquí quiero explicar el experimento “natural” que hicieron Alan Krueger y David Card sobre el asunto que les llevó a escribir después un libro. (artículo original, gratis, aquí)

En 1992 el Estado de New Jersey aumentó de forma relativamente súbita el salario mínimo en un 19% (es decir, bastante). Por el contrario, la situación en el Estado vecino de Pennsylvania no varió. Card y Krueger pensaron entonces aprovechar esta situación natural de estática comparativa para chequear los resultados de los modelos que hemos visto. Para verlo, se fijaron en la industria de la comida rápida situada en ambos estados. ¿Por qué la comida rápida? Bueno, la comida rápida emplea el tipo de mano de obra que suele estar empleada al salario mínimo y la rentabilidad de los restaurantes depende directamente del nivel del SMI. El razonamiento al que se adhieren los economistas como Kantor es que en esta situación, la rentabilidad bajará y, al estar empleada la mano de obra al nivel competitivo, muchas empresas cerrarían y el empleo en el sector bajaría. Por el contrario, en Pennsylvania dónde el salario mínimo no había cambiado, la evolución debería haber sido sustancialmente distinta, no sólo por no haber sufrido la subido, sino también porque habría una migración de trabajadores desempleados.

Krueger y Card llevaron a cabo varias encuestas a lo largo del año 1992 para ver cuál había sido la evolución en la industria del fast food. El resultado fue hasta cierto punto sorprendente: el efecto del aumento sustancial del SMI no sólo no habría sido negativo, sino que habría incluso débilmente positivo.

El artículo produjo un debate considerable en EUA, desde gente que cuestionaba la calidad de los datos, el modo de obtención de los mismos o el método de comparar dos poblaciones con shocks exógenos distintos (copiado de la medicina). Sin embargo, a lo largo de las respuestas que desarrollaron Krueger y Card tendieron a reafirmar la conclusión inicial. Por ejemplo, evaluaron el impacto sobre los jóvenes de entre 16 y 24 años (de nuevo una población posiblemente sujeta al SMI) y descubrieron que en relación con el resto de EUA, el empleo habría aumentado en New Jersey entre esta población.

¿Cuál es la conclusión? El experimento de Krueger y Card pone en evidencia que la estructura de los mercados laborales es, al menos para la mano de obra poco cualificada- la afectada por el salario mínimo- sustancialmente monopsonística; es decir, los empresarios explotan a los trabajadores y los remuneran por debajo de su productividad marginal. De otra forma, la predicción de caída del empleo se habría cumplido.

Por otro lado, personalmente, soy poco entusiasta -bastante menos qeu los sindicatos en cualquier caso- respecto de los aumentos del SMI. Como explicaba antes, el aumento del SMI tiene dos efectos: excluir trabajadores poco productivos del mercado de trabajo e incitar a trabajadores que demandan salarios más altos a incorporarse. Excluir a la gente menos productiva (los pobres y los inmigrantes) es algo razonablemente regresivo e ineficiente que me causa alergia como socialdemócrata y como economista. El SMI debería ser distinto entre sectores- en función de la productividad- para ser “óptimo”, algo muy dificil de hacer, máxime cuando  los aumentos se hacen por razones electorales y no con la teoría económica en la mano, lo que tiende a subirlo por encima de lo razonable. En Francia, por ejemplo, es probable que el SMI destruya empleo- como contraste a EUA. Si de lo que se trata es de redistribuir, prefiero un impuesto negativo sobre la renta- o una bajada de las cotizaciones a la SS financiada con un impuesto más progresivo- que un aumento del SMI.

He dedicado la hora de la siesta de hoy sábado a revisar, más por curiosidad que por interés, mis manuales de penal de la carrera para ver qué decían sobre el tema de Camps. Al margen de haber tenido un momento de infinita satisfacción por darme cuenta que sigo siendo capaz de leer “legalés” y que soy relativamente bueno en ello (al menos no tan malo como en economía), quería explicaros lo que he sacado en claro.  Vaya por delante que no me leí el auto del TSJ de Valencia ni la argumentación jurídica que usaron para descartarlo con lo que mi conocimiento del tema es bastante superficial. Vaya también por delante que mi opinión sobre lo que debiera hacer Camps es relativamente independiente de si los hechos eran o no un delito; lo que hizo estuvo feo y AL MENOS debería haber pedido disculpas y tomado alguna acción un poco enérgica. Lo que quiero exponer aquí es mera masturbación intelectual de jurista. Dicho ésto, vamos a ver qué dice el tipo penal del artículo 426:

“La autoridad o funcionario públic que admitiere dádca o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”

Para los que no habléis “legalés” os hago una nota de introducción. Un concepto fundamental en derecho penal -especialmente si uno se adhiere a la idea teleológica/consecuencialista del derecho que yo defiendo- es el de “bien jurídico“. Un bien jurídico es algo que se intenta proteger con la ley penal; puede ser la libertad sexual, la vida, el orden público. Es algo que la ley considera valioso y que debe ser protegido y el objetivo de la prohibición/sanción es evitar que ese bien jurídico sea dañado -cuando el delito es intencional- o puesto en peligro -cuando es imprudente.

El concepto es muy importante porque es un instrumento fundamental a la hora de interpretar una ley. Muchas veces -siempre- existe ambigüedad en la medida en que un hecho encaja dentro de la formulación de una ley o en la gravedad de la infracción. A la hora de interpretar “agresión” por ejemplo, no es lo mismo que se esté protegiendo la integridad física que la libertad sexual por ejemplo. Muchas veces, el bien jurídico que se protege está explicitado en el código “Delitos contra la vida”; “Delitos contra flora y la fauna” “De los ultrajes a España”. El problema es que muchas veces la ley no dice exactamente cuál es el bien jurídico que se está protegiendo o bien, un mismo tipo protege varios bienes jurídicos. El tipo de Robo con violencia o intimidación, por ejemplo, no protege sólo la propiedad aunque eso sea lo que dice el tipo. Hay por tanto algo de margen a la hora de interpretar qué bien jurídico se está protegiendo.

