Por geografía subjetiva plantean una serie de objecciones a la idea de Blanchard que presenté hace unos meses para reemplazar el esquema actual de indemnización por despido y sustituirlo por un sistema de impuesto sobre los despidos con un mercado laboral más barato. Las objecciones de geógrafo malinterpretan algo la idea, así que voy a intentar presentarla de forma clara.

A la hora de decidir si despide o no a un trabajador, un empresario compara dos cosas; el beneficio de despedirlo y el coste de despido. Vamos a ignorar el primer componente y a suponer que es simplemente un dato; el funcionamiento normal de una empresa hace que en ocasiones sea ventajoso despedir a un trabajador y reemplazarlo por otro, o no, para este caso nos da igual. Por tanto en este esquema simplificado, que un trabajador sea o no despedido depende exclusivamente del coste de despido. Si los costes de despido son altos, veremos menos despidos (también menos contratatación) y si son bajos veremos más despidos (y más contratación).

En el debate sobre el mercado laboral, se suele identificar coste de despido con indemnización por despido. Sin embargo, esta es una perspectiva miope. Desde el punto de vista de una empresa (que es de lo que hablamos cuando hablamos de coste y de lo que habla Díaz Ferrán) es más amplio el coste de despido que incluye todos los costes en que debe incurrir la empresa para poner fin a la relación laboral. Dentro del coste de despido hay que distinguir dos aspectos.

1. Un primer componente es una transferencia; en este caso, la empresa paga una cantidad de dinero que va a parar a otro agente. En el esquema actual, se trata de la indemnización por despido que cobra el trabajador. En el esquema de Blanchard se trataría también del impuesto que recibiría la seguridad social.
2. Un segundo componente es lo que los economista llamamos el “coste irrecuperable” en (hacienda pública se llama de “exceso de gravamen”). El coste irrecuperable son aquéllos costes de los que no se beneficia nadie; incluyen los costes de negociar, los costes administrativos, el tiempo que se tarde en terminar con la relación laboral, los costes procesales en caso de que los haya, la incertidumbre respecto al futuro etc,…

Desde el punto de vista económico la distinción es importante. Una transferencia, en principio, tiene efectos puramente distributivos y no tiene un coste de eficiencia; desde el punto de vista social, tenemos la misma cantidad de dinero distribuida entre el trabajador y la empresa. El coste irrecuperable, sin embargo, no beneficia a nadie, es por así decirlo una “desperdicio”.

Uno de los efectos perversos del sistema actual es que el componente de “coste irrecuperable” es bastante fuerte; como explica Samuel Bentolila en el enlace los costes de despido no son una decisión discrecional y conocida ex ante sino que dependen en buena medida de un pulso entre sindicatos y empresarios y en última instancia de la decisión del juez. Todo esto crea una serie de costes adicionales de gestión de los que nadie se apropia. El esquema dónde el despido ocurre por causas objetivas y se paga un impuesto tiene el efecto de minimizar el componente de coste irrecuperable y convertirlo, entero, en una transferencia.

Esto me lleva al segundo punto en el que geógrafo se equivoca. Como explicaba más arriba, el número de despidos que vemos en la economía depende del coste de despido al que se enfrenta la empresa. Sin embargo, da la impresión de que geógrafo sugiere a) que establecer un impuesto sobre los despidos sería un coste adicional que las empresas no aceptarían y b) que esto produciría más paro porque dejaría desprotegida a la gente mayor. En realidad no. Vamos a verlo. Hay que separar dos aspectos; el tema de la antigüedad y el del coste.

La ventaja de un esquema dónde el despido funciona con causas objetivas y se paga un impuesto en función del número es, como he dicho, reducir el componente de coste irrecuperable. El esquema no tiene, en principio, por qué afectar al nivel de desempleo ni a la estructura del mismo. El esquema puede establecerse para que el coste de despido sea idéntico pero su composición entre coste irrecuperable, indemnización e impuesto sea distinta y en dado que al empresario le da igual si el dinero va a parar al estado, al empleado o a los abogados, tendremos el mismo nivel de despidos.

La ventaja de un impuesto respecto a la indemnización es, como decía en el artículo original, reducir el componente de suma cero (yo gano, tú pierdes) del despido al tener al Estado como mediador. Además, el Estado podría desacoplar ambos componentes; varias los costes de despido sin por ello tener que varias las prestaciones por desempleo.

En relación con el tema de la antigüedad; es algo controvertido. Lo cierto es que la propuesta original de Blanchard sugería que el coste por despido aumentara con el tiempo que llevara dentro de la empresa el trabajador y eso también lo que sugerían los chicos del Manifiesto de los Cien. Personalmente, es algo que no termina de convencerme. El argumento de Geógrafo de que es mejor tener a gente que la empresa preferiría no tener porque entonces los veríamos ir al paro no es un argumento que se sostenga en términos generales. Quiero decir, es el mismo argumento que te lleva a justificar que se prohiba la luz eléctrica para que los fabricantes de velas no vayan todos al paro o a reducir la inmigración paa reducir el paro y es algo sin ningún soporte teórico ni empírico (de verdad). Los costes de ajuste son algo a tener en cuenta, pero en ningún caso algo que deba impedir el ajuste de forma permanente.

Por otro lado, geógrafo tiende a cometer el error ingenuo de que la estructura salarial se basa en la antigüedad porque, hum,… ¿el estado obliga a ello?. Existen razones económica para que una empresa decida pagar más a sus trabajadores más antiguos, fundamentalmente dos. En primer lugar, es una forma de disciplinar a los trabajadores; si sabes que vas a cobrar más mañana, más te vale trabajar duro para que no te despidan entre tanto. Si la empresa quiere que esta disciplina sea efectiva, debe ser creíble y no romper este tipo de relaciones. En segundo lugar, los trabajadores tienden a aumentar su productividad con la experiencia en la empresa y la antigüedad es una forma de reactualizar el contrato de forma automática.

Por último, existe un conjunto de buenas razones por las que los seguros de desempleo no son privatizables. Leeos este post (y los dos que lo preceden).

This entry was posted on Martes, Diciembre 8th, 2009 at 23:16 and is filed under ciencia recreativa, mercado de trabajo . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.