El proceso de Convergencia Europea en materia de educación, también conocido como Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como veremos, supone una transformación radical, revolucionaria, de lo que hasta ahora venía siendo la universidad. Me propongo mostrar cómo tal gigantesco cambio no responde, en absoluto, a una necesidad interna de la propia institución universitaria, considerada aisladamente, sino que se enmarca en un proceso que se está desarrollando a nivel global, y de una manera determinada en la Unión Europea. No me refiero solamente al proceso de “globalización” considerado abstractamente, que se manifiesta en Europa en la construcción de instituciones políticas comunes. En efecto, el cambio que se está produciendo en la Universidad Europea no es simplemente el de una unificación u homologación entre los distintos sistemas educativos, una transición hacia un “término medio”, sino la creación de un nuevo modelo de universidad. Creo es importante resaltar este carácter “exógeno” del proceso, este responder a necesidades externas, sobre todo para no confundir esta “revolución educativa” con otras que se han producido a lo largo de la historia. Durante la Segunda República en España, en los años 60 en Europa, si que ha habido movimientos de renovación en las universidades, impulsados por profesores y alumnos. Podremos valorarlos de una manera u otra, pero está claro que respondían a intereses y necesidades propios de la universidad. No es el caso de este proceso, que si bien intenta venderse en algunos casos como solución a los numerosos padecimientos de nuestra universidad, es curiosamente desconocida para la práctica totalidad de los miembros de la comunidad universitaria. El absoluto secretismo con que desde las altas instancias se está desarrollando este proceso desmiente tajantemente la idea de que el modelo hacia el que caminamos es el que la universidad efectivamente necesita.
Como he dicho, el proceso se enmarca en un marco de cambio más amplio, que responde a directrices en ningún caso académicas, sino más bien económicas. Creo que este nuevo modelo hacia el que caminamos responde a los propósitos de transformación de Europa que en 1999 se marcaron los ministros en Lisboa. Veamos cuales son estos objetivos.

“La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Obtener dicho objetivo requiere una estrategia global dirigida a:
-preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y de I + D, así como mediante la aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la culminación del mercado interior;
-modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social;
-mantener las sólidas perspectivas económicas y las expectativas favorables de crecimiento mediante la aplicación de un conjunto de medidas políticas macroeconómicas adecuadas.”

Conviene resaltar que es en este documento donde por primera vez aparece sancionada la noción de “sociedad del conocimiento”, noción que indica, en general, la creciente importancia que en esta sociedad cobra el saber técnico-científico, y por otro, su novedosa capacidad de “ser rentable”. Capacidad, que si bien ya estaba presente en otras épocas, cobra en esta “sociedad del conocimiento” un papel central. Sólo así puede concebirse la idea de una “economía basada en el conocimiento”, del mismo modo que puede haber economías basadas en el petróleo o en el negocio inmobiliario. El conocimiento se convierte en una valiosa mercancía, capaz de generar riqueza y de impulsar el crecimiento económico de la Unión.
Pero volvamos a la simple idea de “lograr la economía más competitiva del mundo”. A nadie se le escapa que para ello es necesario entre otras cosas obtener el máximo crecimiento y creación de riqueza, objetivo que pasa ineludiblemente por dos procesos. En primer lugar, reducir al máximo el gasto público, que tiende a sustituirse por negocio privado. Y en segundo lugar, asegurarse que el dinero que se gaste desde la Administración Pública se invierta de la manera que contribuya lo máximo posible al crecimiento económico. Ambos procesos se manifiestan claramente en las nuevas políticas educativas que enfrentamos, con las consecuencias que veremos.

Hagamos para ello un somero repaso del proceso de creación, a nivel oficial, de esta nueva universidad. En 1999 se firma la declaración de Bolonia, que da nombre al proceso y define algunos de sus aspectos fundamentales. Veamos algunos de los objetivos que se proponen los ministros de Educación.