Todo esto para contaros lo de Camps. El artículo 426 está bajo la rúbrica de “Cohechos” que es un “delito contra la administración pública”. La interpretación que hace el manual que he consultado (Quintero Olivares-Morales Prats) interpreta así el delito de cohecho. Explica que antiguamente se interpretaba el cohecho como castigando la infracción del “deber de probidad” pero que actualmente se considera que lo que deb interpretarse es que el cohecho castiga la infracción del respeto del principio de imparcialidad en el ejercicio de una función pública. Indica que además el tribunal supremo ha advertido últimamente que lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración.

Sobre esta base apoyan el resto del razonamiento y consideran que el artículo 426 está probablemente anticuado porque el bien jurídico protegido (los dos anteriores) no está puesto en peligro ni amenazado por el hecho de solamente aceptar un regalo. Por eso, proponen una interpretación muy restrictiva considerando que sólo cuando se trate de un delito que denote una actitud negativa por parte del funcionario debería ser castigado- algo que atentaría potencialmente contra el funcionamiento de la administración pública- y aún así lo critican como una forma de criminalizar una actitud más que una acción lo que en su opinión va contra los principios del derecho penal de un EStado social y democrático de derecho etc,… En cualquier caso, consideran que el tipo debería estar limitado a los casos más flagrantes y graves, etc… Según esta interpretación, lo que hizo Camps-suponiendo que hubiera aceptado los trajes, etc…- no seria delito.

Mi (humilde) interpretación es sustancialmente distinta de lo de los autores. En primer lugar, si el tipo está en el código penal, es de clara aplicación con independencia de la opinión de cada uno respecto de lo grave que es. Eso significa que debe ser interpretado de una forma que lo que protege tenga algo de sentido. En mi opinión, aunque para los demás delitos de cohecho se proteja el principio de imparcialidad o el funcionamiento de la administración pública, el artículo 426 debe proteger otro bien jurídico- de otra forma, nos llevaría al absurdo que señalan los autores dónde el título sería “inútil”- y el juicio sobre la inutilidad en España corresponde al legislador, no a los jueces.

¿Qué interpretación se puede dar? En mi opinión, lo que protege el 426 es la apariencia de imparcialidad de las administraciones públicas. Es decir, que se castigue el hecho de aceptar un regalo aunque no se realice un delito, es algo “sospechoso” que ensucia la imagen de imparcialidad de la administración pública. ¿Qué fundamento se puede aportar a ésto?

En primer lugar, creo que hay precedentes en derecho comparado. Os pongo un ejemplo en Francia. Allí, las jurisdicciones administrativas tienen las institución del “comisario del gobierno”- una especie de fiscal que debe actúar a favor de la ley en los procesos administrativos, pero que es en cierta manera parte en el proceso. El Comisario del gobierno formula argumentaciones coherentes y ayuda a que se forme la jurisprudencia y ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del derecho administrativo, no sólo francés, sino continental. Uno de los privilegios del Comisario es participar en las deliberaciones del tribunal (aunque no tenga voto). Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado en varias ocasiones que esa una institución que atenta contra el derecho a un proceso justo e imparcial. ¿Por qué? La razón no es que efectivamente el Comisario produzca indefensión -no es necesario probarlo- es sobre todo la “teoría de las apariencias“: la justicia no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo. Esto es algo que se aplica de forma idéntica al caso de Camps: el bien jurídico es la “apariencia de imparcialidad”. Cuando uno ostenta un puesto de responsabilidad, está sujeto a dar una determinada imagen de la administración pública.

¿Por qué debería ser importante la apariencia? En primer lugar, es algo que mejora la gestión pública. Cuando los funcionarios de una administración dan un imagen de imparcialidad, la confianza de los ciudadanos y de las empresas en esa administración será mayor- en economía hablaríamos de que reduce la percepción del riesgo político. En segundo lugar, hay un problema de información imperfecta y de gestión del riesgo. Normalmente, es muy difícil distinguir si un regalo es una forma de corromper o es un hecho inocente. Si hacer regalos a los funcionarios fuera legal y se convirtiera en moneda corriente, la corrupción sería mucho más sencilla. Tener que dar la apariencia de imparcialidad no aceptando regalos hace mucho más difíciles estas transacciones- vamos, es una problemática similar a la financiación de los partidos (I, II, III, IV.) y que encaja bastante bien en la teoría económica de la burocracia- la idea es que las organizaciones burocratizadas, por tener problemas de agencia muy fuertes, ponen el énfasis sobre el procedimiento y la forma de las acciones y no sólo sobre las consecuencias que muchas veces son inverificables.

Pienso que la objección de los autores respecto a la idea de que es un delito demasiado leve para ser castigado- la “apariencia” no debería ser reprobable, sólo los hechos consumados, sino se viola la presunción de inocencia- no es relevante ya que al fin y al cabo la multa es una pena bastante leve.

La interpretación que estoy proponiendo admitiría obviamente matices. Por ejemplo, el hecho de aceptar un regalo en Navidad no debería ser visto automáticamente como algo terrible -al fin y al cabo, las cestas o las tarjetas de navidad son parte de la política de relaciones públicas de cualquier empresa de tamaño medio. Tampoco es lo mismo aceptar unas anchoas de cantabria que un yate de nosecuantos metros de eslora. Igual que no es lo mismo aceptar el regalo del jefe de una trama corrupta que, digamos, de la casa real. En todos los casos lo que cuenta es la apariencia de imparcialidad; cuando algo es visto como normal, es razonable que no sea típico, no en cambio cuando algo es mínimamente sospechoso. Debería por tanto poder probarse que se ha atentado contra la imagen de la institución con un comportamiento reprobable- algo que en este caso está tremendamente claro.

Uno de los mejores libros de ciencias sociales que he leído es sin ningún género de dudas “ETA contra el Estado” de Ignacio Sanchez Cuenca. El tema del libro, resumido muy rápidamente, es una aplicación de los instrumentos de la teoría de juegos a las interacciones entre ETA y el Estado. El libro tiene todo lo que en mi opinión debe tener un trabajo de ciencias sociales; unos microfundamentación teórica sólida (dedica dos capítulos a establecer como actúan los terroristas) y a continuación monta un modelo de interacción con el Estado viendo a través de ese marco toda la historia de ETA desde se creación hasta la fecha de edición del libro, con una cantidad de documentación empírica considerable. Al margen de que el tema sea apasionante, es una ilustración magnífica de para qué sirven en la práctica los instrumentos teóricos que se desarrollan en los libros y por qué son importantes.

