De las muchas razones por las cuales los individuos deciden construir los Estados, la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su defensa frente a amenazas exteriores suele ser la más importante. Puesto que parece haber acuerdo entre los expertos en estos campos, en que mientras la naturaleza humana no sufra importantes metamorfosis, seguirán existiendo guerras y conflictos, parece desaconsejable confiar la propia seguridad en manos de la buena voluntad de nuestros vecinos.

En la actualidad, las naciones de Europa se enfrentan no sólo a la amenaza perenne y genérica de guerras exteriores, amenaza reducida por los efectos benéficos del comercio internacional, sino a los soldados y apóstoles de la Yihad, que lenta y silenciosamente, se infiltran en nuestros territorios entre numerosos contingentes de personas bienintencionadas, pero ajenas a nuestra concepción de la sociedad. Su guerra no será ganada mediante batallones o escuadras, sino mediante la difusión del miedo entre los ciudadanos y la sumisión de la voluntad de nuestros líderes. Esta situación supone un peligro claro e inminente para nuestra libertad, prosperidad y bienestar, y es necesario examinar si una Unión fuerte, como la que defendemos, afrontaría mejor esta situación que la actual situación en la que 27 Estados se encuentran agrupados en una débil entidad que podríamos denominar confederación.

Es indudable que la capacidad de un Estado para asumir la defensa de sus ciudadanos depende de la eficacia de su gobierno, de las armas que posea y de los recursos que sea capaz de movilizar.

En cuanto a la eficacia del gobierno, es difícil argumentar que 27 Estados, en algunos casos separados entre sí por grandes distancias geográficas, puedan consensuar, sobre la base de tratados internacionales y cumbres anuales, una política eficaz de defensa exterior. La seguridad de todos es problema de todos, y por tanto debe ser gestionado con una sola voz. ¿Acaso, por poner un ejemplo, un ataque terrorista contra Francia, Inglaterra o Alemania no supone una amenaza también contra los ciudadanos de España, Italia u Holanda? ¿Acaso la infiltración de terroristas musulmanes por España, Italia o Grecia no es un peligro claro para Austria o Bélgica? En una época en la que los ciudadanos de toda Europa no pueden viajar en avión sin tener presente el peligro real y constante de un ataque terrorista, en la que los controles en aeropuertos y fronteras están llegando a rozar el límite del recorte de las libertades, ¿no sería más eficaz sumar fuerzas para que ningún agujero pueda ser aprovechado por nuestros enemigos?

En España muy pocos creemos ya que sea posible una guerra con nuestro vecino del Sur, Marruecos. Sin embargo, nuestro Ejército y Estado Mayor de la Defensa han elaborado siempre sus planes de entrenamiento basándose en esa hipótesis. Imaginemos por un momento que esta situación, que ahora consideramos tan inverosímil, tuviese lugar. Con la débil Unión actual, ¿nos defenderían y ayudarían militarmente nuestros socios europeos? A pesar de la opinión generalizada de los nacionalistas patrios, la respuesta es, indudablemente, sí. Sin ningún género de dudas, tras 50 años conviviendo en paz y comerciando juntos, no cabe duda de que nuestros vecinos y amigos acudirían en nuestra defensa mediante las armas llegado el caso, aunque sólo fuera en cumplimiento del tratado de la Alianza Atlántica que han firmado. Pero la verdadera pregunta es, ¿con qué resultados? ¿con qué eficacia? Los ejércitos franceses e ingleses no trabajan ni se preparan para la defensa de las fronteras españolas, sino de las fronteras francesas e inglesas. ¿Cuánto tiempo tardaría un contingente polaco, o de cualquier otro de los 27 países, en llegar a la línea de batalla? La alternativa que proponemos es que un sistema único de defensa europeo vele constantemente y se prepare para la defensa de las fronteras de toda Europa, y pueda actuar con rapidez y eficacia en cualquier lugar que necesite de su presencia, al mando de una sola estructura militar.
¿Es esta opción más, o menos eficaz, para defender la seguridad y la vida de los ciudadanos europeos, que la actual convivencia de 27 ejércitos y ministerios de defensa?

Por lo que respecta a la capacidad de las armas, no es necesario extenderse en el hecho de que existen fuertes economías de escala en el sector militar. Los romanos conocían este principio: “divide et impera“. Un sólo ejército europeo, como saben los técnicos en materia bélica, sería mucho más poderoso que la suma de los 27 ejércitos actuales.