“-Adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables, por medio, entre otras medidas, del suplemento europeo al título, a fin de promover la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad del sistema de enseñanza superior europeo a escala internacional.
-Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, pregrado y grado. El acceso al segundo ciclo requerirá que los estudios de primer ciclo se hayan completado, con éxito, en un periodo mínimo de tres años. El diploma obtenido después del primer ciclo será también considerado en el mercado laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. (…)
-El establecimiento de un sistema de créditos - similar al sistema de ECTS - como medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior, incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por las Universidades receptoras involucradas. (…)”

Otros objetivos son la promoción de la movilidad de estudiantes y profesores, y de la cooperación entre las distintas universidades. Estos objetivos serán desarrollados y ampliados en sucesivas reuniones de ministros, como la de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005). Es importante destacar que la Unión Europea no tiene competencias en materia de educación, por lo que estas declaraciones sólo tienen valor normativo en la medida en que sus principios sean recogidos en las leyes estatales de los países miembros. Concretamente, en el Estado Español se empieza a legislar en la LOU (Ley Orgánica de Universidades), que en el Título XIII abría el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior en España. A partir de ahí, 6 Reales Decretos irán desarrollando los distintos aspectos que vienen marcados en la Declaración de Bolonia: Adopción del Suplemento Europeo al Título, de los Créditos ECTS, y de un sistema basado en dos ciclos.

Veamos algunas de las implicaciones de los aspectos principales de este proceso de construcción. Lo más importante, y que obliga a la transformación de las carreras de una manera más tajante, es la implantación del sistema de dos ciclos, que obliga a reelaborar todos los programas de las distintas titulaciones vigentes.

El primer ciclo (Grado), como viene ya establecido en la Declaración de Bolonia, tiene que habilitar al graduado para acceder directamente al mercado laboral europeo. En España este ciclo va a tener una duración de cuatro años, el último de los cuales consistirá, según hemos sabido últimamente, en la realización de prácticas en empresas u otras instituciones, o bien en la realización de “trabajos académicamente dirigidos”. De modo que la formación “teórica” queda relegada a los tres primeros años. Al presentar las nuevas titulaciones, las universidades deberán especificar “el perfil profesional asociado al título” y la “relevancia del título para el desarrollo del conocimiento y para el mercado laboral español y europeo”. De modo que, en esos tres años de formación teórica, las facultades deberán asegurarse de impartir los suficientes contenidos prácticos para habilitar para una actividad profesional. Conviene resaltar que las autoridades han manifestado su expectativa de que sólo un 30% de los estudiantes accedan al segundo ciclo, que está destinado a ofrecer una formación especializada, de la que luego hablaremos. Esto quiere decir que, en general, la formación de un universitario pasará de los cinco años de la actual licenciatura a los cuatro años del grado. Es evidente por tanto que el nivel de estos nuevos graduados será notablemente inferior a la de los actuales licenciados.
No es difícil establecer la conexión entre esta reestructuración y los procesos destinados a obtener la economía más competitiva del mundo que antes hemos expuesto. Reducir los años de educación financiados por el Estado, acelerando el proceso de incorporación de los estudiantes al mercado laboral, constituirá, sin lugar a dudas un magnífico empujón al crecimiento económico de la Unión. Los actuales cinco años de licenciatura, vistos desde esa óptica, no dejan de ser un excesivo gasto público que no necesariamente se ve rentabilizado en su totalidad. Hablamos desde luego de rentabilidad en sentido económico, y no como beneficio “personal”, “humano”, o cultural”.

Pero aparte de la reducción del tiempo de estudio, son varios los aspectos en los que esta nueva titulación atiende a las exigencias de la competitividad y la rentabilidad económica, expresada hace ya tiempo por la patronal. Así, la formación profesional que el Grado ha de ofrecer se enfocará de una manera muy distinta a como se había hecho hasta ahora. Frente a la adquisición de conocimientos teóricos que caracterizaban al anterior sistema educativo, la nueva universidad debe estar enfocada a la adquisición de “habilidades y competencias” tal como viene establecido en el Informe Tuning .