Algo curioso ha sido el tipo de críticas que he visto sobre el libro. Por ejemplo, ISC se granjeó unas cuantas críticas en los medios cuando el proceso de paz y Eduardo y yo hemos tenido algún que otro cruce de espadas sobre las aplicaciones del modelo de “acción racional” a cosas como el terrorismo o el nacionalismo. Digo que son curiosas porque cuando uno lee los documentos en los que ETA define su estrategia, la mentalidad de los terroristas encaja, casi punto por punto, con de un actor estratégico-racional que hace variaciones conjeturales y toma decisiones interdependientes que uno puede encontrar en un libro de introducción a la teoría de juegos. Quiero decir que ni siquiera necesitamos meter aspectos de racionalidad limitada ni construir funciones de utilidad complejas con un zillón de objetivos en conflicto; la banda funciona como un actor que maximiza un solo objetivo: la independencia del país vasco. Un par de ajustes como los que hace ISC en el libro para controlar los flujos de información y el aprendizaje (con un modelo de psicología organizacional dónde explica por qué sólo los “duros” llegan a los puestos de mando) y uno tiene una caracterización del comportamiento sorprendentemente exacta.

En la entrada de la semana pasada decíamos que la clave de la paradoja de que España estuviera perdiendo competitividad frente al exterior mientras que de hecho los salarios reales se mantenían constantes era el diferencial de inflación. Al tener España más inflación que sus socios comerciales, sus productos eran más caros fueras y podía importar más. Eso hacía que en España se mantuviera un crecimiento de los salarios alineado o incluso inferior sobre al de la productividad y a menudo inferior al de la inflación y sin embargo los productos españoles fueran cada vez más caros. La culpa es, por tanto, de la inflación. La razón por la que los ministros de economía (ie Solbes) apoyaban la moderación salarial era precisamente porque permitía evitar la deterioración de esa competitividad. Prometí que en este post daría alguna explicación adicional sobre el tema y además hablaría sobre el mercado de productos, en relación con el post de Roger.

El problema es por tanto la inflación. Los economistas tenemos, básicamente, dos explicaciones de la inflación. Las explicaciones son compatibles entre sí y en mi opinión apuntan a dos caras de un mismo problema (si queréis lo aclaro en los comentarios). La primera viene bien expresada por la frase de Milton Friedman “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, es decir, cuando hay más dinero en circulación pero la misma cantidad de bienes, es normal que los precios aumenten porque el poder de compra del dinero cae. Por esta razón, los bancos centrales intentan estabilizar la inflación creando una cantidad de dinero consistente con este objetivo (generalizo). En España teníamos tipos de interés negativos, es decir, teníamos demasiado dinero en circulación ¿por qué no hizo nada la autoridad monetaria? La razón es que, para la zona Euro en su conjunto, la inflación era estable y por tanto no había ninguna razón para hacer nada. Esta explicación no puede por tanto decirnos demasiado sobre el diferencial de inflación.

La segunda explicación fue propuesta por Layard y Nickell en los 80 y pone el acento no sobre el aspecto monetario, sino sobre la estructura de los mercados. En su modelo hay dos fases. En la primera, los trabajadores, normalmente organizados en sindicatos, negocian los salarios nominales -es decir en euros- con las empresas. En la segunda fase, las empresas fijan los precios de los productos con un margen que es su margen de beneficio. Lo interesante del modelo es que es un juego a dos niveles para las empresas que depende de la estructura de dos mercados: el de productos (dónde fijan los precios) y el de trabajo (dónde fijan los salarios); el margen de beneficios es la diferencia entre ambos aspectos y la estructura de cada mercado determina su poder de negociación (más luego).

En este sentido, se puede ver la inflación como un conflicto en la apropiación del producto entre las empresas y los trabajadores. Si las empresas suben los precios, el poder de compra de los salarios nominales negociados caerá -el salario real caerá porque aumenta la inflación- y las empresas desearán subir los precios siempre que los salarios nominales aumenten.

¿Cómo encaja ésto con la historia de arriba sobre la contención salarial? Bueno, los economistas estábamos a favor de la moderación salarial porque era una forma de moderar la inflación. Pero era sólo una de las formas posibles ¿por qué? Porque, como tal vez sospecháis, las empresas no siempre pueden subir los precios; ahí es dónde entra el problema de la estructura de mercado. Si los mercados son más competitivos y las empresas tienen menos poder de monopolio, entonces no podrán permitirse subir los precios en el mercado de productos. En ese caso, un aumento de los salarios nominales no se traducirá en un aumento de la inflación y los trabajadores tendrán ganancias netas con el aumento salarial porque se reducirá el margen de beneficio del empresario.

Lo fundamental de este modelo, que es lo que debe ser retenido, es que los dos mercados, el de trabajo y el productos están ligados; los ciudadanos son por un lado trabajadores, pero también son consumidores y sus salarios sólo tienen valor en la medida en que pueden consumir. Si los precios son altos, da igual que los salarios también lo sean; que aumente el poder de compra significa que los salarios aumenten más rápido que los precios- y los precios se determinan en el mercado.

¿Cómo se aplican estas dos explicaciones al caso de España? Por un lado, que la inflación fuera mayor en España se debía al hecho de que estábamos en una fase expansiva mientras que el resto de Europa no lo estaba, la política monetaria qeu era buena para el conjunto de la Eurozona producía inflación en España. Como dije, respecto a ésto no había demasiado que hacer. Pero por otro, y lo más importante, hay mucho que decir por el lado de la oferta. España estaba haciendo las cosas bien en el mercado laboral para controlar la inflación -los salarios reales no aumentaban- pero obviamente los precios aumentaban más de lo que deberían- es decir, los mercados eran poco competitivos, demasiado monopolísticos.