Finalmente es necesario examinar la capacidad de los estados para movilizar recursos hacia la defensa y el ejército. Cuanto mayor sea esta capacidad, tanto más eficaz resultará en el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, una defensa gestionada por un sólo gobierno en Europa puede aplicar los recursos de todos las partes del continente para defender la totalidad del territorio. Puede armonizar y coordinar las políticas de defensa y las relaciones internacionales, reclutar y entrenar a los mejores estrategas y generales para comandar las fuerzas armadas de la Unión, y aunar los esfuerzos de las distintas economías europeas para mantener un ejército tecnológicamente avanzado y abundantemente pertrechado.

La necesidad de que Europa mantenga un ejército fuerte y avanzado no se justifica sólo en garantizar nuestra preparación y victoria última en cualquier conflicto bélico que se produzca. La presencia de unas fuerzas armadas poderosas son la mejor garantía de EVITAR LA GUERRA, puesto que, como decía Flavio Vegecio, si vis pacem, para bellum. Es evidente que la posibilidad de disuasión es tanto más poderosa cuanto mayor sea el poder militar al que uno se enfrenta. En el caso de que alguna potencia extranjera, en el futuro barajase la posibilidad de atacar militarmente a Europa o a uno de sus Estados, ¿cuándo se vería más tentado de llevar a la acción sus planes? Cuando observe cómo los europeos tomamos nuestras decisiones en interminables consejos en los que 27 jefes de gobierno deben consensuar complicadas políticas y firmar extensos tratados antes de llevar a cabo ninguna acción, se sentirá menos reticente a iniciar una guerra, que si percibe que, de hacerlo, se enfrentará a una sola potencia, unificada y en perfecta coordinación.

Del mismo modo podemos examinar la cuestión de las armas nucleares europeas. Puesto que actualmente Francia y Gran Bretaña cuentan con arsenales nucleares, los europeos debemos preguntarnos bajo qué condiciones estarían dispuestos estos países a utilizar estas armas, o a amenazar con utilizarlas. La bomba de hidrógeno es el arma ofensiva definitiva de la civilización humana, pero también el arma disuasoria más importante. ¿Garantizan Francia y Gran Bretaña con sus arsenales nucleares la defensa de todos los países europeos o se reservan el derecho a esgrimirlos sólo y exclusivamente cuando mejor convenga a sus intereses particulares? Resulta obvio que las armas nucleares europeas proporcionarían mayor capacidad de defensa y disuasión a todos los europeos si estuvieran en las manos de un gobierno federal europeo, y no del capricho de dos naciones.

Por todas las razones expuestas en este artículo, consideramos que una Europa Federal sería capaz de defender la seguridad exterior europea, asegurar la integridad de nuestras fronteras, gestionar y mantener un ejército y un arsenal capaz de defenderos de cualquier amenaza, y en definitiva, preservar nuestra seguridad y libertad, de forma mucho más eficaz que los actuales 27 estados y la débil Unión que actualmente forman.

Hace casi un siglo José Ortega y Gasset advertía los hechos que, a su juicio, debían conducir de forma casi inexorable a la creación de una nación europea:

a) Los pueblos europeos han convivido siempre juntos en la medida en que existe un grado elevado de interdependencia
b) Esta interdependencia produce, inexorablemente, la existencia de un poder público europeo, esto es, la necesidad de concertar las decisiones: hablar de “soberanías nacionales” carece de sentido.

En esta línea, Ortega preconizaba la creación de un ente que encarnara ese poder público europeo: los Estados unidos de Europa. La lógica de la interdependencia ha sido en realidad el motor del pensamiento europeísta desde hace casi un siglo. Los grandes europeístas han observado sistemáticamente la mutua dependencia entre los estados europeos y han creído que potenciando esta fuerza se puede avanzar hacia un mayor grado de cooperación. Ésta era la estrategia de Jean Monnet y de la declaración Schumann; crear solidaridades de hecho para hacer avanzar la integración. Ésta teoría encuentra su reflejo en el ámbito académico en el pensamiento funcionalista: David Mitrany en el periodo de entreguerras y Ernst Haas en la posguerra sentarán las bases de cómo se construyen entidades supranacionales a partir de solidaridades de hecho.

No obstante, para horror de los partidarios del progreso, desde hace aproximadamente veinte años, vienen registrándose críticas hacia la legitimidad de las decisiones a nivel europeo; se critica el hecho de que exista un llamado “déficit democrático”, un problema de representatividad del poder público representado por las instituciones de Bruselas.