No es desde luego casual que ya en 1970, se pudieron escuchar las siguientes opiniones en las reuniones anuales de la patronal francesa dedicadas a formación:

“Tenemos necesidad, cada vez mas, de hombres enérgicos y de hombres prácticos, mucho más que de hombres sabios (…). Hemos insistido mucho para que las enseñanzas de método estén por encima de las enseñanzas de conocimiento. Añadiré también que debemos juzgar, en la escala de la remuneración a los hombres por su valor y no por sus títulos”

Efectivamente a nadie sorprende que para el empresario sea mucho más valiosa la capacidad de trabajar que los conocimientos adquiridos en una carrera, que no necesariamente tienen que ser aplicados en el contexto de la vida laboral. Lo grave es la asunción de esta idea como principio rector de la universidad, dejando de lado las funciones de transmisión y generación de conocimientos, que se supone le pertenecían de suyo.
Hay otra razón muy clara por la que el nuevo sistema de habilidades y competencias conviene especialmente al empresario, y favorece por tanto el crecimiento económico. La calificación por habilidades y competencias es mucho más flexible que la de las anteriores titulaciones. Se pretende que, en el título de un graduado, no aparezca la mera mención de un título, que le equipara así al resto de los titulados, sino una lista de las distintas habilidades que ha adquirido en sus estudios. Lista que sería distinta para cada trabajador. Este sistema echa por tierra la posibilidad de negociaciones de convenios colectivos basados en la titulación de los trabajadores. Cuando cada trabajador tiene una cualificación distinta, se ve obligado a negociar individualmente sus condiciones de trabajo. Esta individualización de las relaciones laborales es clave para entender el creciente fenómeno de la precariedad en el empleo.
Por otra parte, la idea de “formación a lo largo de la vida”, que hemos visto recogida en la declaración de Bolonia, es también una aspiración histórica de la patronal, que venía reclamándola durante décadas sin éxito. En efecto, reducir la permanencia en centros de estudio, entretejiendo formación con actividad laboral, conlleva enormes beneficios para los empresarios. Adelanta la incorporación al mercado laboral, favorece el amoldamiento de la formación del trabajador a las exigencias de la empresa, y aumenta la posibilidad de “contratos de prácticas” y becas de colaboración financiadas por el Estado; figuras que, bajo la excusa de la formación, permiten a las empresas dotarse de fuerza de trabajo a muy bajo coste.

Sobre los contratos de prácticas, cabe destacar que, atendiendo a las últimas noticias provenientes del ministerio, el cuarto año de Grado podrá ser realizado en prácticas en empresas no remuneradas. Fantástica noticia para los empresarios, que tendrán un ejército de trabajadores “gratis”, con el consiguiente abaratamiento de la fuerza de trabajo.

La idea de que el graduado debe tener ya cierta experiencia laboral es, si bien perversa, consecuencia lógica de los principios sobre los que se funda esta reforma. Si devaluamos la adquisición de conocimientos, relegamos el saber teórico a un segundo plano frente a la adquisición de competencias y en definitiva convertimos la enseñanza en un “aprender a trabajar” es natural que esto sólo pueda lograrse mediante trabajo efectivo. Pretender “enseñar a trabajar” en una clase conduce al absurdo teórico del “aprender a aprender”, noción vacía de contenido aunque alegremente reivindicada por los pedagogos, que conduce a la destrucción absoluta de la institución y la función universitaria. La única manera de “aprender a aprender” es aprendiendo, no pedagogía, sino contenidos teórico sustantivos que en la práctica, nos abren las miras y nos dan una base sólida sobre la que construir nuevos conocimientos. Pero si lo único que valoran las empresas es la capacidad de trabajar, lo que realmente quieren es trabajadores con experiencia, y parece que eso es lo que tiene que dar la universidad a partir de ahora. Así, el recién graduado podrá incluir en su currículum su primera línea de experiencia laboral, ganando quizás así algo en la feroz competencia entre trabajadores a la que las condiciones estructurales nos obligan.

Resta hablar del posgrado, titulación como hemos visto destinada a formar a especialistas, académicos e investigadores. Funciones todas ellas que no tienen porque pertenecer más que a un pequeño sector de la ciudadanía, o mejor dicho, de los trabajadores. Así, el acceso del 30% de los estudiantes se verá asegurado por las elevadas tasas que se están estableciendo, de entre 1200 y 2000 euros, lo que supone un subida del 400% respecto a las actuales. La creación de estos posgrados facilita además la creación de nuevas ofertas de educación privada. Hace años ya que universidades privadas e institutos de empresa vienen ofertando másteres de elevado precio, que se hacen cada vez más imprescindibles para acceder al mercado laboral. Con la implantación del posgrado (compuesto de máster y doctorado) como titulación universitaria independiente, se abre la veda para que estas instituciones privadas oferten los suyos propios, favoreciendo así la elitización de la enseñanza y la fragmentación del mercado laboral.