¿Por qué? De nuevo, aquí hay dos explicaciones. La primera es pensar en ello como una consecuencia de la estructura del mercado en que nos movemos. Lo competitiva que es una industria depende de la estructura de costes del sector y a veces no hay demasiado que hacer al respecto. Es posible que la construcción y el turismo sean industrias poco competitivas, o que nuestro modelo energético que depende demasiado del petróleo haya hecho que aumentaran los costes más rápido que en el resto de la eurozona. Si esto es así, no hay demasiado que hacer. La segunda explicación, relacionada con el post de egócrata, es que en España no estemos aplicando la políticas correctas. En España hay un montón de barreras regulatorias en forma de licencias absurdas como las qeu explica Roger (las farmacias, los notarios, los registradores, la regulacion de los horarios del comercio…) que hace que haya rentas considerables. Muchas concesiones, licencias etc, no tienen un carácter suficientemente transparente y se hacen de forma que raya lo corrupto. Todas estas cosas reducen la presión competitiva a la que se enfrentan las empresas y por tanto la parte del producto que obtienen los trabajadores. Las industrias de red (telefonía, energía, correos, etc,…) están tremendamente poco liberalizadas en España y no hay una política de competencia que las mantenga a raya. Por último, al tener España una dependencia excesiva del petróleo, el sector productivo está muy influido por el aumento del precio del petróleo.

¿Como se soluciona todo esto? Bueno, cosas como la directiva servicios, políticas de competencia y liberalizaciones en las industrias de red y en general todo lo que contribuya a aumentar la competencia en los mercados así como mejorar el modelo energético son aspectos que pueden ayudar, y que son, de hecho, sustitutivos de la moderación salarial a la hora de controlar la inflación. Y digo yo, ¿qué dirán los chicos de Economía crítica de este tema?

Decía en el artículo anterior que un mercado laboral rígido suele ser generalmente una mala idea. Sin embargo, los trabajadores suelen ser generalmente reacio a este tipo de cosas dado que piensan, con razón, que eso empeorará la situación; aumentará el número de despidos y eso mejorará la posición de fuerza del empresario que además podrá pagarle menos al ser la amenaza de echarle más creíble

Aquí vemos de nuevo que las instituciones encajan unas con las otras. Reducir las rigideces y los costes de despido, lógicamente, aumentará el número de despidos y por tanto reducirá la estabilidad laboral. Sin embargo, eso no tiene por qué ser una cosa que perjudique al trabajador si el sectorpúblico tiene una red deprotección social eficiente. La misión del sector público no debe ser evitar que los despidos aumenten, sino hacer que un despido, un hecho económico normal, no se transforme en una tragedia personal irreversible. Eso se logra, en principio, con un seguro de desempleo eficiente y con política de formación que asegure que los trabajadores pueden encontrar un trabajo nuevo una vez pierdan el antiguo. Este es el esquema de flexiseguridad que existe en los países nórdicos o en Holanda y es un esquema que, combinado con fuertes políticas familiares y gasto de inversión social crea sociedades fuertemente igualitarias y productivas. En definitiva, es el sistema con el que soñamos todos los economistas socialdemócratas.

El problema con esta idea, es que aunque sobre el papel pinta muy bien, yo personalmente no estoy convencido de que sea viable, al menos en España. Volvemos al tema de las instituciones qeu encajan las unas con las otras y la path dependence. Como decía en el otro artículo, los Estados del bienestar funcionan a modo de clusters dónde unas políticas encajan las unas con las otras. Especialmente, hay condicionantes de carácter cultural y ligados al tipo de producción que se realiza que pueden condicionar fuertemente la viabilidad.

Pensad en el modelo. La idea es que los empresarios tengan margen de maniobra para poder contratar o despedir trabajadores y eso no interfiera con la actividad productiva. Por otro lado, a cambio de no proteger los puestos de trabajo, el sector público protege a las personas; les garantiza un sueldo mínimo y los medios para encontrar un trabajo nuevo. Este esquema asume que perder o encontrar un trabajo es lo que los economistas llamamos un “riesgo exógeno“, es decir, es una cuestión de mala suerte y no depende del trabajador. Esto no es demasiado realista, claro. Encontrar un trabajo depende en buena medida el tipo de salario qeu el trabajador esté dispuesto a aceptar- lo que llamamos el “salario de reserva”. El salario de reserva depende en buena medida de la diferencia que haya entre estar en paro y encontrar un empleo. Si estar en paro supone tener una renta relativamente regular y estable de forma relativamente indefinida, es poco probable que el trabajador acepte un trabajo digamos en McDonalds dónde pagan poco. También es relativamente probable que intente buscar con menos intensidad el trabajo. Cuanto mayor sea el salario de reserva, mayor desempleo habrá.

¿Cuál es la solución para este problema de “riesgo moral”? Existen a este problema dos soluciones distintas y una pluralidad de soluciones intermedias. En realidad, todos los problemas de riesgo moral implica la elección entre un sistema con incentivos fuertes donde el agente soporta todo el riesgo y otro con incentivos leves pero que confía más en el agente

La primera aproximación es la visión de “capital humano” y es esencialmente el modelo socialdemócrata que ha sido aplicado, por ejemplo, en Holanda. En este escenario, tenemos agencias de empleo, como el INEM, que supervisan que la búsqueda de trabajo es relativamente efectiva y condicionan el salario de desempleo a esta efectividad. La idea es que cuando el trabajador pierde su empleo, va a ver a la agencia y con su curriculum en la mano idean un plan para que éste encuentre trabajo fijando plazos, programas de formación etc,… El trabajador social supervisa que esto se hace correctamente y hace un seguimiento lo cuál obliga al trabajador. La ventaja principal de este modelo es que hace que la búsqueda sea más eficiente y que los trabajadores se coloquen en dónde son más eficientes después de haber adquirido la formación necesaria.  En Holanda, esto se hizo traspasando esta labor a nivel local a las agencias de empleo y con un equipo de reinserción que colaboraba con los sindicatos y las empresas y funcionó bastante bien.

Suena demasiado bonito y en realidad, sospechais bien en que hay gato encerrado. En primer lugar, se trata de un programa caro. Caro significa que implica invertir en personal que sea capaz de hacer este tipo de labores y supone arriesgarse a pagar subsidios de desempleo muy altos. En segundo lugar, se trata de un sistema específicamente Holandés. Holanda es un país pequeño, relativamente homogéneo, con poca concentración urbana, una gran cohesión social y donde los ciudadanos tiene cierto “espíritu público”; es decir, son poco dados a vivir sólo del paro dejando de buscar trabajo.Tampoco está nada claro que los funcionarios encargados de decidir cuanto han de pagar vaya a hacer su trabajo todo lo bien que el modelo supone que deben hacerlo. Tened en cuenta que siempre que aumentamos la discrecionalidad, también aumentamos el riesgo de arbitrariedad.

