Los Estados como el nuestro no tienen un Senado como el nuestro: Alemania, Austria, Bélgica, Australia, Estados Unidos. Países descentralizados, donde los ciudadanos, como aquí, no eligen sólo a un gobierno nacional, sino a su ejecutivo regional que, también como aquí, tiene en su poder los asuntos que interesan más a la gente. La educación, la sanidad, la agricultura, la protección del medio ambiente, la promoción de empresas, las ayudas sociales, son los poderes - competencias, decimos entre nosotros-, de los gobiernos de los Estados compuestos como España.

En esos Estados también con parlamentos y gobiernos regionales, el Senado no es una Cámara que repite las discusiones de la otra Cámara, abordando los mismos asuntos, y con el mismo y previsible resultado en las votaciones como sucede aquí. Lo lógico es que el Senado sirva para que las Comunidades Autónomas participen a través suyo, en aquellos asuntos estatales que son competencia del parlamento nacional. Por ejemplo, en España, ¿cómo participan las Comunidades Autónomas en el control de los ministros, en la enmienda de las leyes, en la distribución del dinero de los presupuestos estatales o en los nombramientos de jueces constitucionales y otras autoridades que realizamos en el Congreso y en el Senado? Las Comunidades no participan como en Austria o Alemania a través del Senado, sino que en España participan mediante el cauce de los partidos políticos.

En mi opinión ese cauce está muy fatigado y es contraproducente seguir usándolo en exclusiva para que el Estado Autonómico funcione sin tensiones y sin distorsiones. Es ir contra la realidad democrática y territorial de España pretender, como frecuentemente hace el Gobierno actual, que todos los Presidentes del PP digan y hagan lo mismo que se decide en la calle Génova (sede central del PP), o que los del PSOE sean una mera transmisión de las decisiones adoptadas en la calle Ferraz (sede central del PSOE). Un Gobierno autonómico no responde ante su partido, sino ante su parlamento y sus ciudadanos. El Estado de las Autonomías no es un Estado de supergobernadores civiles nombrados desde el poder central. Por lo tanto, las tensiones, discrepancias y tensiones del Estado Autonómico deberían canalizarse y resolverse como en esos Estados descentralizados como el nuestro: votando en el Senado. La situación actual es paradójica. Como todo depende de acuerdos o pactos entre partidos, la Cámara territorial es el Congreso de los Diputados. Sólo que en estas circunstancias, la representación territorial no es igual para todas las Autonomías. Aquéllas que están gobernadas por partidos nacionalistas que tienen representación en el Congreso tienen una, aparente o real, ventaja frente a las que están gobernadas por el PP o el PSOE. De este modo, se concede una prima a los nacionalistas, de la que luego nos quejamos, y la confrontación entre partidos acaba traduciéndose en confrontación entre regiones o de regiones contra España. Es evidente que dejar al Senado hoy como era en 1978, cuando no existía ninguna Comunidad Autónoma, sólo interesa a los partidos que se presentan como salvadores de la patria. Con toda nuestra experiencia, deberíamos preferir reformar el Senado para dialogar.

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Juan José Laborda es Portavoz del Grupo Socialista en el Senado y ha sido presidente de la Cámara Alta (1989-1996).