Aunque los hechos sobre los que se asientan estas afirmaciones de falta de democracia son altamente contestables, existe un hecho objetivo: el ciudadano europeo no siente un “ownership” del proceso de decisión que se lleva a cabo en Bruselas y Estrasburgo. Existe una asimetría en la percepción de la legitimidad de las instituciones nacionales y las europeas: la opinión pública parece circunscrita a un ámbito puramente nacional, mientras que nadie sería capaz de identificar una “opinión pública europea”. No existe un verdadero debate a nivel europeo, sino una pluralidad de debates a nivel nacional.

La consecuencia natural de este hecho es la naturaleza intergubernamental de la Unión. El sistema por el que el poder público europeo toma decisiones, no es a través de un debate único entre europeos que transmite sus resultados a un gobierno europeo, sino un conjunto de 27 debates, que transmiten sus preferencias a los distintos gobiernos y representantes lo cuáles a su vez intentan conciliarlas a nivel europeo mediante la negociación intergubernamental. Pero, a diferencia de las negociaciones que se pueden llevar a nivel nacional en un parlamento entre grupos políticos, las negociaciones europeas no son vigiladas por la opinión pública y por lo tanto carecen de la legitimidad necesaria debido a que los ciudadanos no se sienten representados. A diferencia del nacional, donde la clave es la búsqueda del interés general, el contexto intergubernamental es percibido como un juego de suma cero donde los gobiernos luchan por sus propias preferencias.

Contrariamente a lo que profetizaba Ortega, no existe un genuino poder público europeo, ni un interés público europeo. La cuestión es, ¿por qué?

La tésis “nacionalista” Europa no es un Estado-nación

Desde el grito de Valmy, “vive la nation!”, la nación ha sido el corazón del Estado. La nación no es otra cosa que el soporte sobre el que se asienta cualquier Estado; es percibida como un ente orgánico unido por las fuerzas de la historia en un destino común. Para los contractualistas franceses (Rousseau, Sieyes, etc…) el gobierno debe ser la expresión de la voluntad general. La nación, entendida como un ente dotado de vida propia, emite sus deseos que los gobernantes deben esforzarse por cumplir. La forma en que se expresan estos deseos es mediante la representación política, la deliberación racional, y el debate.

Esta perspectiva suele tomar la existencia de naciones como una creación natural que simplemente se toma como dada. De alguna forma, ésta es una forma determinista de ver la nacionalidad: los individuos pertenecen, por su nacimiento, a una comunidad nacional y no pueden pertenecer a otra. Las naciones no se crean, mutan ni desaparecen, simplemente están ahí y es sobre ellas que debemos construir cualquier proyecto político. Las naciones se han formado a lo largo de siglos de historia, han modulado una lengua, una cultura, un imaginario político común cuyo peso es excesivo para ser borrado de un plumazo. Lo que mantiene unido a las naciones son unas señas de identidad comunes que crean la existencia de una “conciencia nacional”, un “We the people”, un sentimiento de pertenencia.

Desde este punto de vista, el veredicto sobre Europa y la ausencia de una genuina opinión pública es simple: Europa no es una nación y por lo tanto cualquier producto político será un producto bastardo e infectado de ilegitimidad. Europa si por algo se caracteriza es por una historia de guerras comunes, por la plurinacionalidad, por la diversidad cultural y lingüística y por lo tanto no hay lugar para un proyecto nacional común.

El futuro de la construcción nacional de Europa es además profundamente pesimista ya que esta tesis ve la construcción nacional como algo exógeno ya que es la “historia” y no los hombres los que construyen las naciones. No hay por lo tanto ninguna posibilidad de influir o de pretender crear una nación común.

Ortega criticaba esta visión nacionalista e historicista. Según la cosmovisión raciovitalista, el ser humano es fundamentalmente vital y la vida, tanto privada como pública, es sobre todo una proyección hacia delante. El pasado no debe jugar un rol determinista.

El problema de la tesis nacionalista es, como apuntaba Ortega, que tiene a la historia en su contra. Normalmente los Estados preceden a la existencia de “naciones” en sentido nacionalista. La historia, lengua y cultura común vienen a posteriori de la creación de una entidad estatal y no la preceden. Ortega observaba que de haberse apoyado en el pasado, Francia, Alemania e Inglaterra habrían quedado non natas.