El segundo modelo que se ha venido implementando, por ejemplo en Alemania, es el modelo “work first”. La idea de este modelo es que cualquier trabajo es mejor que ninguno. El objetivo del modelo es evitar que se produzcan fenómenos de histéresis en el mercado laboral dónde hay una masa de parados de larga duración sin ningún tipo de esperanza de encontrar trabajo. El modelo work first es un modelo razonablemente más agresivo que el anterior. En lugar de llevar una aproximación ad hoc para cada trabajador, plantea y sistema estricto de plazos dónde después de rechazar el primer trabajo adaptado a su cualificación profesional los beneficios se reducen considerablemente se le condiciona a la aceptación de cualquier trabajo y después de rechazar el segundo, se llevan al mínimo.

Este modelo tiene ventajas e inconvenientes respecto del anterior. La principal ventaja es bastante evidente, es que es muy barato y minimiza los problemas de riesgo moral. No requiere poner a funcionar una burocracia que supervise si el trabajador está buscando trabajo correctamente, el sistema es relativamente automático. Esta es una ventaja fundamental de este modelo y no debe ser subestimada. Los problemas son también relativamente aparentes. Se trata de un modelo que cubre menos el riesgo de desempleo; en la medida en que se trate de un problema de mala suerte, el sistema será más injusto. Además, es también potencialmente injusto en el hecho de que es demasiado brutal y no se adapta a la situación individual del trabajador; no termina de estar bien que alguien se vea obligado a aceptar un McJob cuando buscando un poco más podría encontrar algo que corresponda a su formación.

¿Cuál de estos dos sistemas debería aplicarse en España? La verdad, no lo sé. Como decía más arriba, no hay un sistema mejor de forma absoluta, sino que es algo que depende del país. Cada uno de los dos sistemas tiene riesgos y ventajas; las aproximaciones de capital humano tienen más sentido cuanto más eficientes sean las burocracias qeu lo implementan, más espíritu público tengan los trabajadores, mayores sean los beneficios de una búsqueda eficiente y cuanto mayor sea la intensidad de nuestra preferencia por la igualdad. El sistema work first, al contrario.

¿Cuál de los dos sistemas es más probable que se implante en España? Personalmente, soy escéptico respecto a que un sistema socialdemócrata de inversión den capital humano pudiera implantarse en España. Transferir el seguro de desempleo a las autonomías es algo qeu me produce escalofríos y que requeriría acrobacias legales que no vamos a hacer. Por otro lado, el espíritu público de los parados en España es al menos dudoso. Mi opinión sobre los programas de formación es la de un escepticismo agudo, solo paliado por mis prejuicios socialdemócratas. Por último, una economía dónde el trabajo es relativamente poco productivo tiene menos que ganar de que el emparejamiento del trabajador con el empresario mejore la situación; hacer aceptar a un mecánico un trabajo de camarero tiene cierto sentido, pero hacérselo aceptar a un ingeniero tiene menos.

En cualquier caso, es algo que debe verse con los datos en la mano y esto solo es un análisis superficial del tema.

Al hilo de la discusión del otro día:

The standard theorems that underlie the presumption that markets are efficient are no longer valid once we take into account the fact that information is costly and imperfect. To some, this has suggested a switch to the Austrian approach, most forcefully developed during the 1940s and later by friedrich hayek and his followers. They have not attempted to “defend” markets by the use of theorems. Instead, they see markets as institutions that have evolved to solve information problems. According to Hayek, neoclassical economics got itself into trouble by assuming perfect information to begin with. A much better approach, wrote Hayek, is to assume the world we have, one in which everyone has only a little information. The great virtue of free markets, he wrote, is that they allow each person to efficiently use his own information, and do not require that anyone have all the information. In this sense, Hayek noted, government planning requires the impossible—that a small body of officials have all this information.

The modern study of political economy has uncovered many inefficiencies associated with government behavior, just as the modern study of firms has uncovered many inefficiencies associated with market behavior. An important line of research has focused on identifying how government differs intrinsically from other organizations in the economy (their powers and constraints, including the limitations on information that they face and their powers and incentives to acquire information) and, based on these distinctive features, on determining the appropriate economic roles of governments and markets.

The new information economics substantiates Hayek’s contention that central planning faces problems because it requires an impossible agglomeration of information. It agrees with Hayek that the virtue of markets is that they make use of the dispersed information held by different participants in the market. But information economics does not agree with Hayek’s assertion that markets act efficiently.

The fact that markets with imperfect information do not work perfectly provides a rationale for potential government actions. The older theory said that no government, no matter how well organized, could do better than markets. If that was true, then we had little need to inquire into the nature of government. The modern theory says that government might improve on matters, but to ascertain whether or not this is the case requires a closer examination of how governments actually behave, or might behave under various rules.

Joseph Stiglitz, en una enciclopedia fabulosa que acabo de descubrir

A esto me refiero con lo de que tiran contra un hombre de paja cuando hablan de la economía neoclásica como ese grupo de hombres malvados

Más sobre Hombres malvados y la falta de realismo de la economía neoclásica, este bonito paper de Robert Shiller, conocido comunista, sobre finanzas conductuales

En la cultura mesetaria (a la que pertenezco) existe el prejuicio común de que los nacionalista están sobrerrepresentados. Tanto los “internacionalistas” de izquierdas como los “españolistas” de derechas están (estamos) molestos con que en el congreso se hable tanto-ejemplo hipotético no real- de la carretera que pasa por Lleida, o de las infraestructuras del País vasco. El The Economist recogía esta idea en su especial sobre España y los nacionalismos.A raíz de ello en La Moqueta han publicado un post bastante breve dónde sacan la afirmación del economist de que los partidos nacionalistas están sobrerrepresentados por el sistema electoral y lo comparan con un gráfico que muestra que, en realidad, el número de escaños que tienen los nacionalistas sería muy parecido al que tendrían en un sistema proporcional. De ahí el título “The perils of prejudice”. Como creo que el debate que ha salido en los comentarios es interesante, he decidido convertir mi posición en un post.

