En estos momentos en los que estamos viviendo una importante desaceleración del crecimiento, un significativo ajuste económico y una severa crisis financiera mundial, los poderes públicos están proponiendo y adoptando un conjunto de medidas, al que se le suele llamar en términos coloquiales “plan de choque” , para intentar salir de la situación y “reactivar” la economía.

De entrada diré que, en mi opinión, por muchos planes que se hagan el ajuste es inevitable; hemos estado creciendo ininterrumpidamente durante más de una década y ahora vienen tiempos de corrección. Además, parece que el ajuste puede ser más brusco de lo que esperaban algunos analistas. En este sentido, no se debe olvidar que por parte del BCE se ha llevado a cabo una política monetaria expansiva en virtud de la cual hemos llegado a tener tipos de interés reales negativos, lo que conlleva decisiones desproporcionadas por parte de los agentes económicos así como incrementos excesivos del valor de los activos. Por tanto, entiendo que estos planes de choque, como mucho, pueden suavizar los efectos de la desaceleración pero en ningún caso “reactivar” el crecimiento. Y más aún cuando la crisis es internacional.

Es por ello que se debe llamar la atención sobre los efectos perniciosos que podrían conllevar tales planes, sobretodo cuando se incurre en un excesivo incremento del gasto público. Concretamente, me gustaría hacer referencia al denominado efecto expulsión o crowding out que supone una reducción de la actividad económica privada a consecuencia de una política fiscal expansiva. Esto es así porque el Estado debe financiar el incremento del gasto público acudiendo al mercado de dinero, aumentando la demanda del mismo, lo que supone un incremento su precio, es decir, de los tipos de interés.

Además, en etapas de desaceleración los ingresos públicos suelen disminuir con lo que, si las administraciones públicas aumentan el gasto, nos encontraremos con un serio riesgo de incurrir en déficit público que, al final, debe ser financiado mediante impuestos lo que conllevará más expulsión de actividad privada.

Así pues, estimo que no se debería emplear el dinero público en facilitar ayudas a empresas inviables y sin futuro alguno porque ello sólo alargaría la agonía de las mismas. Lo mismo se puede decir de la tentación de utilizar institutos de crédito públicos para sostener determinados sectores que necesariamente deben sanearse. Tampoco me parece bien que ahora se incrementen sustancialmente el empleo público y el gasto social o que se elaboren planes de dinamización o de impulso, si ello supone asumir que el Estado debe ser el motor de la economía. En este sentido, considero un error que tanto el Estado como las autonomías estén prometiendo más inversión en vivienda protegida y que, además, nos vendan esta medida como la receta para salvar al sector de la construcción, cuando tenemos un exceso de oferta de viviendas y los precios de la mismas se están desplomando.

Considero que, como mucho, las medidas de gasto público deberían ser limitadas y orientarse a actuaciones que generen, a medio y largo plazo, externalidades positivas, como podrían ser las ayudas a la iniciativa privada en la inversión en I+D+i o el adelanto de la construcción de algunas infraestructuras ya previstas. Emplear dinero público en la creación de Centros de Investigación Tecnológica, colaborar en la construcción de Parques Tecnológicos o adelantar unos meses la llegada de la alta velocidad a una zona en la que esa actuación estaba prevista podría suavizar o aliviar un poco la situación. Si son muy limitadas y no se compromete la estabilidad presupuestaria, las citadas medidas tendrán un efecto expulsión pequeño, sobretodo si se compensa con una reducción de otros gastos públicos, a la cual me referiré con posterioridad. Buscar externalidades positivas es una cosa y otra bien distinta es intentar sustituir a la actividad privada artificialmente.

Pero, es más, junto a estas medidas limitadas mencionadas anteriormente creo que habría que empezar a eliminar una serie de gastos públicos que aportan muy poco y que son un lastre para la Hacienda Pública y para la economía en general. Si, por ejemplo, revisamos una a una las subvenciones que se conceden por parte de todas las administraciones públicas españolas vemos como se destinan una cantidad enorme de recursos a financiar actividades absolutamente irrelevantes; puede que ahora sea el momento para revisar esto. Lo mismo se podría decir respecto a las televisiones públicas, cuya privatización me parece más que razonable.

Llegados a este punto, creo que los gobernantes deben centrarse en preparar a la economía para el futuro. Entiendo que tienen la obligación de pensar en el medio y largo plazo, para lo cual deben realizar políticas de oferta que afecten a los elementos reales de la economía. Si, además, con ello se contribuye a suavizar la coyuntura actual, mucho mejor. En este sentido, se deben abordar las reformas pendientes de las que se habla mucho pero que nunca se realizan. Creo que ahora es el momento idóneo para abordarlas si queremos lograr una economía competitiva. No voy a profundizar sobre cada una de las reformas, pero citaré algunas que me parecen necesarias, aunque sea a modo de recordatorio: flexibilizar el mercado laboral y modificar el actual sistema de negociación colectiva, rebajar el Impuesto sobre Sociedades, reformar el sistema universitario para ligar la investigación con las necesidades reales de la empresa privada, cambiar la formación profesional, abordar la liberalización comercial (de horarios y establecimiento), levantar paulatinamente la moratoria nuclear y potenciar las energías alternativas, liberalizar el suelo, continuar con la construcción de infraestructuras y realizar políticas que fomenten la inversión privada en I+D+i.