Desde un punto de vista metodológico, la tesis nacionalista adolece de insuficiencias explicativas. No da ninguna receta sobre como nacen y mueren las naciones, ni explica el proceso de construcción nacional. En este sentido, no es una “explicación” sino más bien una “antiexplicación”: no hay explicación posible. La historia sin embargo muestra que las naciones nacen y mueren en situaciones concretas que en general son más o menos sistematizables.

Por otro lado, el mundo contemporáneo presenta una paradoja. Mientras que la conciencia nacional desparece en todos los lugares del mundo y a menudo se fragmenta, los Estados modernos continúan ejerciendo el poder como el primer día. Esto sugiere que existen fuerzas distintas de la conciencia nacional que mantienen unidos a los Estados.

El institucionalismo histórico: las naciones son equilibrios estables sostenidos por incentivos alineados

Ortega defendía que lo fundamental para una nación era la voluntad de hacer algo juntos. “No lo que fuimos en el pasado, sino lo que vamos a hacer mañana juntos, nos reúne en Estado”. Es el proyecto sugestivo de vida en común, el programa nacional el que debe tener sentido.

Ésta es también la perspectiva de la ciencia política moderna para la que los Estados no son entidades espirituales de carácter psicohistórico, sino mecanismos centralizados de provisión de bienes públicos y de organización de la vida en común. Bajo el peso del individualismo metodológico, la nación no es una entidad espiritual con vida propia, sino solo un conjunto de individuos con intereses personales y privados.

La construcción mítica de la nación rousseauniana se hunde: la democracia no es una forma trascendente de vida en común, sino una forma de agregar preferencias potencialmente en conflicto, una máquina de generar aditividad no nula.

La forma en que las naciones nacen y desaparecen es también explicable. Las naciones son actores colectivos. La razón por la que nacen es, en terminología económica, la existencia de un equilibrio de Nash autoreforzado a lo largo de la historia por la fuerza de los rendimientos crecientes que crea un efecto de “path dependence”. Las naciones se forman por accidentes históricos y una vez formadas tienden a consolidarse en un equilibrio de intereses.

Pero, estos accidentes históricos no son naturales, sino el producto de acciones de individuos que como todos los demás maximizadores de utilidad, responden a incentivos. Lo que caracteriza a un equilibrio de Nash es la posibilidad de que existan muchos ya que su existencia se debe solamente a que las estrategias de los individuos coinciden los unos con los otros. Esta es la tesis del creador del institucionalismo histórico, D. North, que explicaba las instituciones como mecanismo de cooperación que, una vez creados, podían perpetuarse a lo largo de la historia a pesar de ser sub-óptimos en su forma. Pero a su vez, North explicaba que un cambio en los precios relativos puede producir un cambio en las instituciones. Cuando el coste de progresar hacia un nuevo equilibrio es menor que el de mantenerse en el actual, se produce un cambio institucional.

Si somos capaces de entender qué incentivos deben coincidir o estar alineados para que surja este equilibrio, podemos crear y hacer desaparecer naciones. Es cierto que los costes de moverse de un equilibrio nacional (el status quo) a otro pueden ser costosos, pero no es en ningún caso imposible.

¿Cuál es la razón que hace a la unión tener una legitimidad débil? El hecho de que los ciudadanos no participan -no sólo en términos de voto, sino también de vigilancia a través de los medios de comunicación, de debate público, etc.- en el proceso político y por esa razón lo perciben de forma ilegítima. Pero, ¿cuál es la razón de la escasa participación? Bajo un marco individualista no es “el sentimiento de pertenencia” sino la lógica de la satisfacción de preferencias: a nivel individual, dadas unas preferencias y unos recursos, es racional no participar.

En primer término, por la falta de intereses comunes a nivel europeo. La unión europea trata temas fundamentalmente apolíticos tales como regulación, política comercial donde el consenso es más o menos amplio. El presupuesto europeo es relativamente pequeño y por lo tanto la UE tiene una capacidad redistributiva muy débil. Esto hace que participar a nivel europeo tenga unos réditos muy débiles.

Un segundo motivo es que los costes de participación son altos. En la medida en que la cultura política (entendida como la existencia de una lengua común, unos ejes de confrontación, etc…) es algo que reduce los costes de la participación, y que la cultura política europea es distinta de la que los ciudadanos conocen (la nacional) participar es complicado. El ciudadano europeo está acostumbrado a sus temas de debate nacionales a su a sus instituciones nacionales, a unas claves para entender la política. Esta cultura política se forma a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. En la medida en que el esquema institucional europeo es muy distinto del nacional, que los temas de debate difieren, que no existe una lengua común ni unos medios de comunicación comunes, participar es individualmente costoso para el ciudadano europeo.