En primer lugar, quiero empezar remarcando el acto de valentía/imprudencia que supone que un licenciado en Derecho (yo) intente contrariar la oposición de gente que, aparte de ser bastante más listos, se dedica a la ciencia política de forma profesional (Los moqueteros). Digo ésto, porque es bastante probable que al término del debate yo termine llorando en una esquina pidiendo clemencia, pero como creo que mi posición se sostiene y en cualquier caso uno aprende de los errores allá va mi idea. Mi idea con este post es ver si alguien más se apunta al debate

Cuando hablamos de sobrerrepresentación, estamos empleando un concepto relacional: ¿sobrerrepresentación respecto a qué? Si con lo que lo comparamos-ejemplo extremo- es un con un sistema mayoritario, tipo monarquía electiva (Francia), los partidos mayoritarios están muy infrarrepresentados y los nacionalistas muy sobrerrepresentados (en términos de escaños).  No obstante, en general, el “benchmark” suele ser con un sistema proporcional puro que se considera más “democrático”.  Más democrático sí, más eficiente tomando decisiones es probable que no. Con ésto lo que quiero decir es que yo estoy relativamente contento con el sistema que tenemos: me gusta que los partidos de extrema izquierda/extrema derecha tengan que integrarse en el PP y PSOE.

Dejando a un lado si sería mejor o peor, la pregunta es: ¿tienen más poder los partidos nacionalistas de lo que tendrían en un sistema proporcional puro? Lo que me interesa es el poder, no el número de escaños, entendido como la “posibilidad de influenciar la toma de decisiones”

En la Moqueta apuntan que, de hecho, no hemos visto ningún gobierno de coalición en los treinta y tantos años de democracia. ¿Eso no es un signo de que no tienen tanto poder como dicen? Un primer apunte que yo he hecho es que el periodo al que se refiere el economist es a la última década y media, pero eso sigue sin ser un argumento decisivo porque tampoco ha habido coaliciones en esa época.

En mi opinión, aunque su forma de medir el “poder” -escaños y número de gobiernos de coalición- tiene la virtud de basarse en variables observables, es demasiado formalista. Un grupo de presión puede tener mucha influencia-mucho poder- sin tener realmente un ministro o un partido en el gobierno.  Eso me pone en posición de sugerir formas que las coaliciones nacionalistas tengan a su disposición para influir en la política nacional. Allá van dos.

1. Jugadores con veto: aunque cuando las mayorías a nivel nacional han sido absolutas no se daba el caso, la existencia de gobiernos en minoría les daba un poder por encima de lo que tendrían en un sistema proporcional. El sistema electoral español está diseñado de tal forma que la concentración de voto es más importante que su cantidad: IU o UPyD están infrarrepresentados. El resultado es que tenemos  un sistema bipardista imperfecto : tenemos dos partidos grandes y partidos minoritarios que sólo pueden ser aquéllos que reúnan muchos votos en una región. Es decir, el sistema privilegia a los partidos mayoritarios sobre los minoritarios, pero también privilegia a los minoritarios de ámbito regional sobre los minoritarios de ámbito nacional.

En un sistema proporcional puro, es cierto que PSOE y PP probablemente no existirían. Es difícil decir cómo serían las cosas, pero cada uno de ellos sería al menos dos o tres partidos: tendríamos un partido declaradamente facha, un partido liberal, un partido de centro, otro social liberal, socialista-nacional, socialista-regional, un partido verde… así hasta la extrema izquierda.

En este sistema probablemente tendríamos gobiernos de coalición y también es probable que incluso tuviéramos ministros nacionalistas. Sin embargo, en mi opinión, el debate nacionalista ocuparía un papel mucho menos importante. ¿Por qué?

En una negociación, lo que cuenta es quién tiene derecho de veto y no el número de votos. Si para conseguir una mayoría hacen falta 100 votos que reúnen dos partidos, da igual que uno de ellos tenga 99 y el otro 1 o que sea 50-50 ambos tienen la posibilidad de cargarse la negociación votando en contra. Esto implica que la solución estará, en principio, a medio camino de los dos, con independencia del número de votos. Esto es lo que egócrata llama la “paradoja de la minoría dominante”

En cristiano: hoy las negociaciones que vemos en el parlamento tienen que ver, casi siempre, sobre temas nacionalistas. Esto ocurre porque los actores con derecho a veto son los partidos nacionalistas. En un sistema proporcional, tendríamos muchos actores con derecho a veto, y probablemente el hecho de que muchos de esos actores fueran no nacionalistas diluiría el peso que tienen las ideas nacionalistas. Me explico: supongamos que en las próximas elecciones el PSOE tuviera una catástrofe y UPyD sacara un número de escaños tal que, sumados a los del PP, son suficientes para que una moción de censura triunfe. Eso convertiría a UPyD en un jugador con veto. Para gobernar, el PSOE debería formar una coalición con los nacionalistas y UPyD; pero la influencia de los nacionalistas sobre temas “regionales” se cancelaría con la de UPyD que podría amenazar con tirar el gobierno abajo si el PSOE se pone a reformar estatutos.

En definitiva: al privilegiar los partidos minoritarios nacionalistas frente a los partidos minoritarios no nacionalistas, el sistema electoral favorece que las ideas nacionalistas tengan más influencia que las no nacionalistas. 

2 Argumento: El estado de las autonomías: el estado de las autonomías actúa de tal forma que  los partidos tienen que funcionar de forma federal. Aunque un partido se presenta de forma conjunta a unas elecciones generales, la elección de candidatos se hace mediante un embudo dónde las secciones regionales tienen mucha influencia.  En este sentido, el programa electoral es el producto de una negociación entre distintas federaciones.

El problema es que cada federación tiene intereses diferentes. Pensad en el PSC. Para Montilla, el principal interés es ganar elecciones en Cataluña y sólo de forma secundaria ganarlas en las generales. El problema es que el espacio político catalán es distinto del espacio nacional. En el catalán, los partidos nacionalistas son una mayoría amplia.

Cuando Montilla va al congreso federal del PSOE para negociar el programa electoral de las generales, su objetivo no es sólo sacar el programa que haga más probable que el PSOE gane las elecciones; su idea-probablemente más importante- es ganar votos cuando él se presente en Cataluña con la marca del PSC. Lo que él negocie a nivel federal tendrá consecuencias tanto a nivel regional como a nivel nacional, sabiendo que a él sólo le interesan las consecuencias regionales.

A nivel regional, los nacionalistas tienen un poder mucho mayor que a nivel nacional. Ésto les permite influir, indirectamente, sobre la política nacional desde el nivel regional. El mecanismo en resumen es éste

1.  Los programas electorales son el resultado de la negociación de las federaciones regionales, no de un voto de los militantes del partido
2. Los líderes de las federaciones regionales están más interesados en el nivel regional que en el nacional
3. A nivel regional, los partidos nacionalistas tienen mucho más poder que a nivel nacional.
4. Luego las estrategias que los líderes regionales tomen a nivel nacional estarán afectadas por el poder de negociación de los partidos nacionalistas.

Este útlimo argumento es una simplificación; está claro que los líderes regionales (los barones) se interesan por cómo ocurren las cosas a nivel nacional y no actúan de forma egoista pero sí sugiere un mecanismo por el que los partidos nacionalistas (con más concentración de voto) tienen más influencia que los demás, de nuevo se trata de la “paradoja de la minoría dominante” pero dentro del propio partido.
La pregunta de Alex ha sido entonces ¿Cómo de distintas serían las políticas a nivel nacional con un sistema proporcional? Esta pregunta es un contrafáctico y yo no me siento capaz de responderla. No obstante, si pensáramos en un sistema proporcional puro con circunscripción única y en un Estado más centralizado (dónde la política autonómica tuviera menos peso) creo que en términos comparativos los nacionalismos tendrían menos poder: si los ecologistas tuviera poder de veto veríamos menos debates sobre temas regionales y más sobre energéticos; igual que si un partido de extrema derecha tuviera representación parlamentaria oiríamos hablar más de inmigración. Eso no significa, claro, que yo piense que ese sistema sería mejor, pero sí sería distinto.

Eso da que pensar que la intuición de que los partidos nacionalistas están sobrerrepresentados es de hecho una intuición acertada; lo que no pienso que sea acertado es que un sistema alternativo funcionaría mejor, pero eso es harina de otro costal.

Egócrata manifiesta su exasperación respecto a la incapacidad del gobierno para parecer que está haciendo las cosas bien. Aunque el gasto público ha aumentado considerablemente en esta etapa del ciclo, y la OCDE ha publicado un artículo que dice cosas feas, nadie se ha planteado que haya que hacer reformas serias, más o menos radicales.

En general, los sistemas sociales en Europa necesitan ser reformados. El modelo de crecimiento que fue un éxito para reconstruir el continente se ha quedado anticuado en una época en la que hay que innovar y no sólo mover factores. Las reformas han sido establecidas en lo que se ha llamado la Agenda de Lisboa: van desde la reforma del mercado de trabajo (flexibilizar) del de productos y servicios (introducir más competencia) hasta mejoras en el sistema educativo, el sistema sanitario, la reforma fiscal, o la construcción de un Estado de Bienestar que funcione.

En general los gobiernos han sido bastante reacios a meterse en reformas estructurales. Aunque las reformas son muy positivas, suelen conllevar un periodo de adaptación durante el cuál las cosas van sensiblemente peor que antes. Pensad en los países excomunistas y en el periodo de inflación de tres dígitos. Hoy Polonia es sin embargo un país que crece con mucha más fuerza que los demás. Durante ese periodo suele haber mucho paro, inflación vertiginosa, etc… Dependiendo de lo fuerte que sea la reforma, peor es el periodo de transición.

Un problema al que se enfrentan los reformadores es que la gente suele tener miedo a los cambios. Eso tiene cierta lógica: nadie cambia un empleo seguro por la posibilidad de obtener un empleo algo mejor en un tiempo relativamente remoto e ir al paro ahora. Además, un gobierno sólo tiene una credibilidad limitada ¿cómo saben los ciudadanos que un aumento del paro temporal llevará al pleno empleo después? Ésto hace que un gobierno pueda jugarse su popularidad (posibilidades de reelección) si se mete en una política de reforma estructural, especialmente si la época de recuperación va más allá de las próximas elecciones. Ésto es lo que pasó, por ejemplo, con Felipe González en el tiempo de la adaptación a la UE y del que Aznar recuperó los frutos, ex-post.

Otra razón por la que un gobierno no quiere meterse en reformas es porque las reformas suelen tener ganadores y perdedores, y aunque los ganadores lleguen a ser más a largo plazo, los perdedores pueden tener mucho poder de presión, al menos en el corto plazo. Un Gobierno que decida reformar el mercado laboral en serio tendrá que lidiar con huelgas, y críticas de la oposición.Habrá gente que pierda su empleo y la sensación de que “las cosas van mal” será más general.

Un resultado contraintuitivo de ésto es que las épocas de crísis son buenas para pasar reformas. En esta situación, que las cosas vayan mal es relativamente inevitable. La gente no cree que es culpa del gobierno. Pensad en el sistema educativo ; una reforma en serio supondría hacer bastante daño a los profesores universitarios (exigiéndoles resultados, etc…) pero la gente estará más dispuesta a aceptar esos cambios si las cosas van mal porque tiene menos que perder que cuando las cosas van bien. El mercado laboral ocurre lo mismo; flexiblizar el mercado (abaratar el despido) tiene muchas más posibilidades de ser apoyado cuanta más gente haya en paro (la gente no tiene miedo de perder su empleo). De forma más general, los tiempos de crísis ayudan a concienciar a la gente de que algo tiene que cambiar.

Otra ventaja de reformar en la parte baja del ciclo tiene que ver con cómo los votantes atribuyen responsabilidades. Un votante no sabe cómo controlar a los gobernantes- no puede medir lo bien que lo están haciendo- porque no tiene conocimientos suficientes para todas las áreas relevantes. Lo que el votante usa es un proxy, que es como funcionan las cosas: si la economía va bien, lo están haciendo bien, y al revés. Si el gobierno empieza a pasar reformas y las cosas empiezan a ir mal de repente, el votante atribuirá la culpa al gobierno y a sus reformas. Sin embargo, cuando las cosas ya van mal, es mucho más difícil para el votante decir qué parte es culpa del gobierno y cuál de las circunstancias. Es por tanto el momento idóneo para empezar a hacer reformas. Más importante: el gobierno tiene más fácil convencer a los votantes de que se lo está tomando en serio: cuanto más radicales sean las reformas, más en serio estará tomando el gobierno.