En tercer lugar, los recursos de legitimación de la unión son débiles en los espacios públicos nacionales. Los políticos nacionales vienen usando la Unión como chivo expiatorio desde hace treinta años para justificar sus propios fracasos políticos. Sin embargo, dado que las instituciones no pueden justificarse (haciendo declaraciones, esgrimiendo una legitimidad democrática) esto reduce la capacidad de legitimación de la Unión.

Si los réditos son débiles y los costes son altos, el resultado es previsible: la participación será baja y la legitimidad también. Sin embargo, bajo la óptica institucionalista, ninguno de estos factores (los costes y los beneficios de la participación) son una fatalidad. Ya que somos capaces de explicar su origen, podemos pensar las condiciones bajo las cuáles serían distintos: reduciendo los costes de participación, aumentando lo réditos e incrementando los recursos de legitimación de la unión.

1. Aumentar los beneficios de la participación:

La primera forma de progresar hacia la construcción de los Estados Unidos de Europa es aumentar las competencias de la unión. Parafraseando a Kennedy, si el ciudadano europeo entiende que la unión puede hacer más cosas por él, es probable que piense que él puede hacer más cosas por la unión. Cuando los ciudadanos empiecen a entender que sus empleos, su nivel de renta y su bienestar dependen en buena medida de las instituciones europeas, comenzarán a interesarse por el debate a nivel europeo. Esto aumentará la participación que a su vez aumentará la legitimidad de la unión progresando hacia un nuevo equilibrio.

Ejemplos de políticas sensibles que la unión podría llevar a cabo correctamente son la política exterior o mecanismos de Estado del bienestar, fundamentales para ajustarse bajo el régimen del euro cuando hay un choque asimétrico.

2. Reducir los costes de la participación:

Aumentar los réditos de la participación para el ciudadano no sirve de nada si no se le dota de capacidades para entender el proceso político europeo lo cuál podría agravar el déficit de legitimidad si un aumento de competencias no va acompañado de un aumento de la legitimidad.

Una primera medida sería simplificar el barroco funcionamiento de las instituciones europeas: las instituciones, se dice, son complicadas y oscuras en su funcionamiento. No obstante, no lo son más que las instituciones federales americanas o belgas, de modo que el argumento no es decisivo aunque sí relevante.

Lo que sí es en cambio distinto es la ausencia de una cultura cívica común: la cultura política se crea a través del sistema educativo, los medios de comunicación, y demás mecanismos de transmisión entre los centros de decisión y los ciudadanos. Así, una segunda medida sería el fomento de una cultura política europea. Una forma de fomentar esto sería reformar la educación de forma que se enseñe el funcionamiento de las instituciones, legislar para que los espacios de debate nacionales traten temas europeos (obligar a la prensa y a los parlamentos nacionales a debatir las comunicaciones europeas, por ejemplo).

Otra medida sería fomentar una lengua común, que en el caso de Europa, debería tratarse indudablemente del inglés. Esto permitiría a los europeos llevar a cabo un proceso de decisión político único a nivel europeo, con unos medios de comunicación comunes y un parlamento común.

3 Aumentar los recursos de legitimación de las instituciones europeas:

Las instituciones europeas deben ser capaces de legitimar su acción. Permitir a los miembros de las instituciones, por ejemplo, comparecer ante los parlamentos nacionales, les permitiría justificarse a nivel nacional. Obligar a debatir las decisiones europeas en el entorno nacional reduciría la indefensión de la Unión ante las oligarquías políticas nacionales ya que les otorgaría una capacidad de defensa. En este sentido, sería deseable incrementar los vínculos entre los parlamentarios nacionales y los parlamentarios europeos.

Una palabra de prudencia es necesaria. Lo que caracteriza a un equilibrio de Nash, como lo es un equilibrio institucional, es el hecho de que está sostenido por las expectativas de la acción de los individuos. Las instituciones se adaptan las unas a las otras y se autorrefuerzan. Una de las razones por las que la Unión ha fracasado en su intento de aumentar su legitimidad es que sólo ha intentado hacerlo mediante la reducción de los costes de la participación. Se ha aumentado la transparencia y simplificado el proceso de decisión a nivel europeo y sin embargo, para sorpresa de muchos autores, la Unión sigue siendo cada vez más impopular, y la participación no ha aumentado. La razón de este fracaso es, no sólo lo modesto de las reformas en este campo (aún siendo más transparentes, el proceso de decisión sigue siendo rebuscado y las culturas políticas, divergentes) sino también que se han descuidado las otras dos direcciones: aumentar los recursos de legitimación de las instituciones e incrementar el beneficio de participar. Sólo combinando las sinergias de estos tres aspectos es posible continuar construyendo Europa como genuino proyecto nacional.