Pensad en ello; cuando la economía iba bien, la gente simpatizaba con el “talante” de Zapatero; consultar con los sindicatos, dialogar con lso huelguistas de transporte, conseguir consenso. Esa misma actitud deja de tener réditos ahora que la gente piensa que las cosas van mal; al contrario: espera que el gobierno se mueva y se ponga a hacer cosas. Una forma de asegurarse la visibilidad de su activismo es pasando reformas radicales, incluso si empeoran la situación, los votantes no sancionarán al gobierno porque ya  piensan que la crísis es culpa de algo externo.

La historia de la política económica está llena de ejemplos de gente pasando reformas en tiempos de crísis: el New Deal y la creación del Estado del bienestar en la posguerra mundial, el experimento monetarista en EUA, Thatcher en Reino Unido, el plan de Estabilización en España, la terapia de Choque de Balcerowitz en Polonia… La idea es siempre la misma: explicar a la gente que el modelo del pasado no es sostenible, decir que el conllevará un periodo de ajuste problemático que exigirá sacrificios por parte de todos y tener decisión a la hora de pasar reformas. Todos ellos se las apañaron para ser reelegidos y dejar su nombre grabado en la historia. No estaría de más que el Gobierno les echara un vistazo: en serio, ya es hora de que se pongan a ello.

Es verano y no estoy muy animado para escribir demasiado. Sin embargo me gustaría lanzar un tema que parece que está de actualidad por el momento: el voto de los inmigrantes. Mi objetivo es plantear el debate y no tanto dar una opinión, aunque la verdad es qeu después de pensarlo un poco en mi trayecto de metro adelanto que, al menos en principio, la cuestión tiene sentido.

Para empezar, vale la pena preguntarse, en abstracto, por qué deberían o no votar los inmigrantes. O mucho mejor; ¿por qué votamos quienes votamos en una democracia? La idea científica general que fundamenta el sistema democrático es ésa que inspiraba a los americanos cuando decían “ningún impuesto sin representación”.Es decir, se basa en una cadena causal:

• a) Para realizar sus tareas de forma apropiada, los gobiernos necesitan tener poder para imponer medida
• b) Existe un problema en la medida en que estos poderes pueden ser utilizados para otros fines distintos de para los que son creados y no en el interés general
• c) Para asegurarse de que el poder es utilizado en favor del interés general, la mejor manera es permitir a toda la gente que es afectada por el poder controlar a los que lo ejercen. La forma de control se llama elecciones. La idea es por tanto simple: las democracias son eficientes cuando todos los que votan son todos los que son afectados por la medidas.

Sin partimos de esta idea básica, que los inmigrantes puedan votar es en principio una buena idea. ¿Por qué? Bueno, los inmigrantes sufren las medidas en un país del mismo modo que todos los demás ciudadanos; están sujetos al código penal, pagan a la seguridad social, disfrutan de los servicios públicos, etc… Si los inmigrantes no pueden votar, los gobiernos no se preocuparán de sus intereses y no los tendrán en cuenta. Esto es peligroso porque podrá hacer que una mayoría no favorecerá la integración de los inmigrantes y es probable que las políticas de inmigración centren en la mano dura.

Ahora bien, no hay ningún sitio donde esto sea así y los inmigrantes voten como uno más. ¿Por qué? La primera razón es que se considera qeu la nacionalidad tiene que ver con la identidad y una concepción esencialista de la identidad. No obstante, hay también una razón más o menos científica para que esto sea así. Egocrata nos hablaba hace tiempo de en qué debe consistir una políutica de inmigración óptima:

• a) impedir que la gente entre de forma ilegal: una política de fronteras fuerte, etc…
• b) Dejar que entren los inmigrantes de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo interno
• c)Una vez que la gente ha entrado, intentar integrarlos para que no se creen problemas de caracter social.

La solución de dejarles de votar será mejor o peor en la medida en que las políticas de inmigración tiendan a acercarse más a este óptimo. 

El problema de estos tres objetivos es que, en buena medida son inconsistentes; si uno le hace la vida a los inmigrantes cuando vienen intentando integrarlos, entonces es más probable que vengan más aunque sea ilegalmente.

¿Qué políticas de inmigración adoptará un gobierno con un electorado con un gran número de inmigrantes? Bueno, los inmigrantes son un colectivo con una serie de intereses bastante comunes: pertenencen al mismo colectivo económicamente débil, son víctimas de discriminación racial y étnica, etc… y por lo tanto es probable que voten en bloque basándose en solo algún tema, concretamente la política de inmigración. El resultado probable es que si los inmigrantes pueden votar, haya mas regularizaciones, se rebaje la mano dura con la política de fronteras, y se les pongan las cosas más fáciles para integrarse con políticas de discriminación positiva. Es decir, el problema gordo que tenían hasta hace poco en Francia.

Si esto es cierto, la idea del voto inmigrante es mala porque tenderá a hacer una política laxa en el mal sentido (o al menos no tan buena como lo que decía arriba sugería).

 Sin embargo, si uno se fija en la propuesta, parece que el voto solo va a ser otorgado a nivel de las elecciones locales. Esto cambia sustancialmente los datos del problema. ¿Por qué? Pues porque la política de fronteras no es una competencia local y por lo tanto el riesgo de una política de fronteras laxa es eliminado porque en las elecciones donde se decide esta política (las nacionales y europeas) los inmigrantes no votan. No obstante, la idea es buena porque las entidades locales sí tienen competencias importantes gestionando las políticas de integración; ésas donde los intereses de los inmigrantes deben ser tomados en cuenta.

Qué fallos tiene esta perspectiva? Probablemente dos. El primero es que en la medida en que las elecciones locales tienen también un efecto a nivel nacional (son un medidor de la popularidad del gobierno) esto puede llegar a afectar a los gobiernos en las políticas qeu los inmigrantes no deben poder afectar a través de la estructura de partido. El segundo es que no está tan claro que las políticas locales puedan llegar a ser óptimes a nivel local; depende bastante de la estructura sociológica de cada comunidad. Tiene el riesgo, en concreto, de reproducir una estructura de sociedad divididad donde el discurso político es esencialmente racista.

 Lo cierto es que no pienso que estos dos últimos riesgos sean muy altos, pero lo cierto es que no tengo una opinión completamente formada. Espero sugerencias, discrepancias, comentarios, etc…