El institucionalismo histórico nos da también algunas pistas para la forma y el ritmo en que debe hacerse este proceso. En la medida en que el equilibrio institucional nacionalista todavía subsiste (los pueblos europeos tienen no se sienten europeos sino de su país concreto) el progreso hacia un nuevo equilibrio debe ser lento y acompasado. Mientras que aumentar las competencias de la unión o reforzar los recursos de legitimación de las autoridades europeas es solo una cuestión legislativa, empezar a adaptar nuestro sistema educativo a la forja de una cultura política europea, enseñar una lengua común, una historia y un conjunto de tópicos políticos comunes hasta que esto se transforme en una único cultura europea, es un proceso lento y relativamente largo.

El hecho queda, sin embargo, que las medidas necesarias para progresar en esta dirección no se están tomando. Una primera medida de transformación sería, como se ha sugerido más arriba, combinar un aumento modesto de competencias en política exterior con una legislación que obligue a la prensa y parlamentos nacionales a discutir sobre el asunto. Si el debate se llevara a cabo en el parlamento europeo, y esto fuera retransmitido por los medios europeos, esto llevaría a un verdadero proceso de decisión europeo.

Las lecciones para el futuro que podemos aprender del institucionalismo histórico son varias. La primera es que las naciones son sólo alineaciones de incentivos bajo la forma de equilibrios de Nash. Esto significa que no hay una entidad metafísica subyacente que sea necesaria e inevitable para la existencia de un Estado nación. Es suficiente, al contrario, con que haya incentivos suficientes para que esto surja.

La segunda lección es la que concierne al rol de los hombres en la construcción de Europa. Somos los ciudadanos europeos los que construimos Europa. La construcción nacional depende de nosotros, las naciones se asientan sobre la voluntad común y no sobre el pasado. Los mecanismos de ingeniería institucional pueden y deben modificar la situación. El advenimiento o fracaso de los Estados Unidos de Europa no es por tanto una cuestión de fatalidad histórica, no es una cuestión predeterminada: corresponde a los europeos, con nuestra responsabilidad moral, hacerlo posible o no. Más concretamente, somos los federalistas los que debemos esforzarnos por militar a favor de los Estados Unidos de Europa, como ya hicieran los federalistas americanos, explicando sus ventajas y señalando los mecanismos de su posibilidad.

“Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.”

Estas palabras de Robert Schuman fueron pronunciadas hace 57 años. Desde entonces, la progresiva creación de la Unión Europea ha traído a Europa paz, prosperidad, y desarrollo.

Los logros que hace medio siglo hubieran sido considerados imposibles ya se han conseguido. Europa cuenta con una moneda común, un parlamento común, un derecho común y unas instituciones comunes, todo ello sin renunciar a las identidades y tradiciones diversas de sus Estados Miembros.

Europa ya cuenta de facto con todos los poderes y funciones de un Estado Federal, pero sin el control ciudadano de un Estado democrático. Ha llegado la hora de que los ciudadanos legitimen las instituciones de Europa mediante una Constitución, no un tratado internacional.

Por lo tanto, proponemos una nueva Constitución europea que

1. Sea redactada por una asamblea constitucional del Parlamento Europeo elegida a tal efecto en sufragio universal.
2. Reconozca la soberanía única del pueblo Europeo en un preámbulo que comience “Nosotros, el pueblo de Europa”, y reconozca los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión.
3. Otorgue el poder legislativo a un Parlamento Europeo bicameral compuesto respectivamente por los representantes de los ciudadanos y los Estados, ambos elegidos por el pueblo de forma directa.
4. Establezca una Comisión Europea a la que se le otorgue el poder ejecutivo de la Unión, y cuyo líder, el Presidente de la Unión Europea, sea elegido por el pueblo de forma directa.
5. Regule las relaciones entre los Estados y la Unión y entre los Estados, así como los poderes de los Estados y sus límites.
6. Establezca disposiciones para su modificación, adhesión de nuevos miembros, y asociación con otros Estados independientes.
7. Sea ratificada por referéndum simultáneo en todos los Estados de la Unión.

Conscientes de que aún pueden quedar muchos pasos por dar hasta conseguir el consenso para una nueva Constitución, pedimos a los líderes europeos que den pasos para alcanzar este noble objetivo. Y hasta el momento en que una nueva Constitución pueda ser aprobada para Europa solicitamos:

1. Un nuevo tratado europeo que consagre de forma concisa los aspectos básicos de la organización de Europa en la que todos los Estados Miembros estén de acuerdo.
2. Que este nuevo tratado profundice en la democratización de la Unión Europea mediante la separación de poderes y el control ciudadano de las instituciones.
3. Que se den pasos para la creación definitiva de la Europa política y la redacción de una auténtica Constitución.
4. Que puesto que sólo los ciudadanos pueden dotarse así mismos de una Constitución, cualquier nuevo tratado entre los Estados Miembros renuncie a denominarse con ese título.

En Madrid, 9 de Mayo de 2007.

Si por algo se caracterizó la historia de Europa desde la caída del Imperio Romano fue por las numerosas y sangrientas guerras que se han luchado entre los estados europeos. Las luchas entre los señores de la guerra de la Alta Edad Media fueron tan numerosas que escapan al recuento de los historiadores. La Guerra de los Cien Años devastó el continente de 1337 a 1453. En Inglaterra, de 1455 a 1485 la Guerra de las Dos Rosas asoló el país. Las Guerras Italianas, las guerras de religión, y la Guerra de los Treinta años marcaron los Siglos XVI y XVII. El XVIII padeció las Guerras del Norte (1700-1721), la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la Revolución Francesa y las guerras que trajo consigo (1792-1802). El XIX se vio marcado por las Guerras Napoleónicas (1805-1815), y en su segunda mitad por la Guerra de los Ducados, la Guerra Austro-Prusiana y la Guerra Franco Prusiana. El Siglo XX vivió dos sangrientas guerras mundiales que prácticamente destruyeron el continente y dejaron en total 80 millones de muertos. Y en esta lista sólo hemos mencionado las más terribles y conocidas, dejando de lado los conflictos y batallas menores que se sucedieron en Europa en todos estos siglos, y que sería imposible listar en su totalidad.

Vemos por tanto que a lo largo de la Historia, la paz ha sido para Europa no una norma sino una excepción. Sin embargo, las actuales generaciones europeas desconocen lo que es vivir una guerra: desde 1945 no ha habido ningún conflicto bélico entre las grandes potencias de Europa, y en realidad, con la excepción de Yugoslavia, no ha habido ninguna guerra entre países europeos. Esta anomalía histórica que es la paz en Europa debe atribuirse sin duda al proceso de formación de la Unión Europea que arrancó después de la II Guerra Mundial. Así como la Organización de las Naciones Unidas, por su debilidad e insuficiencia, ha sido incapaz de mantener la paz mundial en este tiempo, la Unión Europea, con las diversas denominaciones que ido teniendo, tiene su principal éxito en el mantenimiento de la paz en el viejo continente. Una paz que no ha venido impuesta por la fuerza de un poder arbitral, sino que es consecuencia del reforzamiento de las relaciones de interdependencia entre las naciones de Europa, haciendo que la paz sea beneficiosa tanto para todos individualmente como para el conjunto. Medio siglo de paz en Europa es un hecho que conviene remarcar. Sólo por este motivo la Unión demuestra ser beneficiosa para los ciudadanos.

Pero hay otros motivos: hablaremos ahora de la prosperidad económica que ha traído la Unión a Europa. El área de libre comercio europea ha supuesto que cientos de empresas de todo tipo y condición puedan ejercer su actividad en cualquier parte de la Unión, desde un gran banco que abre sedes en Francia, Alemania y Reino Unido, o una pequeña zapatería que compra sus productos en Italia para venderlos en España sin necesidad de pagar aranceles. La libre circulación de personas permite a los ciudadanos de Europa trasladarse a otro Estado sin aduanas ni papeleos, con lo que un abogado o un economista, por ejemplo, pueden ejercer su actividad en cualquier país de la Unión sin necesidad de obtener un permiso de residencia, un contrato de trabajo, etc. El resultado: mejores oportunidades para los ciudadanos europeos y mayor competitividad para la economía de la Unión.

El Euro, nuestra moneda única, no sólo ha evitado las engorrosas trabas del ciudadano de a pie a la hora de realizar viajes turísticos por Europa, sino que además ha hecho desparecer los costes asociados al cambio de divisas, estabilizando y simplificando el comercio interior europeo. Para las grandes empresas esto supone una considerable ventaja. Para las pequeñas y medianas empresas puede significar la diferencia entre beneficios y pérdidas.

La política económica de la Unión Europea, fundamentalmente los fondos de cohesión y el pacto de estabilidad, ha ayudado a países más pobres como España, Portugal o Grecia a equiparar sus rentas a la de las grandes potencias económicas europeas. Sin embargo, este proceso de armonización no se ha producido mediante una “redistribución” drástica de las rentas de los países ricos hacia los países pobres en un juego de suma cero. Todo lo contrario, con la convergencia económica todos han ganado: los países pobres han recibido no sólo los fondos de cohesión sino las inversiones de los otros países que han ayudado a desarrollar su economía; los países ricos han encontrado mercados donde vender sus productos con facilidad e instalar sus empresas en condiciones mucho más favorables que en sus propios territorios.

Tampoco debemos olvidar los beneficios sociales y culturales traídos por la apertura de fronteras. Los nacionalistas se oponen a los procesos de integración como el europeo porque temen que se pierda la “esencia” o la “pureza” de los caracteres étnicos y culturales de los distintos grupos históricos. A esta visión cerrada y restrictiva se opone un hecho cierto: que las culturas que se estancan están condenadas a la desaparición, y que el desarrollo de las mismas se potencia cuando éstas entran contacto con otras distintas, tomando de las últimas los elementos que crean convenientes o beneficiosas, igual que los idiomas se enriquecen mediante el préstamo y la posterior adaptación de palabras extranjeras.

Las diferencias culturales entre los países europeos son de poca importancia, puesto que todos provenimos de la misma tradición histórica que hemos dado en llamar “Occidente”. Sin embargo, incluso entidades culturales tan parecidas entre sí pueden aprender las unas de las otras para beneficio de todos. Por fortuna los británicos, españoles, italianos, alemanes, etc., somos cada vez más europeos, con todo lo que ello significa en términos de prosperidad y riqueza cultural.

Las entidades políticas justifican su existencia cuando son útiles a los ciudadanos y proporcionan un marco adecuado para que éstos desarrollen sus vidas. La Unión Europea ha traído beneficios políticos, económicos y culturales a sus ciudadanos que hacen que merezca la pena no sólo conservarla sino avanzar aún más en la creación de una Europa Federal, que incorpore las ventajas y reduzca los defectos del actual modelo.

Hace 220 años, trece antiguas colonias inglesas que recientemente habían obtenido su independencia debatían la conveniencia de mantenerse como estados independientes, crear una confederación o dotarse de una constitución federal. En 1777 y 1778, James Madison, John Jay y Alexander Hamilton publicaron, bajo el seudónimo de Publius, homenaje a Publio Valerio Publicola, primer cónsul de la República Romana (junto con Lucio Junio Bruto), una serie de artículos denominados Federalist Papers, y más tarde recopilados en The Federalist (El Federalista), cuyo objetivo era defender la recientemente redactada Constitución Federal de los Estados Unidos de América, desde entonces en vigor.

Más de dos siglos más tarde, los Estados de Europa se encuentran en una situación ciertamente diferente, pero cuya importancia histórica es igual de crucial: la culminación del largo proceso de construcción europeo. Tras el fracaso de la Constitución-Tratado, los autores de este blog, que también firmaremos ocultos bajo el nombre de Publius, apostamos por una nueva Europa, legitimada por el pueblo y no por la firma de tratados internacionales, realmente democrática y que funcione bajo el marco de una auténtica constitución: una constitución federal.

Doscientos años después podríamos suscribir palabra por palabra lo que dijeron nuestros predecesores:

Me propongo discutir en una serie de artículos los siguientes interesantes puntos: la utilidad de la UNION FEDERAL para vuestra prosperidad política. La insuficiencia de la presente Confederación para conservar esa Unión. La necesidad de un gobierno tan enérgico por lo menos como el propuesto para obtener este fin. La conformidad de la Constitución propuesta con los verdaderos principios del gobierno republicano. Su analogía con la constitución de vuestro propio Estado. Y, finalmente, la seguridad suplementaria que su adopción prestará para salvaguardar esa especie de gobierno, para la libertad y la propiedad.

Este blog será nuestra humilde aportación, a la que podrá sumarse todo el que así lo desee, a la tarea de convencer a los ciudadanos de Europa de la necesidad y las ventajas de una Europa federal, y quizás, el primer paso en el deseo último de todo federalista: el camino hacia una federación mundial.